El nuevo gobierno de coalición ha tardado una semana al escenificar sus primeros desacuerdos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha declarado este miércoles a tribuna parlamentaria la suya «absoluta disconformidad» con la reforma de la regulación de los subsidios a la desocupación anunciada por el secretario de Estado de economía y apoyo a la empresa Gonzalo García Andrés el pasado lunes. La modificación normativa que ha puesto sobre la mesa el ministerio dirigido por Nadia Calviño se aplicaría sobre estos subsidios -que forman parte de la prestación de paro-, que benefician actualmente unas 800.000 personas que o bien ya han agotado la ayuda general o bien todavía no han cotizado el mínimo de 12 meses para optar a él. En caso de aplicarse los cambios presentados por García Andrés, el pago se reduciría a un subsidio gradual de 480 euros mensuales que se iría reduciendo con los paso de los meses, con el objetivo de «incentivar que las personas desocupadas acepten propuestas de trabajo»; así como más controles sobre estas.
Díaz ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta después, asegura, que el ministerio que dirige lo haya analizado. «Garantizo a los trabajadores que esta vicepresidencia no propiciará ningún recorte en materia de desocupación», ha espetado. Justo es decir que la reforma del subsidio por desocupación es una de las exigencias del plan de recuperación, vinculado a los fondos europeos. Aun así, recuerda Díaz, las competencias en ayudas a las personas paradas son de Trabajo, y no de Economía; y su ministerio «hace meses que trabaja» en este cambio de marco regulador. El sentido que quiere otorgar Díaz es, de hecho, el opuesto al de Calviño: la líder de Sumar reclama una «ganancia de derechos y ampliación de subjetividades para la prestación», hecho que supondría una ampliación de su duración, la eliminación de las trabas burocráticas o hacerlo compatible con actividades laborales de corta duración. «Las personas trabajadoras pueden estar tranquilas -concluye Díaz-, el gobierno español no recortará el subsidio por desocupación, sino que lo mejorará y lo modernizará».
Rechazo sindical
Antes de que Díaz escenificara el choque con Calviño, parte del diálogo social ya había hecho patentiza su disconformidad con la reforma propuesta por Economía. Desde Comisiones Obreras y la UGT acusan la vicepresidenta y el secretario de Estado de «poner en entredicho la honradez de las personas beneficiarias de la desocupación» con un cambio legal que busca «reforzar su compromiso para que busquen y acepten una ocupación». En un sentido similar al expresado por Díaz, los representados de los trabajadores han exigido la ampliación de este subsidio, «una necesidad y un compromiso asumido reiteradamente por sucesivos gobiernos». Esto significa, para los sindicatos, una simplificación de los trámites y criterios burocráticas para acceder, un acortamiento de los plazos para recibir la prestación y una ampliación de las plantillas del servicio de ocupación estatal encargadas de la gestión de estas demandas. «Necesitamos prestaciones que protejan más personas y en mejores condiciones», espetan. Más allá del contenido de la propuesta, los sindicatos han afeado a Economía no haber trasladado ningún planteamiento a la tabla de diálogo social -ni a trabajadores ni a patronal- antes de hacer pública su postura.
