El primer asalto contra las grandes tecnológicas se ha saldado con victoria de Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes las actuaciones de las autoridades europeas por atar en corto a gigantes como Apple o Google, que en los últimos años habían incumplido la legislación europea. La alta cámara europea ha ratificado, por un lado, la multa de 2.400 millones de euros que impuso la Comisión Europea en Google el 2018 por abuso de su posición sobre los fabricantes de móviles Android y, por otro lado, ha exigido a la compañía fundada por Steve Jobs que devuelva los 13.000 millones de euros en impuestos eludidos, más intereses.
La Comisión Europea ha sacado pecho de esta mano dura contra las grandes tecnológicas a través de su vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, que en una rueda de prensa ha reivindicado la importancia del veredicto de la justicia europea. «La decisión de hoy supone una gran victoria para los ciudadanos europeos y para la justicia fiscal«, ha asegurado. La dirigente danesa ha aprovechado la ocasión para remarcar que el nuevo ejecutivo comunitario continuará comprometido con la lucha contra la evasión fiscal y ha lanzado un aviso a países como Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos. «No puede ser que algunos estados miembros ofrezcan acuerdos que permitan pagar menos impuestos», ha apuntado.
Doble sentencia
Como comentábamos antes, estas palabras de Vestager llegan justo después de que la justicia europea haya avalado la actuación de Bruselas contra Apple y Google por incumplir la legislación europea. La Comisión Europea ha ganado el caso en Luxemburgo por las ventajas fiscales de Irlanda en Apple y la compañía tendrá que devolver más de 13.000 millones de euros en impuestos eludidos.
En otra sentencia que se ha hecho pública poco después, el TJUE también ha dado la razón al ejecutivo comunitario, que había impuesto una multa millonaria en Google por abusar de su posición dominante en el mercado. La multinacional estadounidense tendrá que pagar 2.400 millones de euros por obligar a los fabricantes de Android a instalar por defecto sus aplicaciones.
