El historial parlamentario reciente del gobierno de coalición no es muy brillante. Desde el desbarajuste en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados para sacar adelante la generalista reforma fiscal de Pedro Sánchez, ligada a la parte final de la transposición de la reforma europea del impuesto de sociedades que buscaba garantizar el abono mínimo del 15% para las grandes multinacionales, la Moncloa ha encontrado imposible avanzar con su agenda, especialmente en materia fiscal. El próximo miércoles se prevé un nuevo capítulo de esta serie de calamidades para la pareja que forman PSOE y Sumar, con la complicada convalidación de tres decretos ley esenciales para el programa del equipo de Sánchez. En el centro, la palanca que ya hizo caer el acuerdo sobre el sistema de impuestos a finales de 2024: el gravamen extraordinario a las grandes empresas energéticas, que el ejecutivo español aspira a hacer permanente perseguido por los socios de investidura a su izquierda, pero que se ha encontrado una y otra vez con la oposición frontal del Partido Nacionalista Vasco y de Junts per Catalunya. La aritmética aleja cualquier tipo de victoria para el Consejo de Ministros, que arriesga, si no logra ganar esta mano, la continuidad de su legislatura.
El impuesto a las energéticas, cabe decir, ha servido para evidenciar las grietas de la fractura política que devolvió a Sánchez al gobierno español después de las elecciones del 23-J. Tras la caída del paquete fiscal, de madrugada y sin previsiones muy halagüeñas, los socialistas pactaron el retorno del gravamen, que se consumía el 31 de diciembre de 2024, con las izquierdas soberanistas -ERC, EH Bildu y el BNG-, sin certezas materiales de que podrían sacarlo adelante. En el momento, la Moncloa salvó la pelota de partido con votos en direcciones opuestas: mientras estos tres partidos votaban a favor del aguado paquete impositivo de la coalición bajo la promesa de acabar salvando el tipo, Junts y el PNB le daban apoyo, precisamente, porque lograban hacerlo caer. Tanto es así que pocas semanas después, y ante la tentación de la ministra Montero de recuperar la medida por la vía rápida en el Congreso, nacionalistas vascos e independentistas catalanes se unieron al PP y Vox para derogar las bases del mismo, precisamente con una enmienda final a la reforma fiscal.
Las condiciones de los socios, además, eran incompatibles en buena parte del redactado de lo que debía ser la tasa. Los jeltzale, preocupados por la capacidad de la Lehendakaritza de gestionarla -y, previsiblemente, bonificarla- aspiraban a aplicar un cambio esencial: pasarla de gravamen, una fórmula impuesta de forma centralizada y protegida por la Moncloa, a impuesto, una figura que sí pueden controlar las haciendas forales vasca y navarra. En este punto, los de Aitor Esteban chocaban frontalmente con los socios de coalición de los socialistas, Sumar, que abogaban muy claramente -por voz, ni más ni menos, de la vicepresidenta segunda del gobierno y líder del partido Yolanda Díaz– por mantener su forma original para evitar concesiones a las multinacionales energéticas por parte de las administraciones territoriales. Por su parte, Junts saltó ante las alertas lanzadas por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que amenazaba con congelar las inversiones estratégicas de la compañía en el complejo petroquímico de Tarragona. Así, el partido del presidente en el exilio Carles Puigdemont rechazaba «cualquier impuesto que ponga en peligro la transición energética en Cataluña»; mientras que los tres diputados de Podemos, que se han vuelto imprescindibles para la supervivencia de la legislatura, exigían hacerlo permanente.
Los costos de perder el gravamen
La votación llega en un momento políticamente convulso para los socialistas, que se encuentran más lejos que nunca de las piezas de la mayoría de investidura. La primera ruptura, con Junts, después de que Puigdemont declarara las conversaciones entre formaciones congeladas ante los «incumplimientos» de los acuerdos que fundamentaron su apoyo a Sánchez. Con movimientos de urgencia, los brazos operativos de Sánchez, especialmente el ministro de gobernación Félix Bolaños, han buscado el acercamiento con los de Junts, pero el caso del impuesto a las energéticas parece perdido. Desde el ejecutivo, así como desde las partes, asumen que el gravamen caerá. También lo hace el sector energético, que asegura haber sostenido conversaciones con las formaciones contrarias a la norma. «Hemos encontrado comprensión, y esperamos que la mayoría parlamentaria actúe en consecuencia», aseguran fuentes de la industria en conversación con Món Economia, muy críticas con los objetivos de la Moncloa. «Si existen necesidades justificadas de gasto público, se deben cubrir conforme a los principios tributarios de nuestro ordenamiento jurídico», rematan -unos principios que escapan de la aplicación de la tasa extraordinaria-.
El precio de perder la partida con Repsol y el Club de la Energía, sin embargo, puede ser elevado para Sánchez. Las voces más agresivas de las formaciones de izquierdas en la Carrera de San Jerónimo ya dejan entrever que la caída del impuesto condiciona, en negativo, sus apoyos en adelante. Desde Podemos son especialmente claros. La coportavoz de Podemos, Maria Teresa Pérez, aseguraba en una comparecencia el pasado lunes que la «inacción y el giro a la derecha» de los socialistas han «tumbado la legislatura». Para los morados, Sánchez y los suyos «no se han volcado» en las negociaciones para mantener el gravamen, tal como contemplaban los pactos firmados con las formaciones progresistas. Pérez, de hecho, ha llegado a acusar al presidente del gobierno de ser el «perrito de Repsol», un título que antes reservaban para el portavoz jeltzale Aitor Esteban; y se añade, desde el otro flanco, al envite de Junts contra el proyecto de legislatura.
El sector, en guerra desde el primer minuto
Hay que recordar que el gravamen ha pasado por varias fases, tantas como intentos de la ministra de Hacienda María Jesús Montero de encajar los intereses contrapuestos que conviven en la mayoría de investidura de Sánchez. Durante dos años, desde la entrada en vigor del tipo como parte del paquete de medidas de Moncloa difundido bajo el título de «escudo social», las principales empresas del sector energético del Estado -aquellas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros- debían abonar un 1,2% de su cifra de negocio en forma de tributo. En el momento, el gobierno español justificaba esta configuración por el volumen de facturación extraordinaria generada por la crisis inflacionista, que trasladó a precios al consumidor los cuellos de botella en la generación energética causados por las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania. En 2024, el tesoro español ingresó más de 1.130 millones de euros solo por esta razón, si bien algunas de las empresas más significativas han visto cómo la carga fiscal sobre ellas va en descenso. Es el caso de Iberdrola que, con unos beneficios de 5.741 millones de euros en los primeros nueve meses del curso pasado, ha pagado apenas unos 100 millones de euros. La bajada de los precios energéticos, con la subsiguiente resta a la facturación de las empresas, es responsable. Mayor es el peso sobre Repsol, que habría abonado unos 334 millones de euros; eso sí, un 24% menos que el año anterior, también enfriado por la menor cifra de negocio.
Este es el punto esencial que critica el sector del hipotético -cada vez más- mantenimiento del impuesto: «no se pueden gravar unos ingresos extraordinarios que ya no existen», comentan fuentes del mundo energético a Món Economia. Ante la coyuntura de normalización de los costos de la energía, así, las diferentes ramas de la industria reclaman también un retorno a tierra de la presión fiscal. La Moncloa, además, ha desatendido las demandas empresariales en cuanto al diseño del gravamen: la aplicación sobre el beneficio, o incluso sobre el «beneficio extraordinario» de las empresas, en línea con lo que reclamaba Europa; o una reforma para evitar el peso sobre las compañías petroleras sin capacidad de refinación, limitando la tasa a las cuentas de compañías del tamaño de la misma Repsol, BP o Cepsa. «Ahora mismo, el impuesto no tiene sentido», sentencian las mismas voces. Sin él, aseguran, las compañías afectadas podrán dedicar un mayor monto de sus ingresos a las inversiones estratégicas que, de hecho, reclama el gobierno. «Las compañías serán más competitivas y podrán proseguir con su política de inversiones en el marco de la transición energética», concluyen.
