La exclusión financiera es un concepto que persigue a la Cataluña interior desde hace años. La tecnología combinada con la reducción de costes para paliar las consecuencias de la última crisis bancaria, hicieron que muchas entidades cerraran sus oficinas en las zonas menos pobladas y dejaron a una parte de la población sin servicio fijo en su localidad. Ahora, después de años de quejas, el Govern de la Generalitat ha intervenido y busca la manera de hacer llegar la banca en estos municipios de la mano de una colaboración público-privada. Con un presupuesto de 900.000 euros y la participación de CaixaBank y Caixa d’Enginyers, más de 800 pueblos catalanes volverán a tener oficina, un hecho que, lejos de ser una solución definitiva, es el primer parche en una herida que se profundiza año tras año.
«La falta de cajeros es el resultado de un problema global de crisis que ha repercutido en el sector bancario y un problema estructural de adaptación tecnológica del medio rural», explica Xavier Brun, coordinador del máster en Banca y Finanzas de la UPF-BSM. El experto se remonta a antes de 2008, cuando la «borrachera financiera» hizo que los bancos entraran en el que era una guerra de hipotecas. «Había tanta cantidad de entidades bancarias y la demanda era tan estable que el precio se redujo muchísimo», dice Brun, que añade que esto provocó que los bancos se confiaran. Al llegar la crisis financiera de 2008 cuando estalló la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras se convirtieron en empresas deficitarias y muchas optaron por la reestructuración y la fusión para sobrevivir. Esta fue la causa del cierre de muchas oficinas, sobre todo en las zonas donde no había suficientes habitantes para hacer rentable una jornada de ocho horas por toda una plantilla.
Paralelamente, la digitalización y la tecnología aplicada a la producción crecieron rápidamente. «Estamos hablando que hace 30 años apenas había los primeros cybercafés», replica el profesor de la UPF, que añade que «la escalada ha ido tan deprisa que mucha gente no ha tenido tiempo de adaptarse». En este sentido, la población del medio rural, que también ha estado históricamente una población envejecida fueron los más afectados por la rapidez de los cambios, y se convirtieron en los inadaptados. Así pues, los bancos elegían la reestructuración de sus plantillas y la disminución considerable de las oficinas para reducir gastos, y utilizaban la tecnología de aliado indiscutible por todo este cambio. Una evolución a pasos de gigante que dejó a mucha gente en la estacada, sin tener tiempo de adaptarse a la nueva normalidad y con una clara dependencia del espacio físico para hacer sus trámites bancarios. «Si basura una estimación, en los últimos años, los bancos han cerrado el 50% de sus oficinas», explica Brun, quienes, aparte, afirma que «la mayor parte del cese de servicios se ha producido en zonas rurales, donde la población está envejecida y la migración de jóvenes es constante».
El paralelismo de los bancos y la salud
El problema principal de la exclusión financiera, más allá de aislar todavía más los pequeños municipios del interior de Cataluña, es que la solución integral tendría que ser una decisión de los mismos bancos. En otras palabras, es evidente que la reducción de costes implica cerrar las oficinas poco rentables o deficitarias, pero no sin antes asegurar un servicio mínimo. Brun lo compara con el sector sanitario, puesto que «el dinero y salud son los problemas más importantes del ciudadano mediano». En este sentido, el experto describe como el sector de la salud también pasó por su propia crisis y hubo una gran cantidad de hospitales y centros médicos públicos que cerraron por falta de pacientes. «En la salud se arregló llevando un médico cada semana a las zonas donde no había bastantes habitantes para mantener un centro de salud», explica el profesor de la UPF. Una situación, pues, que podría ser similar a la de los bancos, pero mucho más fácil de solucionar, puesto que la sanidad es pública y los cajeros dependen de empresas privadas con su interés propio.
Ahora mismo, el servicio de retirada de dinero en metálico y el asesoramiento bancario físico y no telemático son servicios deficitarios por los bancos. Como consecuencia, asegurar el acceso a la banca a todas las personas de Cataluña, sea de la manera que sea, no es una apuesta muy beneficiosa por las compañías. «Con la banca se tendría que hacer el mismo que con la salud, pero esto tiene un coste que las entidades no están dispuestas a asumir», confirma Brun. Por otro lado, pero, si no se actúa sobre esta cuestión, la exclusión financiera continuará creciendo, puesto que haciendo cálculos, en una década la tecnología habrá avanzado todavía más, pero la población también se habrá envejecido, un hecho que los alejará todavía más de la adaptación digital.
La oficina móvil que recorre Cataluña interior
Es por eso que la Generalitat ha visto la necesidad de intervenir y poner sobre la mesa una solución -quizás no definitiva- para acercar los bancos a las zonas rurales. La gran mayoría de pueblos catalanes sin una oficina de banco en su municipio tendrán los servicios bancarios personalizados de una furgoneta cada 15 días. El Gobierno ha decidido dar la potestad de liderar este proyecto a CaixaBank y Caja de Ingenieros. Las primeras oficinas empezarán en septiembre y se pretende cubrir el 100% de la población del país. En este sentido, estas oficinas móviles harán parada en los pueblos que lo necesiten y costarán alrededor de 900.000 euros. La iniciativa, aparentemente muy recibida, ha despertado algunas reticencias entre la población rural, a pesar de que la visión general ha estado muy positiva. «Es un servicio muy positivo», declara al
Precisamente una iniciativa como esta es el que el profesor de la UPF reconoce que «se necesita», y, por tanto, podría ser la solución temporal a este problema estructural que sufre la población rural. Aun así, pero, también hay alcaldes que no lo ven suficiente. Este es el caso de Rafael López, alcalde de Gósol, en el Berguedà quien asegura que «están muy contentos por la decisión de la Generalitat», pero que «el problema viene de la carencia de regulación estatal». López explica que su pueblo es un gran centro turístico que a estas alturas no tiene oficina bancaria y no puede dar servicio a los turistas que llegan en temporada alta. Para él, una furgoneta no es la solución, sino que «habría de haber una normativa que obligara los bancos a tener una oficina cada X kilómetros», puesto que -continúa el mismo alcalde, «el acceso a los servicios bancarios es un derecho reconocido por la Unión Europea«. Sea como fuere, López también reconoce lo dicen la mayoría de los municipios y dónde también coincide Brun: «Para enfrentarnos a la exclusión financiera, este es el camino».
