La negativa de Junts a aprobar la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas -que se votará este miércoles en el Congreso de los Diputados– se ha convertido en una nueva pieza sobre el tablero de ajedrez de la política española. La propuesta, una medida estrella impulsada por Yolanda Díaz (Sumar), se está encontrando con la negativa de Junts, un ‘no’ que haría que la propuesta no triunfase en las cortes españolas y que, por tanto, el gobierno de coalición PSOE-Sumar enfrentase una nueva derrota política. Ante esta situación, quien ha tomado parte en la ‘batalla’ ha sido el PSC, que ha reprochado a Junts su posición negativa y la enmienda a la totalidad presentada por la formación independentista. En declaraciones recogidas por la ACN, la portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña, Elena Díaz, ha acusado a Junts de encontrarse «en un momento de indefinición» y ha asegurado que desde el partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont «no saben qué quieren ser».
Díaz ha defendido que la propuesta del gobierno de coalición es una «medida positiva para el conjunto de trabajadores» y ha presumido de las otras medidas sociales impulsadas por el gobierno español como la reforma laboral o las subidas del SMI y ha señalado que la aprobación de la reducción de jornada implicaría beneficios para los «3,3 millones de catalanes que actualmente trabajan a jornada completa».
El gobierno español, pendiente de Junts
Después de múltiples intentos por parte del gobierno español para hacer cambiar de opinión a la formación de Carles Puigdemont, la propuesta llega el próximo miércoles 10 de septiembre al Congreso de los Diputados, donde si nada cambia, la propuesta caerá. Cabe destacar que la propuesta debería haberse votado en las cámaras españolas antes de la pausa política de verano, pero el ejecutivo español optó por posponerla para ganar tiempo y convencer a Junts. Un Junts que se ha mostrado beligerante con la propuesta e incluso la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, casi cerró la puerta a la negociación “con el lobby sindical español” que “presiona a los de siempre”.
