La respuesta europea para la recuperación económica tras la crisis generada por la COVID-19 hace más de cinco años fue la activación de los fondos Next Generation para afrontar los retos que el continente atravesaba en aquel momento, pero también para tener una oportunidad para impulsar la transición ecológica y la transformación digital. A finales de agosto de 2026 finaliza el período para ejecutar todas las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del estado español. Desde la Comisión Europea ya han asegurado que estos fondos no tendrán ninguna prórroga, lo que plantea dudas para este año que comienza sobre cómo se acelerará la presentación de proyectos para el dinero que se ha concedido al estado español que aún se encuentra pendiente de determinar. De hecho, el Banco de España alertó hace unos meses de la “considerable incertidumbre” que existe sobre cómo estos fondos se han articulado, ya que el volumen de ejecución ha sido inferior al esperado, apuntaba la entidad dirigida por José Luis Escrivá. En Cataluña, la ejecución apenas supera la mitad de los recursos previstos, con la transición ecológica como uno de los principales retos pendientes, así como la desconfianza de que estas ayudas hayan podido ayudar a transformar el sistema económico del país.
Según datos del gobierno español actualizados a finales de noviembre sobre las convocatorias y resoluciones de estos fondos -publicadas en la herramienta de visualización ELISA-, la administración general del estado ha resuelto 37.522 millones de euros de los 50.337 que tenía asignados a diferentes convocatorias, una cifra en cuanto a las resoluciones que queda muy lejos de los casi 80.000 millones de euros que se concedieron al estado español y se canalizaron a través del plan de recuperación. En cuanto a Cataluña, los datos del gobierno español muestran que la cantidad a ejecutar es de 9.307 millones de euros, entre la administración estatal y la administración catalana. De esta cantidad, se han resuelto poco más de la mitad de los 6.118 millones de euros de las convocatorias que se han tramitado. En concreto, se han resuelto 3.558 millones de euros, un 58,2% de los fondos convocados.
Estos fondos han sido adjudicados mayoritariamente a microempresas y pymes, las cuales han ido viendo ciertos obstáculos en la burocracia necesaria para recibir estas ayudas. “Con el primer anuncio de los fondos se tuvo esperanza, pero, poco a poco, se vivió con cierta decepción, por toda la complejidad que conllevaba”, explica Killian Garcia, director de Internacional de Foment del Treball. En este sentido, añade que a menudo cuando las pymes son más pequeñas encuentran más dificultades para presentar proyectos que permitan acceder a los fondos. A pesar de estas dificultades, Pere Cots, director de consultoría estratégica y financiación de Pimec, asegura que las empresas se han adaptado paso a paso al planteamiento marcado desde Europa. “Algunas de las normativas a la hora de solicitar estos fondos son para evitar casos de corrupción, lo que a veces impide que el proceso para obtener la financiación sea más rápido”, explica Garcia, que añade que, “el proceso tiene que existir, pero se podría haber hecho mejor”.

Menos ejecución en la transición energética
En cuanto a los sectores de actividad en los cuales se han destinado estos fondos en Cataluña, los datos publicados por el gobierno español muestran que la modernización del tejido industrial ha recibido un 30% del importe de las convocatorias resueltas, seguido de agenda urbana y rural que ha recibido un 20%. Por otro lado, ámbitos como las infraestructuras sostenibles solo han recibido un 10% del importe, mientras la partida de transición energética representa el 4% de las convocatorias que se han resuelto, una cifra que sorprende teniendo en cuenta los objetivos europeos continuados de trabajar hacia una energía más limpia y la descarbonización. Aunque ciertos proyectos de la modernización industrial “también pueden comprender aspectos para la transición energética”, tal como apunta Garcia, también señala que este hecho es una muestra de cómo la ejecución de los fondos “aún tiene un gran margen para recorrer en los pocos meses que quedan”.
Cots señala que “cuesta encontrar explicación” al hecho de que algunos proyectos centrados en la adaptación y modernización de la industria de la automoción, o la promoción de las fábricas de baterías, por ejemplo, “continúan en el tintero”. “Pero hay que pensar que la ejecución de estos fondos avanzará hasta una cifra razonable este 2026”, añade Cots. En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció en diciembre que antes de que se finalicen los plazos marcados por parte de Europa, el gobierno español hará otra solicitud para la ejecución de estos fondos.

¿Se ha logrado la modernización económica?
Más allá de los datos sectoriales concretos de Cataluña, Garcia apunta que las administraciones se deben plantear si con estos fondos “se ha completado la intención de transformar la economía europea en conjunto o hemos seguido haciendo más de lo mismo”. En este sentido, considera que por parte de algunas empresas “no han sabido adaptarse y modernizarse para competir en el mercado internacional en el que jugamos”.
Además, añade que, una parte relevante del crecimiento económico que se ha visto en el estado español ha estado asociado a estos fondos, y plantea la duda de cómo repercutirá la retirada de estos fondos. “¿Hemos creado una base innovadora independiente e internacional que puede mantener el crecimiento económico, o cuando se acaben las inversiones de Next Generation se dará un paso atrás?”, se pregunta Garcia. Más allá del impacto que este financiamiento ha tenido en la mejora de las infraestructuras del conjunto del país por parte de las administraciones públicas, desde Foment apuntan que también hay que hacer un análisis de la transformación económica: “veremos en los próximos años si realmente ha sido así o si queda algo por mejorar”, concluye Garcia.
