El impuesto de patrimonio es uno de els puntos calientes de la fiscalidad contemporánea en Cataluña. La práctica excepción europea que supone esta figura en el Estado –solo Noruega y Suiza lo conservan en los alrededores inmediatos, mientras que Francia lo sustituyó por un tributo a la riqueza inmobiliaria que afecta sustancialmente menos contribuyentes que el antiguo ISF– se añade a el intenso rechazo de las grandes empresas y a la competencia fiscal a la baja que ponen sobre la mesa las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para cuestionar su mera existencia. La tasa, talmente como el impuesto a las Grandes Fortunas de Moncloa, busca gravar la acumulación patrimonial por parte de las grandes fortunas. La defensa discursiva de este tipo es sencilla para las izquierdas nacionales: que paguen los ricos. Un reciente estudio elaborado por los economistas Jordi Galí, catedrático de Cimientos del Análisis Económico de la UPF e investigador sénior del CRE, y Èlia Capella, pone en cuestión esta máxima. Los ricos, los de verdad, no pagan –o no tanto como deberían–. «Realmente no va a las grandes fortunas, acaba gravando a la clase mediana-alta, profesionales que viven de las rentas del trabajo«, lamenta el coautor, en conversación con
El diseño mismo del impuesto, a través de una serie de exenciones clave, hace que una medida que se reivindica como epítome de la progresividad sea, de hecho, enormemente regresiva. Según los datos recogidos por Galí y Capilla en un reciente
Como se explica, esta regresividad? Ambos expertos identifican culpables claros: una serie de exenciones y límites a la cuota que favorecen claramente las grandes fortunas del país. Por un lado, el impuesto prevé dejar fuera de la base cotizable una serie de activos de carácter empresarial: el patrimonio profesional, por ejemplo; pero también participaciones en sociedades empresariales de carácter familiar –aquellas en las cuales el sujeto pasivo o familiares de primero o segundo grado sostengan funciones de dirección, hecho común en algunas de las principales multinacionales del entorno–. De este modo, las inversiones propias de las rentas del trabajo más elevadas, como por ejemplo las inmobiliarias –pisos y locales para alquilar o segundas residencias– o los fondos fijos y otras carteras de acciones, sí que computan para la base de Patrimonio; mientras que títulos de propiedad de compañías a menudo de grandes dimensiones, por ejemplo, no lo hacen. «A la práctica –concretan los autores– el legislador ofrece un mecanismo a través del cual muchas grandes fortunas pueden eludir el impuesto»; en cuanto que muchos de estos contribuyentes concentran gran parte de su patrimonio en ítems excluidos por el gravamen. De hecho, cerca de un tercio de los contribuyentes con fortunas superiores a los 25 millones de euros consiguen dejar fuera del cálculo hasta el 90% de su riqueza. A la otra banda de la mesa, las fortunas más modestas acostumbran a pagar por el conjunto de los posibles y, cuando hay beneficios, suponen «fracciones negligibles» de la base.
Más allá de las exenciones, la ley que regula el impuesto establece un tope en el pago: la cuota de Patrimonio, sumada a la del IRPF, no puede superar el 60% de las bases imponibles de la renta. Los trabajadores de alto nivel, con ingresos elevados por su actividad profesional, difícilmente cumplirán este requisito; mientras que a menudo, recuerdan los expertos, las fortunas más elevadas «no trabajan»; viven de rendimientos diferentes de los de la renta. Por lo tanto, los resulta sencillo llegar al umbral establecido por la ley y recortar la cantidad a abonar, con rebajas que pueden llegar hasta el 80% del total imponible. De este modo, exponen Galí y Capilla, los contribuyentes con patrimonios inferiores a los cinco millones de euros abonan entre el 90 y el 100% de la cantidad establecida; ratio que se va reduciendo progresivamente a medida que avanza la fortuna. Los escasos ciudadanos con una bolsa de riqueza superior a los 100 millones de euros, concreta el estudio, pagan de media el 50,9% de la cuota que tendrían que abonar según los tipos marginales asignados por ley.
La ‘propuesta Zucman’
Contra este ejemplo de fiscalidad regresiva, los autores hacen suya la propuesta que puso sobre la mesa el economista francés Gabriel Zucman, profesor de políticas públicas a UC Berkeley y director del observatorio fiscal de la UE. Zucman fue uno de los principales asesores en materia económica de la candidata a las primarias del Partido Demócrata Elizabeth Warren. El programa de Warren, senadora por Massachusstes y una de las caras visibles de la rama progresista de la formación, contemplaba introducir en los EE. UU. una tasa a la riqueza similar a la que existe en el Estado, si bien sin las disfunciones que plantean Galí y Capilla; y con un mínimo exento de unos 50 millones de dólares, 10 veces más que el tipo español, que lo sitúa en 500.000 euros. El modelo de Zucman, que excluye los beneficios a las grandes fortunas y simplifica –y recorta– los tipos marginales, permitiría, según los expertos catalanes, mantener la recaudación actual, pero concentrarla solo en aquellos contribuyentes de la parte más alta de la tabla de riqueza. Actualmente, recuerdan los investigadores, más de 85.000 catalanes están sujetos al impuesto de Patrimonio; mientras que la alternativa permitiría recortar esta base de afectados en más de un 95%, pero sostener –o incluso elevar– los recursos generados.
Tal como recoge el artículo, con el modelo actual, en 2022 el tesoro público atrajo poco más de 610,5 millones de euros en concepto de Patrimonio, con algo más de 87.700 pagadores. En la simulación que plantean Galí y Capilla, con un mínimo de patrimonio exento de 10 millones de euros, lo pagarían solo 3.113 catalanes. Con solo tres tramos de base imponible, y sobre unos tipos respectivos de entre el 1 y el 2%, los economistas calculan que se podría mantener este ritmo de ingresos, o incluso superarlo en más de 130 millones si se añade medio punto al tipo segundo tramo –1%-1,5%-2%–. De este modo, apunta el catedrático, se evitarían nuevas cargas fiscales sobre los profesionales de alta calificación, haciendo el territorio más atractivo para el talento local y global; mientras que se pondría el conjunto de la carga impositiva sobre las fortunas más grandes de Cataluña, que ahora lo consiguen esquivar gracias a las rendijas –intencionales– que el legislador dejó al impuesto. El mismo Galí explica que se aproxima a esta problemática a raíz de la marcha de «profesionales de alto nivel» a su entorno personal. «He visto gente marchar en Londres, porque aquí los masacran», comenta. Mientras tanto, ironiza, «las grandes fortunas del país viven aquí».
Un impuesto en entredicho
Más allá de la propuesta, Galí cuestiona la misma arquitectura de la tasa. «De entrada, los tipos son altísimos», critica: en su franja más elevada, se acercan al 3,5%. «Incluso los partidarios, como Zucman, dicen que es impensable». También tilde de «muy abajo» el límite exento de 500.000 euros –800.000 si se añade el valor de la vivienda habitual–. En este sentido, considera «injusto» el impuesto en su forma actual. «Algo se tiene que hacer», apostilla. El camino hacia un cambio estructural, justo es decir, es tortuoso; dado que se trata de una norma española, y por tanto es el Congreso de los Diputados quién lo tendría que abordar. A corto plazo, y mientras no se pueda entomar una reforma de la ley, el experto sugiere la bonificación por parte de la Generalitat –»la única solución por no perpetuar el impacto de un impuesto que no es progresivo ni equitativo».
