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Sánchez evita a última hora la derrota de la reforma fiscal

El gobierno español ha logrado, después de semanas de incertidumbre, sacar adelante parte de la reforma fiscal que había marcado el último curso político. El Partido Socialista Obrero Español y Sumar han reunido la mayoría de la investidura para aprobar un importante paquete de medidas que debía limitarse a la transposición del impuesto europeo a las multinacionales; pero que finalmente ha incluido gravámenes a la banca o a los cigarrillos electrónicos, la rebaja de Sociedades para las pequeñas empresas o la reforma del IVA a los hidrocarburos. Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda Maria Jesús Montero se han apoyado en la promesa de revivir el impuesto a las energéticas, caído en sus términos actuales por la oposición de Junts y PNB, para catalizar los votos que los llevaron a Moncloa. Así, juntaires y jeltzale se han sumado a Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, Podemos y el BNG para esquivar un prospectivo castigo de Bruselas que podría haberse concretado en una importante multa o el cierre del grifo de Fondos Europeos.

El proyecto de Moncloa, cabe decir, comenzó la semana más cerca de caer que de salir adelante. La madrugada del lunes al martes, el PSOE y Sumar desbloquearon el dictamen de la comisión de Hacienda para saltar el paquete legislativo al pleno del Congreso. El proyecto de ley pasó el trámite entre reproches y acusaciones de «trilerismo» por parte de la oposición, que acusaba a Moncloa de querer «colar una reforma fiscal» como añadido a un impuesto que debía aplicarse sí o sí. Después de más de siete horas reunidos, los diputados aprobaron un texto que no incluía ni el impuesto a la banca ni el de las energéticas: el primero, caído en la misma sesión sin los votos de las izquierdas soberanistas; y el segundo borrado de la mano de Junts y el PNB tras las amenazas del CEO de Repsol Josu Jon Imaz de retirar inversiones en Cataluña y Bilbao. El acuerdo que los socialistas cerraron con ERC, BNG o EH Bildu, sin embargo, abría la puerta a recuperar ambos tipos vía enmienda al proyecto de ley y real decreto, respectivamente.

La vicepresidenta primera del gobierno español, Maria Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados / EP
La vicepresidenta primera del gobierno español, Maria Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados / EP

La última piedra en el zapato del gobierno español era, sin embargo, Podemos. Los cinco diputados de la formación de Ione Belarra -ni siquiera representados en la comisión de Hacienda, en tanto que el grupo mixto tiene como voz al gallego Néstor Rego- buscaban más certezas que el resto de las izquierdas en el camino para recuperar el impuesto a las energéticas. Finalmente, en una negociación que se cerró poco antes del mediodía de este jueves, morados y ejecutivo han pactado sacar adelante el gravamen con un proyecto de ley que debería salir de una comisión de negociación que agrupe a todas las formaciones políticas de la mayoría de investidura. En caso de que no se llegue a un acuerdo conjunto, Moncloa se ha comprometido a prorrogarlo vía RDL para evitar que termine su vigencia el próximo 31 de diciembre, tal como estaba previsto. Junts, sin embargo, ha logrado imponer parte de sus demandas, añadiendo la exigencia de que el texto que salga reconozca exenciones fiscales a las compañías que inviertan en descarbonización

Clara oposición empresarial

El retorno de los impuestos de banca y energéticas, que al entrar en vigor se presentaron como temporales -con una duración de dos años que caducaba a finales del presente curso- ha hecho saltar las alarmas entre las empresas afectadas. El sector energético, de hecho, ha activado palancas de presión sin precedentes: el pasado miércoles, el Club de la Energía, el lobby empresarial que agrupa a las principales firmas del sector en el Estado -Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa, BP y EDP- lanzó un comunicado amenazando con retirar 30.000 millones de euros en iniciativas de sostenibilidad. Por su parte, el tejido de negocio financiero se ha activado en los últimos días mucho más que en 2022, alertando que el gravamen sería pernicioso para pymes y familias por un supuesto descenso del crédito de unos 50.000 millones de euros. Así se expresó la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán, que calificaba el impuesto de «amenaza contra el crecimiento». El ministerio de Economía, sin embargo, ha insistido a menudo que evitará cualquier descenso en la bolsa de préstamos de la banca española. Con todo, el acuerdo parlamentario ha vuelto a encender los ánimos en el Ibex, que espera ahora el resultado de unas negociaciones que tienen el próximo mes de enero como fecha límite.

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