El impuesto temporal a las grandes fortunas que impuso el gobierno español el año pasado solo ha recaudado este año 2 millones de euros en Cataluña, según datos publicados este miércoles por el ministerio de Hacienda. En concreto, un total de 322 contribuyentes catalanes han tenido que pagar este impuesto, que solo afecta los patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros. Al conjunto del estado, el gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado 623 millones de euros a 12.010 grandes fortunas que solo representan el 0,1% de los contribuyentes totales. Según los datos de Hacienda, la media que se ha abonado por este impuesto ha estado de 52.000 euros.
Para evitar la doble imposición, las grandes fortunas que tienen que pagar este impuesto solo tributan por la parte del patrimonio que no haya sido grabada por su comunidad autónoma a través del impuesto de Patrimonio. Así, se hace una deducción de la cuota ya pagada, y se descuenta del nuevo impuesto. Esto explica por qué Cataluña, que después de Madrid, Andalucía y los ‘no residentes’, es la comunidad con más grandes fortunas (322) aporte solo 2 millones, lejos de los 29,7 de Andalucía, los 91 de Galicia o los 555 millones de euros de Madrid, donde el impuesto de patrimonio está completamente bonificado.
En definitiva, este impuesto del gobierno de Pedro Sánchez ha obtenido la mayor parte de la recaudación del impuesto de todas aquellas comunidades que tienen el impuesto bonificado. En estas comunidades gobierna el PP, puesto que Madrid, Andalucía y Galicia suman más del 95% de los contribuyentes de este impuesto. Según Hacienda, la recaudación total por el impuesto a las grandes fortunas y el de patrimonio ha subido hasta más de 1.868 millones de euros.
Las patronales cargan contra el impuesto
Por la parte de los agentes sociales, los que más críticos se han mostrado con este impuesto han sido las patronales. En Cataluña tanto Foment como Pimec se han mostrado muy críticos con el ejecutivo español. La patronal dirigida por Josep Sánchez Llibre, de hecho, no solo ha criticado la aplicación, sino que lo ha llevado a la Audiencia Nacional para explorar una cuestión de inconstitucionalidad. La actuación, según explica el abogado del Estado y socio consultor de Roca y Junyent, Manuel Silva, busca una “acumulación de fuerzas”, de hecho, con la demanda interpuesta por los populares.
Desde patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, Pimec, también se han mostrado muy críticos con el impuesto, concretamente con el acuerdo de Govern por ampliar el impuesto de patrimonio. El presidente de la organización empresarial, Antoni Cañete, consideró que el impuesto tiene un gran “afán recaudador” y un golpazo para el rendimiento de la actividad empresarial catalana.
