La Comisión Europea aprueba el cuarto pago del plan de recuperación español. Según un comunicado emitido este mismo jueves, el ejecutivo comunitario acepta 60 de los 61 hitos y objetivos recogidas a la estrategia económica de Moncloa y vinculadas a la obteniment de los fondos europeos, entre las que consta, entre otras, la recientemente desbloqueada reforma de los subsidios por desocupación. Con la aquiescencia de la CE, así, el Estado recibirá una ayuda directa de unos 10.000 millones de euros en los próximos 30 días. En total, las instituciones españolas habrán ingresado cerca de 50.000 millones de euros en concepto de transferencias no reembolsables surgidos de la estrategia de reanudación económica después de la pandemia, un 60% de la cantidad comprometida por Europa.
Justo es decir que el sí de Bruselas llega después de que el ejecutivo español pidiera una ampliación de plazo, marcada precisamente por el desacuerdo por el subsidio por desocupación. La propuesta generó una importante polémica, primero, entre el ministerio de Economía -entonces dirigido por la ahora presidenta del BEI Nàdia Calviño- y el de Trabajo, bajo Yolanda Díaz. Una vez el Consejo encontró los puntos en común, la medida fue bloqueada por Podemos, al poco de su salida del bloque de Sumar. Ahora, con el escollo ya superado, la CE trasladará su dictamen al Comité Económico y Financiero del Consejo de la UE, que tiene cuatro semanas para ratificar la opinión favorable y transferir los 10.000 millones de euros en cuestión. En total, el plan de recuperación español consta de 163.000 millones de euros, 79.800 de los cuales corresponden a ayudas a fondo perdido; mientras que los 83.200 restantes se facilitarán en forma de préstamos retornables. Esta segunda partida, pero, no se ha activado todavía; si bien Moncloa ya tiene previstos los mecanismos para acceder a crédito a unos 40.000 millones de euros.

Una pregunta en rojo
El examen europeo ha sido un práctico éxito para Moncloa, si bien la Comisión remarca que queda un importante punto ciego entre los retos planteados en el gobierno que preside Pedro Sánchez. Se trata de la digitalización del tejido de pequeña y mediana empresa, una meta que las instituciones españolas hace tiempos que persiguen sin encontrar la tecla adecuada para lograrla -el desarrollo del Kit Digital y las ayudas directas al tejido de negocio no han estado suficientes, ni bastante ágiles, para llegar por todas partes; y las pymes se han quejado a menudo de falta de guía por parte de las administraciones-. Ahora bien, en cuanto que se trata de un hito a medio plazo, la previsión de cumplimiento para finales del 2025 ha estado suficiente para la CE, y el Estado retomará los esfuerzos este mismo verano. Una vez las autoridades comunitarias validen la hoja de ruta digital, se transferirán cerca de 160 millones de euros para financiarlo.