El nuevo mandato de Pedro Sánchez empieza con un ascenso. María Jesús Montero, la hasta ahora ministra de Hacienda y Función Pública, ha ganado un nuevo cargo y asume la vicepresidencia cuarta del gobierno español. La sevillana comienza un nuevo mandato dirigiendo uno de los ministerios que han estado en el foco de la actualidad en los últimos años. Montero mantiene su asiento en el Consejo de Ministros para gestionar -otra vez- los presupuestos, las cantidades impositivas y la ocupación pública. Algunos de los cambios más destacados de la legislatura han sido a causa de la guerra de Ucrania y la escalada de precios ha llevado Montero a adoptar el polémico impuesto a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Aun así, la ministra se enfrenta a un nuevo reto: las demandas de Junts. El partido independentista y Sánchez llegaron a un acuerdo que afecta de manera directa el ministerio de Montero. Sin todavía saber los detalles de cómo será el cambio, Junts ya pidió el traslado del 100% de las competencias con relación a los impuestos.
María Jesús Montero nació en Sevilla en 1966, es licenciada en Medicina y Cirugía, pero desde 2002 dejó la carrera hospitalaria para dedicarse a la política desde la Consellería de Salud de la Junta de Andalucía, que dirigió en dos ocasiones. Durante la gestión de este Departamento, reguló derechos como la segunda opinión médica, el consejo genético o la muerte digna. A partir de 2013, la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, le encomendó la coordinación de la hacienda andaluza y ganó posiciones dentro del partido. De hecho, en 2016 formó parte del sector crítico con el entonces secretario general Pedro Sánchez. En 2020, pero, fue el año que fue nombrada portavoz de gobierno español hasta mediados de 2021, cuando perdió el cargo en una remodelación del ejecutivo. A cambio, asumió también las competencias de Función Pública.
Energía, banca y grandes fortunas
Montero no ha tenido un liderazgo tranquilo. La sevillana ha vivido una pandemia que ha relajado las reglas de estabilidad financiera, una guerra en Ucrania y la posterior inflación a consecuencia de los dos hechos. Actualmente, pero, no parece que Montero tenga un trabajo más sencillo, puesto que tendrá que afrontar una legislatura de retorno a los objetivos de déficit y con la deuda pública a máximos históricos. Además, uno de los proyectos que tiene pendientes el ministerio de Hacienda es la publicación periódica de la ejecución presupuestaria territorial, que arrastra un retraso de más de seis meses.
Aun así, la ministra ya ha demostrado saber aumentar los impuestos cuando los tiempos lo piden. De hecho, una de las medidas estrellas de la fiscalidad del gobierno de Sánchez ha sido el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que estará en vigor en 2023 y en 2024 y busca compensar las diferencias entre el impuesto del patrimonio entre comunidades, como la de Madrid, que la ha bonificado al 100%. También el gravamen a la banca y a las energéticas, que ha recaudado 2.900 millones e 2023 y ha generado críticas generalizadas en estos dos sectores.
