Las desigualdades de ingresos y retorno de Cataluña con el Estado son históricos. El territorio es uno de los que más aporta, pero de los que menos recibe y esta situación encalla las posibles mejoras de las políticas públicas. Además, las balanzas fiscales sitúan el déficit del estado español con Cataluña en unos 22.000 millones de euros, el que todavía repercute más en las cuentas catalanas y hace que en muchos casos los recursos sean limitados a pesar de que se paguen los impuestos necesarios para la solvencia de la región. Es por eso, que un nuevo modelo de financiación es una cuestión que sobrevuela el pensamiento colectivo desde hace años. De hecho, una última encuesta que ha presentado el departament d’Economia i Hisenda corrobora que siete de cada manantial catalanes estarían de acuerdo con un cambio de financiación en Cataluña. Ante las incongruencias con las cuentas estatales y las demandas de la población el Govern presenta una última propuesta antes de marchar: un modelo basado en la soberanía fiscal llena, pero sin perder de vista la solidaridad catalana con los territorios españoles con menos recursos.
Hace años que el Estado está en deuda con Cataluña. Es precisamente el desequilibrio entre los impuestos que pagan los catalanes y la cantidad que da el gobierno español el que ha impulsado la necesidad de tener un nuevo modelo de financiación. Una iniciativa que no solo ahora se plantea el Govern, sino que el mismo empresariado ya pedían hace unas semanas, a la espera que llegara este documento que después se tendrá que presentar ante el gobierno español. Entre los grandes cambios que propone el proyecto de financiación hay la transferencia de la gestión de todos los impuestos que paguen los catalanes. Según el texto que ha enviado el departamento de Economía y Hacienda, actualmente Cataluña tiene un retorno del 9% de sus impuestos, el que con el nuevo modelo pasaría a ser el 100%. Esto se traduciría en un ingreso potencial próximo a los 52.000 millones anuales, el doble que con el modelo de financiación actual –25.616 millones de euros con datos de 2021, el último año liquidado-.
La propuesta de financiación singular se rige por los principios de autonomía tributaria, suficiencia financiera y responsabilidad fiscal. Con estos parámetros en la base de la iniciativa, la Generalitat pretende adaptar el sistema fiscal actual a la realidad social y económica de Cataluña. El ejemplo que se ha presentado en el documento es la posibilidad de crear una normativa más ajustada al peso de las pymes y los autónomos, o implantando herramientas digitales más sencillas que faciliten los trámites tributarios; o la posibilidad de fortalecer los servicios públicos, que actualmente se ven muy afectados por los pocos recursos que -según el documento- recibe el territorio catalán. Además, gracias a la responsabilidad fiscal la Generalitat sería responsable directa ante los ciudadanos tanto de sus gastos como de sus ingresos, asumiendo en todo momento el riesgo derivado de su gestión.
Esta apuesta por la gestión del total los impuestos ayudaría a frenar el que el departamento ha denominado «desequilibrio vertical«, que es cuando el mismo gobierno no mujer los recursos suficientes para garantizar que estas puedan ejercer con éxito las competencias traspasadas. Cuando esta situación sucede -cómo es el caso del estado español- los territorios no pueden cubrir las necesidades de gastos. En cambio, el Estado se encuentra en la situación contraria. Si se analiza la evolución de los ingresos estatales y de los territorios del estado español en el periodo 2012-2022, se observa como los del Estado han tenido un crecimiento del 89%, mientras que el resto de regiones tan solo lo han hecho un 40%. «Si no hubiera existido este desequilibrio vertical y se hubiera mantenido el mismo porcentaje de reparto de los recursos, el conjunto de territorios habría dispuesto de 111.727 millones de euros adicionales», asegura el documento elaborado por los expertos del departament de Economia i Hisenda.
La solidaridad que necesita un estado federal
Si bien es cierto que Cataluña busca gestionar sus impuestos, tampoco se quiere aislar del estado federal del cual forma parte. En este sentido, el modelo de financiación singular que propone el Govern se asemeja al vasco en términos de gestión de impuestos, pero no en retorno en el Estado, puesto que Cataluña busca pactar de manera revisable, sus aportaciones al gobierno español. Así pues, en el documento se recoge que Cataluña prevé hacer una aportación en el Estado para financiar los servicios que no han sido transferidos en la Generalitat. Se trata de la parte del gasto del Estado que beneficia Cataluña (acción exterior, defensa, justicia, entre otros). Aun así, no se especifica de qué manera ni qué cantidad se devolvería, pero en ningún caso se haría por sobre las posibilidades catalanas, es decir, siempre se pondría el bienestar de los recursos de Cataluña por delante.
También dentro del ámbito de retorno en el Estado, Cataluña estaría dispuesta a crear un fondo para garantizar la cobertura de los servicios públicos en los territorios del Estado con menos capacidad fiscal. Esta inyección de dinero, de la cual tampoco se han dado detalles de porcentajes o cantidades que estaría dispuesta a dar la Generalitat, se trataría de uno fondos de reequilibrio territorial «la definición del cual tendrá que someterse a negociación política», confirma el documento de la nueva propuesta de financiación. A pesar de la poca información, pero, también aclara que «el hecho que el nuevo modelo cumpla el principio de transparencia facilitará una negociación con datos objetivables«.
La solvencia de países extranjeros, el contrapunto por el éxito
El documento del nuevo modelo de financiación singular catalana también pone sobre la mesa la solvencia de países extranjeros que utilizan el modelo federal de una manera similar a la que propone el gobierno catalán. En este sentido, pose sobre la mesa modelos como el de Alemania, Canadá, los Estados Unidos o Suiza tienen una capacidad muy elevada para regular, recaudar y gestionar sus impuestos generados en sus respectivos territorios, incluyendo los más relevantes como el IRPF o el impuesto sobre sociedades. Según ejemplifica el documento, en el caso de Suiza y Alemania, los gobiernos territoriales (como sería el caso de Cataluña en el Estado) gestionan la mayoría de los impuestos, incluso algunos de los federales. Además, a pesar de que a la mayoría de los casos los gobiernos centrales establecen mecanismos para nivelar los ingresos que reciben los habitantes de los diferentes territorios, en general no se altera la orden, es decir, si una región aporta una gran cantidad de recursos, recibe los máximos y viceversa: «Es lo denominado principio de cotidianidad, que no respeta el estado español», confirma el documento.
