La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo público español que supervisa las finanzas públicas, ha criticado el sistema fiscal del Estado. La entidad presidida por Cristina Herrero ha emitido este lunes una opinión fundamentada en la que califican la estructura impositiva española de «poco sólida, poco coherente y poco eficaz«. A juicio de la AIReF, es imprescindible abordar una «reforma integral» para «alinearlo con el marco europeo».
La denuncia de la AIReF contra la fiscalidad española viene de lejos. El mismo informe, de hecho, recuerda que los sucesivos estudios que han impulsado en los últimos años ya han «identificado debilidades en el funcionamiento del marco fiscal» desde su origen, en el año 2012. Los defectos que identifican se encuentran en la práctica totalidad del sistema; tanto en el planteamiento normativo como en las instituciones e instrumentos que deben aplicarlo. La Autoridad identifica «debilidades derivadas tanto del diseño del sistema fiscal como de su aplicación práctica» que se mantienen desde hace más de una década.
En este sentido, Herrero ha asegurado que Europa abre una puerta para rehacer completamente la forma en que España trata la fiscalidad. A medio plazo, el gobierno español debe trabajar en la transposición de la directiva de la UE 2024/1265, sobre los marcos presupuestarios de los estados miembros. Entre otras cuestiones, Bruselas obliga a los ejecutivos de cada uno de los 27 a establecer una hoja de ruta para las cuentas nacionales «creíble y efectiva» a medio plazo, con planes fiscales a al menos tres años vista. La aplicación de esta orden comunitaria es, a juicio de la presidenta, «una oportunidad para reformar el marco fiscal» y limpiarlo, argumentan, de las debilidades que padece.
Los vacíos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
El informe de la AIReF detalla una «falta de consistencia» entre las normativas, lo que erosiona el diálogo y la coordinación entre administraciones. También apuntan que las medidas correctoras asociadas al modelo fiscal son «excesivamente estrictas» y «resultan inaplicables». Entre otras cuestiones, denuncian que el principio de eficiencia fiscal, fundamental para «la sostenibilidad a medio y largo plazo» de las cuentas públicas, no tiene un «desarrollo específico»; lo que, en un contexto de normas fiscales europeas estrictas, puede acabar provocando recortes de gasto público. Reclaman, por otro lado, más «implicación» por parte de las administraciones territoriales; necesaria ante la «falta de mecanismos efectivos de coordinación» entre las diferentes escalas del sector público.
Así como la eliminación de los mecanismos extraordinarios de financiación autonómica, que, a su juicio, «limita el principio de responsabilidad fiscal»; porque da salidas forzadas a aquellos gobiernos que no lo acaten. Con un cumplimiento estricto de todas estas normativas, ahora erosionadas por las ineficiencias que detecta la Autoridad, defienden que se podría haber reducido la deuda pública española hasta el 69% del PIB, lejos del 103% actual.
Sobre este diagnóstico, la AIReF reclama «desarrollar» normativamente muchos de estos principios -como el de eficiencia, el de lealtad institucional o el de transparencia- que las leyes actuales dejan huérfanos, así como «reformular» los mecanismos extraordinarios de financiación de las administraciones territoriales. También plantean ampliar la regulación de la cláusula de escape de los límites fiscales europeos, ahora activa para permitir el aumento del gasto en defensa por parte de los estados miembros. Otras demandas de los expertos fiscales son la inclusión de un período medio de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas; y mejorar los planes fiscales estructurales de medio plazo para que estos incluyan «verdaderas estrategias fiscales a medio plazo».
