La Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Pirineo de Girona (ATA) calcula que los propietarios de pisos turísticos de la zona han reclamado hasta ahora unos 600 millones de euros por la eliminación de las licencias aprobada por el Gobierno Aragonès. El sector de las viviendas de uso turístico de Girona está inmerso en la fase de reclamaciones de responsabilidad patrimonial justo cuando está a punto de cumplirse un año desde que se aprobó el Decreto Ley 3/2023, que da potestad a los ayuntamientos para terminar con las licencias de los pisos turísticos a partir de 2028.
Los propietarios de los pisos turísticos están presentando reclamaciones por las pérdidas por las inversiones hechas y las ganancias futuras que supondrá el decreto. La patronal ATA recomienda a todos los afectados que aún no lo hayan hecho que presenten una reclamación antes del 8 de noviembre, día en que se cierra el plazo. La ATA calcula que en las próximas semanas la cifra de 600 millones aumentará porque hay muchos propietarios que están en trámite de presentarlas. En Barcelona, por ejemplo, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) calcula que en la capital catalana las reclamaciones superarán los 1.000 millones de euros. En la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre también se han presentado reclamaciones similares.
Los propietarios de pisos turísticos denuncian una expropiación
Las patronales de los pisos turísticos aseguran que la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat se basa en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto, que definen como una “expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos del 2028”. Además, denuncian que, aunque aún faltan cuatro años para que se puedan retirar las licencias, los efectos negativos ya se dejan notar. Crece la incertidumbre entre los trabajadores y los clientes y los propietarios se quejan de que no podrán amortizar las inversiones y que sus pisos perderán valor.
Los propietarios de pisos turísticos consideran que la medida es “contraria a derecho y de nula efectividad” y que se ha aprobado “sin hacer previamente un análisis riguroso de la situación, sin tener en cuenta la opinión de los sectores afectados y que tendrá un gran impacto en la economía de los municipios que viven del turismo poniendo en riesgo su futuro”. La ATA calcula que la nueva normativa supondrá eliminar un 40% de las plazas de viviendas turísticas en las comarcas gerundenses en los próximos cinco años y que fomentará el intrusismo. La patronal gerundense reclama una “regulación justa y equitativa” para evitar la desaparición de un sector que supone el 50% del alojamiento alternativo a los hoteles y los campings y que ocupa unos 5.000 trabajadores entre puestos de trabajo directos e indirectos.
