El gobierno español ha conseguido desbloquear la Lley de la Vivienda después de más de un año de intentos para aprobarla en el Congreso. Gracias al apoyo de ERC y EH Bildu, el Estado ha podido dar luz verde en el acuerdo. La iniciativa empezó a cocerse el febrero pasado, pero en aquel momento los aliados de la investidura consideraron insuficiente el texto y reclamaban incorporar elementos como la regulación de los precios de los alquileres, uno de los principales escollos en la negociación que también pedía Unidas Podemos. Según ha confirmado el gobierno español en rueda de prensa, el tope del precio del alquiler será una realidad, así como otras propuestas, como por ejemplo, más protección ante los desahucios, el replanteamiento del pago de los honorarios de las inmobiliarias o bien la reducción a cinco los inmuebles necesarios para ser considerado gran tenedor.
La ley de la vivienda responde a un compromiso de legislatura de Pedro Sánchez, y grupos de izquierdas como su socio de gobierno le reclaman desde hace meses. También colectivos en defensa de la vivienda, como por ejemplo lo Sindicado de Locatarias, reclamaban la aprobación de esta norma con modificaciones para hacerla más ambiciosa. Uno de los puntos que más se demandaba y que ha estado objeto de la disputa principal en el Congreso es el tope del precio del alquiler. En este sentido, el tope en el precio del alquiler llegará en las áreas que se consideren tensadas. Así pues, ciudades o pueblos donde el alquiler y los gastos generales ocupan más del 30% del sueldo de los ciudadanos, o bien el precio de compra o alquiler haya aumentado tres puntos del IPC en los últimos cinco años, serán consideradas áreas de riesgo y, por lo tanto, se topará el precio máximo que se pide para alquilar una vivienda.
En cuanto a los grandes tenedores -uno de los otros factores polémicos de esta ley por el aumento de los fondos buitre– el acuerdo que ha marcado esta ley es que se rebaja el número de inmuebles necesarios para ser considerado un gran tenedor. A partir de la aprobación de la ley, los propietarios con cinco inmuebles o más serán considerados grandes tenedores y, por lo tanto, se los aplicarán las medidas concordando con su nuevo estatus. También en relación con los propietarios y las cláusulas abusivas que como norma general se han ido viendo en los últimos años, la ley asegura que ya no se podrá renunciar por contrato a cumplir la ley. Así pues, no se podrá llegar a un acuerdo entre las dos partes por no tener en cuenta las normativas. Además, los honorarios inmobiliarios los pagará el mismo propietario y se elimina el IPC como índice para encarecer la renta anual.
Un apartado solo dedicado a los desahucios
Una de las otras iniciativas que se enmarca en esta ley es la reducción de los desahucios, así como la protección de las familias en situación vulnerable. Así pues, los portavoces de ERC y EH Bildu han confirmado que se eliminarán los desahucios sin lugar ni hora predeterminada, es decir, siempre se necesitará un previo aviso, así como haber agotado todas las alternativas. En la línea de la investigación de alternativas, esta ley también reconoce que serán las comunidades autónomas y en otros casos los ayuntamientos, los encargados de poner en marcha las medidas necesarias para evitar un desahucio, así como las sesiones de conciliación entre las partes.
