La nueva ley de la vivienda ha sido una de las normativas más polémicas de este último año. El tope del precio del alquiler y el aumento del número de pisos para considerar a una persona grande tenedor fueron las iniciativas que más cohibieron a expertos y ciudadanos. Ahora bien, la normativa llegó para intentar paliar las consecuencias del aumento desmesurado de los precios de las viviendas, que ya han convertido a gran parte de la sociedad en población vulnerable en la hora de adquirir un piso. Ante todas estas cuestiones, Sánchez ha decidido recuperar el ministerio de Vivienda -que desapareció en 2010 por falta de competencias- y ha designado Isabel Rodríguez para estar al frente de la nueva cartera.
Con el nuevo orden del gobierno de Pedro Sánchez, la que era portavoz del gobierno español y ministra de Política Territorial, volverá a dar vida a un ministerio que había quedado soterrado bajo las competencias de la cartelera de Territorio. Graduada en Derecho en 2004 por la Universidad de Castilla-La Mancha, fue secretaria general de la Comisión Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Ciudad Real. Aquel mismo año en las elecciones, obtuvo un escaño en el Senado por Ciudad Real, en las filas del PSOE convirtiéndose en la senadora más joven del estado español. En 2008 ocupó un cargo en el Congreso regional del PSOE de Castilla-La Mancha y fue elegida secretaria de Comunicación y portavoz del PSOE regional. En junio de 2017 pasó a formar parte de la nueva dirección del PSOE como adjunta a la secretaría General, y un mes después, en julio de 2017, fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia Nacional, después de la renuncia de Margarita Robles. Finalmente, en 2021 se convierte en ministra de Política Territorial y portavoz de gobierno del estado.
Un nuevo ministerio para gestionar alquiler social
Una de las principales iniciativas que podría gestionar este nuevo ministerio es el alquiler social, es decir, aquel parque de vivienda que compra y gestionar la administración pública para ofrecer pisos a un precio asequible para todo el mundo. En este sentido, el gobierno español ya ha anunciado que habrá mejoras y ampliaciones del parque de vivienda pública y se harán de manera conjunta a la puesta en marcha de la nueva ley. En cuanto a las demandas de Junts entorno este ministerio, el partido independentista pidió una ampliación de los alquileres sociales y la transferencia de algunas competencias. Hay que recordar, pero, que la mayoría de los parámetros de la nueva normativa de vivienda ya son gestionadas desde las comunidades autónomas y el gobierno español se convierte en un órgano de vigilancia.
Ahora bien, Rodríguez entra a liderar el ministerio con un trabajo pendiente, crear un índice de medida de los precios del alquiler estatal, una herramienta necesaria para aplicar el tope de los precios a diferentes municipios. Esta fue la alternativa que puso sobre la mesa el gobierno español antes de dejar que Cataluña gestionara los precios con su índice. Así pues, a pesar de que todavía no se ha confirmado, podría ser el nuevo trabajo de este ministerio, junto con la gestión del alquiler social y la regulación de los apartamentos turísticos, una norma que sí que ha aplicado ya Cataluña.
