Esquerra Republicana de Cataluña, cerca de tres meses después de unos comicios catastróficos y al final de jornadas maratonianas de negociaciones, ha impuesto su modelo de financiación. Como mínimo, lo ha hecho en el título. Así lo recoge el apartado segundo del documento de 25 páginas que sella -a la espera de la militancia- el pacto entre republicanos y PSC para investir el primer secretario Salvador Isla como Presidente de la Generalitat. Lejos del creativo «concierto solidario» que puso sobre la mesa el anochecer del pasado lunes la portavoz de la formación amarilla Raquel Sans, el entendimiento entre partidos recoge un «acuerdo por un nuevo modelo de financiación singular» para Cataluña -la fórmula que tanto el presidente Pere Aragonès como la consejera de Economía Natàlia Mas usan desde la presentación del proyecto, justo antes del 12-M; y que había levantado tanta polvareda entre barones autonómicos populares y socialistas-. El texto, pero, deja en el aire buena parte de la concreción, que saldrá de la comisión bilateral con el Estado prevista para el primer semestre del 2025 -y que presidirían Isla y Pedro Sánchez-. También caen del redactado explícito conceptos clave que sí que ha mencionado ERC, como por ejemplo una salida del régimen común.
El preacuerdo parte de una máxima compartida por ambos partidos -y, de hecho, por todas las fuerzas democráticas del Parlamento-: «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces el que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios», reza el documento, a guisa de previa de unas breves cuatro páginas que esbozan el que tiene que ser, en caso de aprobarse, el sistema de financiación de la Generalitat. Tal como avanzó Sans en la rueda de prensa posterior a la interminable ejecutiva de lunes, bajo el nuevo modelo, será la Generalitat «quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña»; todo ello ejecutado desde la Agencia Tributaria Catalana. El pacto recoge también un aumento de la «capacidad normativa» en cuanto al marco regulador de los impuestos; si bien admite la «coordinación con el Estado y la Unión Europea» en este ámbito. No hace, justo es decir, ninguna mención explícita al concierto fiscal. Tampoco en la salida de Cataluña del régimen común, para el que prevé «no reformarlo, sino cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad». Sí que compromete «las modificaciones que correspondan a la LOFCA, la Ley de Financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos en Cataluña» para desplegar este proyecto.
El agente central de la iniciativa, como avanza el pacto, es la Agencia Tributaria de Cataluña, capaz -reconocen los partidos- «de asumir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los impuestos» correspondientes al país. El tráfico hacia la plena soberanía fiscal de Cataluña empezará, ya lo avanzó Sans, con la campaña del IRPF del 2025 -que se abonará el año siguiente-; si bien se explorarán también propuestas durante el mismo curso en relación con el IVA de las pequeñas y medianas empresas y de los arrendamientos turísticos -arran, especialmente, de la directiva europea que buscará regular este conflictivo sector-. En este sentido, el desarrollo de una Hacienda catalana de la mano de la ATC tiene que ser «una prioridad» para el ejecutivo que, en caso de salir adelante, presidirá el primer secretario de los socialistas catalanes.
Entretanto se acaba de ejecutar el nuevo modelo, el preacuerdo prevé un incremento «sustancial» de los recursos disponibles para el Gobierno, así como una implantación definitiva de la ordinalidad en la asignación económica -después de que se haya confirmado, un golpe más, que Cataluña es al podio de la aportación fiscal a las arcas españolas, pero a la cola en la recepción-. También se tendría que actualizar la financiación de la Generalitat para dar cuenta de sus atribuciones competenciales específicas, adaptando el modelo de transición a los «costes reales» que soportan las administraciones del país
Solidaridad explícita
El acuerdo, tal como anunció Sans y como ya recogía el planteamiento de la conselleria d’Economía, recoge un compromiso explícito de una aportación catalana a la caja española, con dos capítulos: en primer lugar, una transferencia correspondiente a los servicios prestados por el Estado en territorio catalán, que se concretará con un porcentaje de participación en los tributos; y una tasa de solidaridad «explícita» y «reflejada de manera transparente», para ayudar aquellos territorios incapaces de mantener sus balances con los recursos que generan «siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». Una ratio, justo es decir, también estrechamente vinculada a primeros de ordinalitat, y que se pactaría con el Estado durante el primer semestre en el marco de la mencionada comisión bilateral.
Más allá de las aportaciones de Cataluña en otros territorios del Estado, el entendimiento hace explícito el «consorcio para las inversiones» que permita elevar la ínfima ejecución de las inversiones que Madrid agenda para el país. Esta mesa común, constituida también por ambas administraciones, tendría una dotación presupuestaria propia, equivalente, tal como recoge el texto, «a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta». Es decir, para asegurar no con solo que se ejecuten la mayoría de inversiones planeadas; sino que estas correspondan a la aportación de Cataluña al producto interior bruto español.
Hostilidad española
Ni Moncloa ni el Partido Socialista Obrero Español se han pronunciado todavía respecto del acuerdo, más allá de la tibia celebración de la ministra portavoz Pilar Alegría de un documento que, en caso de ser aprobado por las bases republicanas, garantizará la Generalitat a los socialistas. Sí que se han pronunciado los barones más explícitamente españolistas de la formación del puño y la rosa, con agrios ataques contra la financiación singular. Es el caso del presidente extremeño, Emiliano García-Page, que ha tildado el anuncio de «grave atentado contra la igualdad» territorial. Page, que se ha añadido a menudo a los presidentes autonómicos populares para asediar cualquier acuerdo entre el gobierno español y los independentistas -la amnistía o los indultos, sin ir más lejos-, ha justificado sus golpazos al PSC en clave progresista en una publicación a su cuenta de X, antiguo Twitter: «Los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no nos podemos dedicar a ampararla. Y todavía menos, a protegerla». En términos similares se ha expresado el expresidente aragonés Javier Lambán que, también vía piada, ha considerado «inadmisible» el preacuerdo. «El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Isla», extravaga el dirigente.
