El gobierno español enfrenta una nueva derrota en una votación parlamentaria clave. En esta ocasión, en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. En una sesión que dura más de siete horas -se encuentra ahora en medio de un eterno receso- Moncloa podría perder sus dos medidas fiscales estrella de la pasada legislatura: los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca. El gravamen a las grandes eléctricas y petroleras, cabe decir, estaba en entredicho desde que el PSOE llegó a un acuerdo con Junts y el PNV para dejarlo caer de la reforma fiscal debido a las amenazas de Repsol y otras multinacionales del sector de retirar inversiones en Cataluña y el País Vasco. A pesar de la ausencia de mayorías, las izquierdas -Sumar, el BNG, EH Bildu y ERC- han presentado enmiendas a la propuesta de ley que se votaba este lunes para retomar el gravamen, considerándolo «imprescindible» para sostener el estado del bienestar. Ninguna de ellas, sin embargo, ha salido adelante, sin los votos afirmativos de jeltzales y juntaires que fundamentaron la mayoría de investidura y con la oposición de la derecha española.
Más duro ha sido el revés de la derrota del impuesto a la banca. La votación clave ha terminado en un empate a 18 votos -la mayoría para que una propuesta llegue al hemiciclo se encuentra en los 19 apoyos-, lo que ha forzado a la mesa a decidir por voto ponderado, imponiéndose las referencias de escaños de cada grupo parlamentario representado en la reunión. Tampoco ha conseguido salir adelante el fin de los privilegios fiscales a las socimis, que debían perder el régimen impositivo especial del 1% que mantenían hasta ahora entre amenazas de empresas como Colonial. Sí se han aprobado puntos clave del programa socialista, como el gravamen a los vapers, el impuesto a los alojamientos turísticos o la reforma del IVA del sector petrolero destinada a eliminar el fraude que, según las compañías afectadas, escala hasta el 20% de la cifra de negocio total de la industria.
Una directiva europea trastocada
Cabe decir que la medida original incorporaba exclusivamente la transposición de la directiva europea para garantizar que las grandes multinacionales abonen un impuesto de sociedades mínimo del 15% -una medida que parte de la OCDE y con la cual Bruselas aspira a desincentivar la fuga a paraísos fiscales-. Todas las formaciones, cabe recordar, apoyaban; si bien aún hay posibilidades de que la norma caiga por las desavenencias en los añadidos que Moncloa ha hecho al redactado -esta propuesta de reforma fiscal que el PP le reprocha desde su presentación-. Varias formaciones han puesto en entredicho la estrategia de Sánchez de vincular su reforma fiscal a una ley esencial para, por ejemplo, la llegada de hasta 11.000 millones de euros en fondos europeos. Entre ellas, la diputada de ERC Pilar Valluguera la ha calificado de «chantaje» durante su intervención en la comisión.
Tras votar el conjunto de enmiendas, el presidente de la comisión, el diputado socialista Alejandro Soler, ha convocado un receso que aún no ha finalizado, poniendo en entredicho la aprobación del dictamen necesario para que el proyecto de ley pase al pleno del Congreso. Según la prensa de Madrid, los socialistas se encuentran ahora mismo negociando con populares y ERC para buscar una mayoría viable para sacar adelante una propuesta que estaría aún en riesgo de caer una vez llegue a la votación final, que dirimirán los 350 diputados.
Enfrentamientos entre bloques
Las principales medidas que Moncloa ha intentado sacar adelante ligándolas a la transposición de la directiva europea han sido motivo de batalla entre las formaciones que fundamentaron la mayoría de investidura de Pedro Sánchez. Las izquierdas soberanistas -EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y el BNG- han sido especialmente agresivas contra el gobierno español por las concesiones a Junts y el Partido Nacionalista Vasco en cuanto al gravamen energético. El diputado abertzale Oskar Matute ha llegado a acusar a los dos grupos nacionalistas de «actuar al dictado de Josu Jon Imaz», CEO de Repsol y, precisamente, expresidente jeltzale. El gallego Nestor Rego, por su parte, ha defendido el mantenimiento de la tasa, argumentando su carácter «esencial para el estado del bienestar»; mientras que la republicana Pilar Valluguera ha acusado a Junts y PNV de ser «lacayos de las energéticas». «No debe haber impuesto porque los señores de Repsol así lo han decidido, y por ahí no pasaremos» espetaba la representante de ERC. Por su parte, la representante de los de Aitor Esteban en la comisión, Idoia Sagastizabal, ha acusado a la bancada progresista de añadir a la propuesta de ley enmiendas «para mantener un discurso», pero sin recorrido real en la Cámara. A su lado, el portavoz fiscal de la formación del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Josep Maria Cruset, ha tildado el gravamen de «nocivo para Cataluña», en tanto que amenaza para las inversiones productivas en Tarragona -en línea, precisamente, con las posiciones de Imaz-.
Otras medidas, cabe decir, no han sido tan polémicas. El conjunto de formaciones, por ejemplo, se han avenido a aprobar las enmiendas relacionadas con la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido para los operadores petroleros, una demanda histórica del sector dirigida a «poner fin al fraude» que inunda su tejido de negocio, equivalente -según recordaba el presidente de Nieves Energia, Lluis Nieves- al 20% de la facturación total. No sin dardos, cabe decir: el diputado del Partido Popular Santi Rodríguez ha celebrado el voto positivo de la totalidad de la comisión -a excepción de Vox- a la enmienda, golpeando al PSOE por una de las derivadas del caso Koldo. “Han tenido que atrapar al socio de Ábalos para que lo saquen adelante”, ha espetado el portavoz conservador; en referencia al negocio de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, que habría generado más de 180 millones de euros en beneficios irregulares a los empresarios.
