El Departamento de Territorio trabaja a contrarreloj para prohibir antes de las elecciones del 12-M el uso de los contratos temporales como herramienta para esquivar el tope de alquiler. Los contratos temporales, conocidos también como alquiler de temporada, están fuera de la ley española de vivienda que regula los precios del alquiler. La consejera de Territorio, Ester Capella, ha avanzado que el gobierno catalán busca las “herramientas jurídicas necesarias” para frenar la fuga de contratos al mercado temporal. “Es una urgencia, porque vemos a diario como desaparece oferta de alquiler permanente”, alerta Capella en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias.
La consejera lamenta que la ley estatal, aprobada a toda prisa por el gobierno de Pedro Sánchez justo antes de las elecciones municipales del 2023, deja a Cataluña “a la intemperie” porque no regula el alquiler de temporada. Capella cree que, “vista la capacidad de escabullirse” de la ley de determinados propietarios, hay que “buscar la manera de cerrar puertas”. Portales inmobiliarios como Idealista alertan que el alquiler de temporada gana terreno a los convencionales a marchas forzadas y en ciudades como Barcelona representan el 30% del total.
Territorio pretendía regular los alquileres de temporada con una ley, pero el adelanto electoral ha obligado al departamento a cambiar de planes y busca atajos para aprobarlo con un decreto urgente. “Es evidente que no podremos hacer una ley con todo los detalles, pero buscaremos la manera de evitar este fraude de ley. Lo intentaremos”, insiste la consejera. «El contrato es el que es y no el nombre que le pones. Desde el punto de vista de los tribunales es sancionable”.
El requerimiento a Madrid por el índice de precios, congelado
Capella ha avanzado que la Generalitat todavía no ha enviado el requerimiento al Ministerio de Vivienda para que incorpore el índice catalán de precios en el cálculo de los topes del alquiler. El requerimiento es el paso previo antes de ir a la Audiencia Nacional e interponer un recurso contencioso-administrativo. La consejera ha explicado que la intención es agotar la vía de la negociación, pero que no han recibido ninguna otra comunicación por parte del gobierno español para intentar llegar a un acuerdo. «Buscaremos los espacios para la negociación y si es inevitable, defenderemos nuestra posición en los tribunales”.
La consejera, que apura las últimas semanas en el cargo, sostiene que la contención de los precios del alquiler es un «instrumento que sirve para embridar el mercado cuando está desbocado”, como pasa actualmente en todo el país. «Muchísima gente, jóvenes y mayores, que tienen que volver a compartir viviendas, hay familias que viven en una misma vivienda y en una sociedad moderna del siglo XXI que tiene que garantizar derechos de los ciudadanos, esto es insostenible”.
