Las organizaciones internacionales comienzan a dudar de las finanzas públicas españolas. Después de que la Comisión Europea incluyera el martes a España en la lista de países de la UE en riesgo de desviarse de las normas fiscales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha protagonizado este miércoles un nuevo tirón de orejas al gobierno de Pedro Sánchez. Según el último estudio económico de la entidad, el Estado tendrá que «afrontar con más determinación» la mejora del sistema de pensiones, dados los incrementos que han experimentado en los últimos años. Según confirmó el Ministerio de la Seguridad Social, en noviembre deberá destinar más de 27.000 millones de euros a la nómina ordinaria de los pensionistas y la segunda paga extra de 2025. «Se prevé que las presiones fiscales aumenten, impulsadas principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del coste de las prestaciones», ha alertado el secretario general de la OCDE Mathias Cormann, en una comparecencia que también ha contado con la presencia del titular de Economía, Carlos Cuerpo.
Cormann, cabe decir, ha reconocido que en los últimos cursos «las finanzas públicas españolas han mejorado»; especialmente desde 2021, con una rebaja sustancial de la ratio de deuda sobre PIB, que cerró en 2024 en torno al 102%. Sin embargo, las previsiones en la partida de prestaciones sociales apuntan a un nuevo aumento en los próximos 25 años. Según los cálculos de la misma entidad, de hecho, el gasto en pensiones aumentará más de 3,2 puntos sobre el PIB hasta 2025, mientras que el conjunto de gastos públicos asociados al envejecimiento de la población -en ámbitos como la sanidad o la dependencia- escalará un 5,2% del valor total de la economía. De esta manera, la OCDE insta a España a «abordar el aumento de la inversión en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar la recaudación fiscal», como requisitos mínimos para «situar la deuda en un camino de descenso firme».
Reformas integrales
En la línea que ya han propuesto diversas organizaciones, tanto internas como internacionales, la OCDE reclama a España que lleve a cabo reformas «integrales» en varios ámbitos de las finanzas. El de las pensiones es uno: Cormann reclama, en este sentido, ajustar las prestaciones a una esperanza de vida más elevada, o alargar el período de referencia para el cálculo de las nóminas públicas.
También ponen el foco, como también lo hizo el lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el sistema impositivo. La OCDE sugiere al Estado que cambie el equilibrio de tributos, y apueste por aquellas figuras «menos distorsionadoras» de la actividad económica. Cormann identifica una «excesiva carga sobre el trabajo», que alerta que puede «desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo». No reclaman, sin embargo, una rebaja de la recaudación: de hecho, consideran que esta debería aumentar para «enfrentar las tensiones de gasto».
Así, enumeran posibles reformas, como una armonización al alza de los tipos del IVA, elevar la fiscalidad de la energía o igualar los impuestos al diésel y a la gasolina. Esta última, cabe recordar, era una propuesta de la CE que el ejecutivo no ha sido capaz de aprobar en las Cortes -cayó, de hecho, en el fracaso del impuesto a las energéticas, en uno de los momentos más polémicos en el Congreso de los Diputados de 2025-. Además, llaman a mejorar la productividad de las empresas, con medidas para eliminar trámites burocráticos y para acelerar el crecimiento de las pymes.
Crecimiento para 2025
Más allá del revuelo fiscal, la OCDE se alinea con el resto de autoridades económicas en cuanto a las previsiones de crecimiento. El PIB español cerrará 2025 con un crecimiento del 2,9%, tres décimas por encima de los últimos cálculos. Durante 2026 y 2027, como ocurre con el resto de economías desarrolladas, la entidad augura una desaceleración, con un 2,2% y un 1,8% de alzas respectivamente. Como ya apuntó el BBVA, el motor principal de la nueva actividad será la demanda interna. Un «mercado laboral sólido» fundamentará el consumo de las familias, y cubrirá el hueco que dejarán las exportaciones, en un contexto de «debilitamiento de la demanda externa».
