La guerra abierta de Donald Trump contra la Reserva Federal sigue escalando. Lisa D. Cook, la gobernadora que Trump ha amenazado con despedir en medio de un escándalo por un caso de supuesto «fraude hipotecario», llevará al presidente a los tribunales. Así lo ha adelantado este mismo miércoles el abogado de la dirigente monetaria, Abbe Lowell. «Presentaremos una demanda contra esta acción ilegal», ha declarado Lowell, un abogado conocido en Washington por haber defendido a figuras políticas como el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, o el yerno y exasesor del mismo Trump, Jared Kushner. «El presidente Trump no tiene ninguna autoridad para despedir a la gobernadora Cook. Su intento de despedirla, que solo se basa en una carta abierta, no tiene ninguna base factual ni legal«, ha añadido.
Desde el inicio de la polémica, el entorno del Partido Demócrata ha cuestionado que Trump pueda aferrarse a alguna fisura legal para despedir a una gobernadora de la Fed. Un precedente establecido por el Tribunal Supremo hace más de 80 años niega a la autoridad federal cualquier discrecionalidad a la hora de eliminar cargos de las agencias que dependen del gobierno -como es el caso de la Reserva-. Solo podría hacerlo con una causa legal probada. En este caso, el presidente se refiere a una acusación que pesa contra Cook por un posible fraude hipotecario. Según esgrimía, la gobernadora habría aportado datos falsos en la documentación de dos hipotecas sobre propiedades en los estados de Michigan y Georgia.
La acusación, cabe decir, está políticamente cargada. El dedo que apunta hacia Cook es el de Bill Pulte, un ultraderechista colaborador de Trump que preside, a expensas de la actual administración, la autoridad federal de financiación para la vivienda. Pulte, cabe decir, ya ha aprovechado su posición para intentar atacar a otras autoridades vinculadas al entorno Demócrata, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, o el senador de California Adam Schiff. Cabe decir que Trump ha admitido las intenciones políticas del ataque a la gobernadora. En declaraciones a la prensa, aseguró que «cuando tengamos mayoría (en la Fed), la vivienda se solucionará». «Bajaremos los tipos y, cuando lo hagamos, cambiará todo muchísimo. Será genial», añadió, con su habitual tono triunfalista.
Hacia el Supremo
La denuncia de Cook y Lowell pasará por varios niveles judiciales, pero se espera que termine en manos del Tribunal Supremo. Cabe decir que, a pesar de la mayoría conservadora, los jueces federales ya han publicado este año una opinión conjunta que niega la autoridad del presidente para tomar decisiones relativas al personal de las agencias federales. Entre otras cuestiones, la corte suprema alegaba riesgos para la reputación del principal banco central del planeta -como ya han ratificado los mercados, temerosos en los últimos días por la inestabilidad que está provocando el presidente-. El primer paso, sin embargo, llegará al tribunal del distrito de Washington. Será este juez estatal el que decidirá en primera instancia si Cook puede continuar ocupando su silla en la mesa monetaria mientras dura el procedimiento judicial. «Como siempre, la Reserva Federal cumplirá con cualquier decisión judicial», ha declarado la Fed en un comunicado.
