Los inspectores de Hacienda están en pie de guerra por la posibilidad de que Cataluña pueda obtener una financiación singular que le permita recaudar el 100% de los impuestos. Y están dispuestos a recurrir a todo para azuzar el miedo a un cambio estructural. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado que la cesión de la recaudación tendría efectos sobre el control aduanero, la cual costa dificultaría la lucha contra el narcotráfico y el fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda se han convertido en firmes activistas contra Cataluña, puesto que también se han opuesto a la amnistía que se está tramitando en las Cortes españolas.
Un informe presentado esta semana por los inspectores de Hacienda denuncia que los planes del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de pactar una financiación singular para Cataluña son “inconstitucionales”. Aragonès, con el apoyo de su partido, ERC, ha presentado una propuesta para obtener una financiación al estilo del País Vasco y de Navarra, con la recaudación de todos los impuestos y la cesión de una cuota solidaria con el resto de las autonomías, así como el pago de todos los servicios que preste el Estado en Cataluña.

El supuesto peligro de la desaparición del Estado en Cataluña
En este contexto, los inspectores alertan que la desaparición de la Agencia Tributaria española en Cataluña supondría un revés en los planes de control aduanero y del contrabando, puesto que los “resultados relevantes de estos planes difícilmente se podrían obtener en una administración tributaria independiente de Cataluña”. También avisan que la financiación singular afectaría a la lucha contra las tramas que defraudan el IVA.
«Los resultados conseguidos en los últimos años son consecuencia de largas investigaciones, en las cuales intervienen los diferentes equipos de Inspección de todo el territorio nacional, actuando como órgano coordinador la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Estos planes no se podrían llevar a cabo en Cataluña si se fracciona la Agencia Tributaria”, insisten. También habría problemas para luchar contra el fraude organizado, el “más complejo y sofisticado” porque se extiende por varios territorios. “Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir los fraudes más graves en un plazo adecuado”.
El informe de los inspectores de Hacienda no ve ni un solo aspecto positivo a la nueva financiación que reclaman los partidos independentistas. “Cualquier diferencia en la gestión de los impuestos, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo a la libre circulación de mercancías y un aliciente porque se produzcan situaciones de deslocalización de empresas”.