El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural –departamento anteriormente conocido como Acción Climática– David Mascort ha reivindicado, en su ponencia ante la comisión parlamentaria de su ramo para presentar los presupuestos, el rol del Gobierno en la transición energética, «uno de los caballos de batalla más importantes» del ejecutivo de Pere Aragonés, en sus palabras, desde el inicio de la legislatura. Bajo el brazo, Mascort puerta un presupuesto de la Generalitat para el 2024 que, ahora sin Next Generation, dedicará un 9,3% menos a las líneas de trabajo que cuelgan de agricultura. Si se observan solo los recursos propios, el gasto crece en unos 68 millones de euros, hasta los 1.291 millones. En uno de los ámbitos clave para las políticas climáticas catalanas, las energías renovables, la cartera pública asciende a los 300 millones de euros; una cifra que, si bien desde el sector consideran bienvenida, los expertos consultados por
En palabras del consejero Mascort, el gasto anunciado el pasado miércoles en el marco de la aprobación de la ley de presupuestos, las cuentas para el 2024 «profundizan en la descarbonización de las vidas» de los catalanes. En este sentido, el titular de Agricultura reivindica que la Generalitat tendría que acontecer «un actor decisivo» en la generación de energía, así como en el conjunto de su ciclo, hasta llegar al consumo. Buena parte de los fondos presupuestados para la energía limpia bajo el departamento, de hecho, irán destinados a la Energética, la compañía pública fundada por la Generalitat en 2022, con varias ambiciones: unos 40 millones se dedicarán a la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, entre otras inversiones. El documento presupuestario profundiza, además, en la única de las variantes de la transición energética donde despunta Cataluña: la promoción del autoconsumo. Mascort ha defendido una inversión de cerca de siete millones de euros en el despliegue de oficinas comarcales para asistir a la autoproducción energética a empresas, las más alejadas todavía de un fenómeno que ya supone más de un gigawatt al país, con unos 100.000 nodos en la red.
Malgrat la defensa de Mascort de las cuentas catalanas, los expertos consultados critican la «carencia de visión conjunta» de la administración en una Cataluña encara profundamente atrasada en cuanto a la expansión renovable. Según los datos de Red Eléctrica, tal como recuerda el autor y antiguo director general de EolicCat Jaume Morrón, solo el 15% de la potencia instalada en Cataluña proviene de fuentes renovables. Si bien los proyectos autorizados por parte de la dirección general de energía han ido en clara tendencia alcista –desde el gobierno apuntan que, después de un rendimiento casi inexistente en 2021, el 2025 podrían se llegaría hasta as 3.000 megawatts renovables con permisos energéticos–, los objetivos del país permanecen enormemente lejos. Hay que recordar que la estrategia de descarbonización de la Generalitat, elaborada por el Proencat, contempla un 100% de producción renovable para el año 2050; y que el 2035 empezarán a salir de funcionamiento los reactores nucleares que todavía quedan en territorio catalán. Ante estas cifras, y a pesar de la dedicación presupuestaria a la rama de energías renovables para el 2024, Morrón se muestra extremadamente crítico con la tarea de las administraciones del país. «Este gobierno no tiene ninguna credibilidad: palabras vacías», remacha.
«Plantas de liliput»
Para Morrón, el compromiso de la administración con la transición renovable no viene dictado por los presupuestos, sino en la vertiente administrativa. La experto mujer «más importancia a la ley de acompañamiento de presupuestos que no a una inversión en tejados». Justo es decir que, en la vertiente reguladora –en una medida adyacente a las cuentas– , el Gobierno ha anunciado también la eliminación de la exigencia de permiso administrativo para las plantas fotovoltaicas y solares de menos de 500 kwh; una medida que Vila celebra, en cuanto que puede mejorar sustancialmente las condiciones de industrias e incluso pequeñas villas que buscan cierta independencia energética.
El nuevo límite, según el empresario, «permitirá poner un parque de autoconsumo en muchos pueblos pequeños del país». Justo es decir que la medida no sirve para avanzar, sino para enjugar un atraso: la legislación española ya situaba a los 500 kwh el límite para la necesidad de autorizaciones administrativas en sol no urbanizable para instalaciones fotovoltaicas y eólicas. La medida, si bien es positiva, dista de ser, a ojos de Morrón, suficiente. «Esto no se soluciona con plantas de liliput: son bienvenidas, pero son el complemento de los parques grandes que necesitamos para aportar generación renovable masiva», declara el experto.
Difícil generar inversiones
El adelanto, tanto presupuestario como normativo, de la nueva generación renovable en Cataluña, además, se complica con cada día que pasa. La subida de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales del planeta dificulta los movimientos de financiación; y la intensa bajada del precio de la energía hace que las nuevas plantas tarden a ser rentables. En este sentido, para Vila, «hay una parada total» en las apuestas por las renovables; una parada todavía más perniciosa en una Cataluña lejana a sus objetivos de renovables. «Como que la parte normativa no ayuda, y el precio cae en picado, nadie está pensando a invertir», avisa el empresario. Así se explica, de hecho, la carencia de proyectos de eólica que se han presentado a trámite en Cataluña durante el 2023 –tres, según Morrón–. Todavía hay empresas catalanas, pero, que operan dentro del sector, a pesar de que lo tienen que echar del país. «La industria eólica catalana no ha desaparecido, pero hace el trabajo fuera de Cataluña», lamenta el experto; apuntando, entre otros, al gran proyecto renovable de Forestalia en el Aragón.
«Es una demostración que las cosas se tienen que hacer cuando toca hacerlas: ahora hay proyectos que seguramente no se harán, y es responsabilidad del Gobierno, porque ha tardado demasiado», subraya Morrón. Si bien la primera solución en la boca del sector es todavía la facilitación administrativa, hay una pata presupuestaria que podría asistir ante esta ralentización financiera. Una «solución creativa», para Vila, que comportaría una hibridación de los productos financieros entre entidades privadas y la ICF; «que se partan el riesgo». El empresario, pero, es poco optimista: «Para hacer esto haría falta imaginación, y las administraciones catalanas no tienen mucho». Justo es decir que Mascort ha anunciado también la aprobación de los nuevos criterios inversores, si bien el sector público catalán participa solo de dos parques actualmente, con una potencia acumulada de menos de 4MW.
Choque público al sector privado
Una de las inversiones previstas a los presupuestos que Mascort ha reivindicado ante la comisión del ramo en el Parlamento también irá vehiculada por la Energética, si bien no tiene que ver con infraestructuras: se trata de un nuevo gasto en compra de energía para acontecer comercializadora de unos 19 millones de euros. Cuando el Gobierno acordó con los Comunes, durante el 2023, entrar al mercado comercial de electricidad, varias voces sectoriales ya mostraron sus dudas. Ante este gasto, Morrón ha reiterado su rechazo: «el sector público no tiene por qué involucrarse en el trabajo que el sector privado ya hace tiempo que hace de manera eficiente». En este sentido, Vila reclama actuaciones –vehiculadas también a través de la Energética– para mejorar la disponibilidad de la red eléctrica, que describe como «colapsada». La empresa pública, añade el exdirigente de EolicCat, «tendría que dedicarse a construir una red de distribución de buena ley y complementar el actual, que es insuficiente».
