Moncloa salva los muebles a última hora. A la espera del sí definitivo de Junts per Catalunya, el gobierno español se ha asegurado los votos favorables de los diputados de Podemos a su paquete impositivo, en torno a la transposición de la directiva europea que establece la tasa complementaria del 15% a las grandes multinacionales. La formación dirigida por Ione Belarra era necesaria para alcanzar cualquier mayoría en la cámara -fuera con un voto afirmativo o una abstención-. El acuerdo, así, contempla que el ejecutivo adelante una nueva proposición de ley para aprobar el gravamen. El pacto, sin embargo, incluye la enmienda que el ministerio de Hacienda otorgaba a Junts ya desde la noche del pasado lunes: que la norma incluya beneficios fiscales para que las compañías afectadas puedan desgravar las inversiones en descarbonización. De esta manera, la mayoría parlamentaria busca evitar las amenazas del Club de la Energía -el lobby de las grandes energéticas españolas- de retirar hasta 30.000 millones de euros en financiación de proyectos de renovables y sostenibilidad, como el de Repsol en el complejo petroquímico de Tarragona.
Así, según los términos del acuerdo que recoge un comunicado emitido por Podemos, «en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con la participación de todos los partidos políticos» para acordar y elaborar la propuesta de ley por la cual el impuesto no caducaría a finales de año. Evitan, así, el camino del decreto ley, que tenía un recorrido limitado, dada la distancia de Junts con la norma actual. «Lo que no podemos aceptar es lo que hay ahora», declaraba la portavoz de la formación del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, en una entrevista con Ser Catalunya. Cabe decir, sin embargo, que el acuerdo con los de Belarra contempla el retorno a la fórmula del RDL en caso de que las conversaciones en el Congreso no sean de provecho. «En cualquier caso, la estrategia deberá ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan a la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre», concluyen.
Un proceso atascado
El documento hecho público por Podemos reconoce la «complejidad» del proceso, dada la batalla fiscal que se presenció en la comisión de Hacienda del pasado lunes -sin presencia de los morados, cabe recordar, en tanto que solo el diputado del BNG Néstor Rego tenía voz en representación del grupo mixto-. «La necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario continuar trabajando con los grupos para la justa contribución del sector», continúan desde el partido.
Junts votará afirmativamente
Más allá del posicionamiento de Podemos, Junts per Catalunya ha confirmado también su voto afirmativo al proyecto de ley que llega hoy al Congreso. El diputado Josep Maria Cruset, presente también en la caótica comisión de Hacienda, ha reivindicado el rol de la formación catalana en las negociaciones: «gracias a Junts habrá un paquete fiscal que traerá miles de millones a los catalanes», asegura. En su intervención ha lanzado también una serie de críticas contra las izquierdas soberanistas, a quienes ha acusado de «buscar titulares vacíos» en sus posiciones. En este sentido, ha criticado, entre otras cuestiones, los beneficios fiscales que las enmiendas de Bildu y ERC para recuperar el gravamen energético. Finalmente, ha dejado la puerta abierta a las negociaciones, especialmente la que el PSOE ha abierto con el acuerdo con Podemos. «Saben dónde nos encontrarán», ha concluido Cruset.
