La batalla fiscal que prolongó la Comisión de Hacienda hasta bien entrada la noche tiene su segunda entrega el próximo jueves. El pleno del Congreso de los Diputados recibirá el más que recortado dictamen que los portavoces de los grupos parlamentarios acordaron cerca de la una de la madrugada –tras siete horas reunidos-, en una de las derrotas más sonadas del gobierno español en el legislativo desde el inicio de la legislatura. La sesión plenaria culminará, así, con la votación del proyecto de ley para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales del 15%, la transposición de una directiva europea que ya llevaba casi un año de retraso. La Comisión, de hecho, llevó a principios de octubre al Estado ante el TJUE, dado que había superado con creces el objetivo de establecer la tasa -pensada como una herramienta disuasoria ante la evasión fiscal- el 31 de diciembre de 2023. Detrás del proyecto, sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado sacar adelante una extensa reforma fiscal, desde la fiscalidad a los cigarrillos electrónicos hasta el régimen de los clubes deportivos, pasando por dos de las políticas estrella del Partido Socialista la pasada legislatura: el impuesto a la banca y a las energéticas. El último cayó pocos días antes, en una intensa negociación con Junts y el PNB; mientras que el primero fue una de las víctimas de los precarios equilibrios en la Comisión -con un empate a 18 votos que acabó cayendo en contra por la ponderación de diputados de los grupos-. Un acuerdo in extremis con ERC, EH Bildu y el BNG logró revivir ambas medidas, si bien aún no han concretado en qué términos. Moncloa, así, salvó el esqueleto de la norma -sin la energía, pero con el compromiso de recuperar el de entidades financieras-. Todo ello, sin embargo, a falta de asegurar las mayorías para sacarlo adelante, y desatando la ira del empresariado afectado.
Tras una semana de cierta calma por la prospectiva caída del gravamen energético, que caduca -si la cámara baja no dice lo contrario- el 31 de diciembre, el acuerdo entre socialistas e izquierdas soberanistas ha sido leído por las grandes energéticas españolas como un ataque directo a su sector. El Club de la Energía (Enerclub), un lobby económico que agrupa a las principales multinacionales del sector, ha hecho un movimiento sin precedentes, con un agresivo comunicado público amenazando con retirar inversiones en el Estado por valor de más de 30.000 millones de euros. En línea con la postura que ya defendió con vehemencia el CEO de Repsol y expresidente del PNB Josu Jon Imaz, las ocho firmas que lo forman -Iberdrola, la misma Repsol, Naturgy, Moeve/Cepsa, Endesa, TotalEnergies, BP y EDP- aseguran que el proceso de descarbonización requiere un «proceso inversor perdurable en el tiempo»; un proceso que estaría en riesgo si la tasa se alarga en el tiempo. «Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, así como el desarrollo de la viabilidad económica y financiera de los proyectos», continúan las multinacionales. Una de ellas, de hecho, ha sido especialmente contundente en contra: el CEO de Endesa, José Bogas, ha declarado durante la presentación del plan estratégico de la compañía que es «imposible» sacar adelante la prórroga en los términos actuales. Reconoce, sin embargo, que las posiciones de Moncloa son «confusas» por ahora, lo que introduce aún más incertidumbre en su industria.
El gobierno español, sin embargo, se ha reservado una salvaguarda para evitar estos ataques desde el sector -ya vivos desde el primer movimiento de Imaz-. Poco después de que ERC, Bildu y el BNG hicieran público el acuerdo para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas -un pacto que, cabe recordar, no se incluye en el dictamen que se vota el jueves-, el ministerio de Hacienda puntualizó que este «no gravaría a las empresas que mantengan el compromiso de invertir en descarbonización». Un movimiento que sirve para intentar mantener los apoyos de Junts, haciendo equilibrios con las posturas de la izquierda soberanista. En una entrevista en TV3, la diputada republicana Pilar Vallugera ha declarado esta misma mañana que contemplan esta «excepción», si bien pone en alerta a Moncloa: cualquier «retroceso» en los compromisos haría virar los siete votos de la formación, dejando caer el impuesto del 15% a las multinacionales y todas las enmiendas que van asociadas. Más allá aún ha ido el portavoz en el congreso, Gabriel Rufián, que ha instado al ejecutivo a que anuncie antes del plenario el decreto por el cual alargará la vida del gravamen. Sin avances, alerta Rufián, el Partido Socialista y Sumar podrían tener «un problema» para sumar una mayoría en la cámara. Desde ERC apuntan, sin embargo, que «continúan con conversaciones» para sacar adelante el acuerdo refrendado la madrugada de lunes a martes. Más amistosa ha sido Euskal Herria Bildu que, a través de su portavoz Oskar Matute, han hecho un voto de confianza a Hacienda, asegurando que darán su voto afirmativo al paquete fiscal. Frente a los movimientos de las izquierdas, Junts ha reivindicado el trabajo hecho, lanzando reproches al resto de formaciones por «no haber hecho los deberes y negociar a última hora».
Complicaciones en la energía
Durante la larga comisión, cabe decir, el sector energético llegó a cantar victoria. El impuesto a las energéticas solo estaba presente en enmiendas de las izquierdas, que decayeron al no haber encontrado puntos en común con los partidos mayoritarios; mientras se solucionaba una de las demandas históricas de las empresas del mundo del crudo: la reforma del IVA de los hidrocarburos, dedicada a evitar un fraude en el sector que ya se valora en más de 2.000 millones de euros, según explican fuentes petroleras. Ahora, el retorno a la mesa del gravamen ha dado un giro a los planes de muchos negocios; especialmente de algunas petroleras independientes que, por tamaño y ritmo de actividad, se veían afectadas -y, de hecho, amenazadas- por el ya conocido como impuestazo. Es el caso de la catalana Nieves Energia/Axoil, que recuerda a este medio que, en caso de aplicarse sobre sus cuentas, tendrían que abonar «un 500% de su beneficio anual»; dado que registra una facturación muy elevada, de más de 4.000 millones de euros, pero sus márgenes son mucho más bajos que los de las compañías refinadoras -como Repsol o BP-. En caso de que se lleve adelante el acuerdo con BNG, ERC y EH Bildu, desde la patronal UPI lamentan que se les continúe «dando el mismo trato» que a aquellas empresas que sí disfrutan de las ganancias generadas por la refinación, lo que «las penaliza enormemente al imponer una carga fiscal que no guarda relación» con el resultado final de sus balances. La patronal asegura haber «contactado con todos los partidos» para cambiar esta situación y evitar «el enorme impacto que provoca» sobre los negocios afectados. Reconocen, sin embargo, que la excepción para las firmas que mantengan los compromisos de descarbonización podría llegar a ser un alivio, dado que la transición hacia las renovables es una tendencia arraigada en su segmento.
Las empresas consultadas, cabe decir, esperan la aprobación del proyecto de ley para gravar a las grandes empresas. Principalmente, aspiran a sacar adelante la reforma del IVA a los hidrocarburos. Con la nueva medida, a raíz de proyectos transaccionados por PNB y PSOE, los operadores que quieran extraer producto de un depósito deberán abonar el impuesto sobre el valor añadido del mismo a priori, o bien asegurar un aval bancario por la misma cuantía. Un guardarraíl que evita el masivo fraude que afectaba al sector, que se elevaba a un 20% de la facturación total, desde la entrada en vigor de la ley de hidrocarburos en 2015. Los empresarios petroleros, en este sentido, confían en que la votación sea favorable, aunque fuentes sectoriales dan por hecha la oposición de la derecha española. Los acuerdos con BNG, ERC y Bildu y la aquiescencia de Junts hacen pensar que las derrotas del pasado lunes se conviertan en una victoria para Sánchez en el próximo plenario. La duda, sin embargo, viene por los diputados de Podemos: la formación de Ione Belarra vincula el apoyo al proyecto de ley a «garantías que el impuesto a las energéticas se mantendrá».
La banca se moviliza
Sí que se votaría junto con la tasa a las multinacionales el impuesto a la banca, que no ha encontrado tantos obstáculos para convertirse en permanente. Los socios del gobierno de coalición, así como Junts, plantean un gravamen a las principales entidades financieras que afecte al margen de intereses y comisiones, con un tipo del 7% a partir de los 5.000 millones de euros. Mediante el pacto con las izquierdas, además, Moncloa aseguró una de las exigencias del Partido Nacionalista Vasco: distribuirlo a las administraciones regionales y concertarlo con las haciendas forales vasca y navarra. A la espera de la resolución, el sector ha acelerado su oposición, que se convierte en mucho más agresiva que en los últimos dos años. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguraba en la presentación del plan estratégico de la entidad para el trienio 2025-2027 que la tasa resta un 1% a la rentabilidad de la entidad, y la calificaba de «injusta»; mientras que el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, alertaba recientemente que la política fiscal de Moncloa «hace perder competitividad» a los bancos del Estado. Más dura ha sido la posición de la patronal del segmento, la Asociación Española de la Banca: su presidenta, Alejandra Kindelán, calificaba la norma de «ataque al crecimiento económico y al progreso social». La principal arma de la oposición empresarial al paquete fiscal del ejecutivo es el crédito. Según la misma organización empresarial, aprobar la reforma «restaría 50.000 millones de euros de financiación a familias y empresas» -una cifra que las autoridades españolas niegan, con el compromiso de «no afectar» el volumen de préstamos de las compañías gravadas-. A la espera del resultado del plenario, pues, Sánchez ha dejado en evidencia la fragilidad de sus alianzas políticas; y ha hecho más agria aún la relación con el gran capital madrileño.
