El nuevo presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha cargado este jueves contra la infrafinanciación y el déficit crónico que sufre Cataluña desde hace décadas por parte del estado. En este sentido, ha asegurado que el sistema está ahogando la “gallina de los huevos de oro”. A la vez, Santacreu ha asegurado que dentro del sistema de financiación del estado tiene que haber un grado de solidaridad entre territorios, pero ha añadido que todo tiene un límite. A la vez, el presidente de la corporación ha comentado que el nivel de recursos que aportan Cataluña y otras comunidades es del todo excesivo en comparación con los recursos que reciben a posterior.
Es por eso que ha reclamado a las administraciones que pacten un nuevo “marco razonable” de financiación, puesto que la actual pose en riesgo la competitividad de Cataluña a todos los niveles. “No puede ser que no se deje crecer” uno de los territorios con más potencial del estado, ha sentenciado Santacreu.
En esta línea, Santacreu ha explicado que “haría falta pasar de un modelo muy descentralizado en los gastos y muy centralizado en los ingresos, hacia un modelo que permitiera a aquellas comunidades que lo deseen asumir un grado superior de responsabilidad fiscal”. A la vez, ha reclamado que aquellos territorios que más aporten a las arcas del estado sean los que más gastada concentren, defendiendo que si Cataluña tuviera más capacidad fiscal, tendría más margen de gasto.
El sistema de financiación penaliza Cataluña
Santacreu ha hecho estas declaraciones durante la presentación de un informe que analiza el impacto de la infrafinanciación de Cataluña en ámbitos clave que afectan la competitividad de las empresas y al bienestar de las personas. El informe en cuestión, asegura que, en efecto, Cataluña sufre un déficit crónico de financiación por parte el Estado, que se demuestra con el desequilibrio entre la capacidad fiscal del país y los recursos percibidos por el actual modelo de financiación autonómica. En concreto, Cataluña ocupa la 4.ª posición en términos de PIB per cápita, pero baja a la 10.ª en recursos percibidos del sistema (mesa).
El estudio asegura que la diferencia entre la posición en PIB per cápita y los recursos percibidos vulnera el principio de ordinalidad, puesto que la redistribución interterritorial de recursos hace que una comunidad como Cataluña, que aporta por encima de la media, reciba menos recursos per cápita que una comunidad que aporta menos ingresos per cápita al sistema.
Este fenómeno provoca que la capacidad de generar renta y riqueza de Cataluña no se traduzca proporcionalmente en bienestar efectivo para la población. A la vez, este hecho contrasta con otras comunidades autónomas con menos capacidad de generación de ingresos que Cataluña, que al final de todo el proceso sí que pueden lograr una mejor posición de bienestar social, gracias a un sistema de redistribución de los recursos que las beneficia y, a la vez, penaliza Cataluña.
Impacto en la competitividad de las empresas
El primer ámbito a considerar en cuanto al impacto económico de la infrafinanciación de Cataluña en la competitividad es el déficit en inversión. En este sentido, la corporación se ha centrado en tres puntos. En primer lugar, la inversión total del conjunto del sector público en Cataluña del PIB ha estado sistemáticamente inferior a la del núcleo europeo y la de España en el periodo 2015-2021. Así, en términos de PIB, el déficit mediano anual en inversión pública total ejecutada en Cataluña sería de unos 3.400 millones de euros, que equivale al 1,5% del PIB catalán si se toma como referencia el esfuerzo inversor de los principales países de la UE, o de 2.300 millones si el criterio es España.
En segundo lugar, la cámara ha apuntado a la inversión total del sector público central en Cataluña, que entre el 2015 y el 2012 ha recibido el 10,7% de la inversión total regionalizada. Esto quiere decir que el grado de inversión del estado ha estado persistentemente por debajo del peso poblacional (16,2%) y económico (19,0%) de Cataluña. En cambio, la inversión pública mediana del Estado ejecutada a la Comunidad de Madrid (16,6% del total) durante el mismo periodo se sitúa por encima de su población (14,0%), pero todavía es inferior a su contribución económica (19,3%).
Si Cataluña hubiera recibido del sector público central un volumen de inversión proporcional a su peso económico durante este periodo, cada año la inversión recibida mediana habría sido unos 1.400 millones superior. De hecho, este déficit de inversión del Estado en Cataluña se explica, en gran medida, por el persistente bajo grado de ejecución, especialmente el último año, cuando solo se ejecutó el 35% del que se había prometido en los presupuestos. En la Comunidad de Madrid, en cambio, el grado de ejecución los últimos años se sitúa siempre por encima del 100%. Si el sector público central hubiera cumplido con el presupuesto previsto durante el periodo 2015-2018 y 20212.
Por último, la Cámara recuerda que Cataluña es el segundo territorio con un déficit de inversión en infraestructuras del sector público central más elevado en relación con su peso económico en el periodo 2015-2020. En particular, la participación de Cataluña en la inversión estatal en infraestructuras ha estado del 13,6% durante los últimos años, claramente por debajo de su peso en el PIB (19,1%). De acuerdo con el criterio de relevancia económica, el déficit mediano en inversión en infraestructuras del sector público central en Cataluña se cifra en casi 270 millones anuales.
Deterioro del bienestar social
además, el informe también destaca que esta infrafinanciación arrastra importantes déficits en los ámbitos del gasto social, que afectan el sistema sanitario y educativo del país o a la vivienda. En cuanto a la salud, la Cámara ha defendido que el porcentaje que dedican los países europeos en gasto sanitario público es creciente en el PIB per cápita. Si se tiene en cuenta el PIB per cápita de Cataluña, podemos estimar que el déficit de inversión en sanidad pública es de 396 euros anuales por persona, el que representa unos 3.022 millones anuales.
Si se aplica la misma lógica al ámbito de la educación pública, el déficit por alumno se sitúa en los 705 euros. Multiplicando esta cifra por el número de matriculados en estudios no universitarios en centros públicos en Cataluña en 2019, el déficit total logra los 623 millones, que equivale al 0,25% del PIB catalán.
En cuanto a la inversión pública en vivienda, el ranking español lo encabezan Navarra, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, a mucha distancia de Cataluña. Si suponemos que el nivel que le correspondería en Cataluña es la media ponderada de las tres comunidades líderes en este ámbito, podemos estimar un déficit mediano anual de Cataluña de 263 millones anuales.
