El gobierno español, tras semanas de malabares, ha conseguido recuperar la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante su reforma fiscal. El paquete de medidas que Moncloa quiso añadir detrás del proyecto de ley que transponía la directiva europea que obliga a gravar con un 15% a las multinacionales seguirá adelante, y sus dos grandes protagonistas continúan vivos -aunque con diferentes estados de salud-. El impuesto a las energéticas, que había caído en su forma actual de la lista ante la oposición del Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, se debatirá en una comisión para reavivarlo en forma de proyecto de ley; mientras que el impuesto a la banca sí que se ha colado entre las enmiendas que se votarán al finalizar la sesión plenaria. Acordado en términos con Junts y con el apoyo de las izquierdas soberanistas, el gravamen financiero que saldrá de este pleno será diferente al que entró en vigor en 2022. Según los términos del ministerio de Hacienda, este ganará en progresividad, con un tipo mucho más elevado para las grandes entidades; y en descentralización.
La gestión por parte de las administraciones territoriales era uno de los puntos clave dentro de las demandas de juntaires y jeltzale para ofrecer sus apoyos al tipo impositivo. Así, los diputados nacionalistas han conseguido que las haciendas forales navarra y vasca sean las gestoras del ingreso. En cuanto a los tesoros que aún forman parte del régimen común -como es el caso catalán- el nuevo diseño prevé una distribución íntegra de la recaudación de acuerdo con el producto interior bruto de cada territorio. Se trataba de una enmienda clave para acordar el sí de Junts, que la ha celebrado en el atril del Congreso por voz del diputado Josep Maria Cruset.
En cuanto al diseño del impuesto, añade un nuevo punto especialmente dedicado a las entidades financieras con mayores márgenes de intereses y comisiones. Las firmas que registren unos rendimientos en estos conceptos superiores a los 5.000 millones de euros pasarán a estar gravadas con un 7%; un tipo que irá bajando de acuerdo con el beneficio de las más pequeñas. De esta manera, el tramo más alto solo afectará a CaixaBank, el Santander y el BBVA -aún más al banco vasco si llegara a ejecutar la cada vez más lejana OPA sobre el Sabadell-; mientras que sería beneficioso para las entidades medianas y pequeñas que, en conjunto, pagarían lo mismo o menos. El banco presidido por Josep Oliu, por ejemplo, entraría en el segundo escalón, con un gravamen del 6%, un punto más bajo que el que deberían abonar en caso de fusión -ofreciendo un argumento más para no vender-.
Paga todo el mundo
El gobierno, cabe decir, también ha escuchado algunas de las demandas de la gran banca. En concreto, ha cambiado el objetivo de la tasa: la que se aprobó en 2022 tenía como foco exclusivamente aquellas entidades con sede social en el estado español, mientras que la que se aprobará esta noche gravará a todos aquellos bancos que operen en territorio estatal aunque sean extranjeros. Así se evita, según las empresas afectadas, una «competencia desigual» en términos de capacidad de inversión o de crédito a favor de los foráneos.
Dura oposición empresarial
Ante la posibilidad -ahora prácticamente materializada- de hacer indefinido el impuesto a la banca, los directivos del sector han intensificado su discurso contra Moncloa en las últimas semanas. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha acusado al gobierno de aprobar normas que «hacen perder competitividad» al sector -a pesar de ser una de las entidades menos afectadas, con poco más de 1.500 millones de ingresos por intereses y comisiones-. Por su parte, CaixaBank ha alertado que un tipo como el propuesto reducirá un 1% su rentabilidad anual, con un coste de unos 500 millones de euros. Más duras han sido las valoraciones de la patronal bancaria: la presidenta de la asociación española de la banca, Alejandra Kindelán, ha calificado el acuerdo de un «ataque al crecimiento económico y al progreso social». Kindelán, de hecho, ha agravado la principal amenaza que las entidades financieras han puesto sobre la mesa para disuadir a Moncloa y partidos: según sus cálculos, los costes adicionales generados por el gravamen restarán 50.000 millones de euros de crédito a empresas y usuarios. Una alerta, cabe decir, que Moncloa rechaza, sobre el compromiso de acordar fórmulas para no dañar el ritmo de préstamos que lleguen a la economía familiar y productiva.
