El gobierno español quiere que los alquileres de temporada acrediten los motivos de su causalidad porque, de esta forma, este tipo de arrendamiento se limitaría «a lo que tiene que ser», según ha explicado esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Desde la Moncloa avisan que actuarán de «urgencia» para frenar el auge de un modelo de negocio que, según ha apuntado la misma ministra, está «tensando» el mercado de la vivienda. «Ante el drama no se puede mirar a otro lado», ha incidido Rodríguez a la salida del Grupo de Trabajo que incluye, más allá otros ministerios, sindicatos, patronales, inmobiliarias, agentes de la propiedad urbana. El ejecutivo tiene previsto aterrizar la propuesta en un nuevo decreto.
Concretamente, lo que propone el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez es crear un registro en que tanto usuarios como propietarios tengan que argumentar el alquiler con «documentos» que avalen la necesidad de este tipo de contratos. «La temporalidad dependerá de la causa», ha indicado la ministra, poniendo de ejemplo los estudiantes que se desplazan por una carrera o trabajadores que momentáneamente residen otra localidad. Los socialistas insisten que los alquileres ordinarios –los tradicionales– requieren cierta documentación, como por ejemplo un contrato de trabajo, y que hay que asimilar el modelo con los temporales.
Más poder para los vecinos
El otro aspecto sobre la mesa de la Moncloa son los alquileres turísticos, que también han crecido en todo el Estado los últimos años. En este sentido, la ministra Rodríguez ha apostado por «empoderar» a los vecinos, mediante una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. La idea de la Moncloa es que las mismas comunidades de vecinos tengan más poder sobre el tipo de actividad económica que se puede llevar a cabo en su finca, de forma que se reducen los «abusos» a determinados vecinos.
El ejecutivo tiene previsto «apurar» las rendijas legales y las competencias estatales para hacer este paso de empoderamiento vecinal. La nueva ley tendría que «ajustar y clarificar» los términos en que las comunidades pueden opinar, para hacer su opinión «determinante» en la hora de permitir o no un alquiler turístico a la finca.
Los sindicatos son poco optimistas
Los sindicatos de vivienda de todo el Estado no han tardado ni una hora a cargar contra la propuesta del ministerio de Vivienda. Consideran que el anuncio de este martes «no solo no soluciona» el problema de la vivienda, sino que también «perpetúa las prácticas abusivas». El portavoz del Sindicato de Locatarias de Cataluña, Enric Aragonès, cree que el decreto «no servirá para nada» y recuerda que la «última propuesta de este tipo [regulación del precio de los alquileres] tardó más de 4 años».
Aragonès cree que el gobierno español desaprovecha la «oportunidad de regular verdaderamente estos alquileres» e insiste que llevarán en el Congreso su propuesta de ley, que por ahora cuenta con el apoyo de ERC, Sumar, Podemos, BNG y Bildu. Otras voces del movimiento de la vivienda remarcan que la ministra no ha propuesto cambios de calado a la ley de arrendamientos, como por ejemplo la posibilidad del cobro de honorarios a los inquilinos o el cobro de fianzas más altas de las permitidas.
