Veinticinco años después del inicio de las conversaciones para abrir las fronteras comerciales entre la Unión Europea y gran parte de América Latina, las mayorías para aprobar el proyecto parecen tan lejanas como entonces. En declaraciones al portal Politico, Michael Hager, un histórico de la gestión europea de la competencia, ironizaba sobre las infinitas negociaciones: «comencé mi carrera con el tratado con Mercosur -la agrupación comercial que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia-, y probablemente no será ratificado hasta que me retire«. Un cuarto de siglo después, la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen intenta recuperar el impulso que nunca ha terminado de concretarse en las instituciones comunitarias -siempre con la oposición de un grupo de países especialmente defensivos con su sector primario, liderados por Francia-. «Con cada cambio de la Comisión Europea, este tratado de libre comercio vuelve a tomar vuelo. No nos ha sorprendido mucho», declara a Món Economia el responsable de organización de Unió de Pagesos, Carles Vicente. Una vez más -como ya ocurrió el pasado mes de febrero, con la aprobación del acuerdo transfronterizo con Chile- la agricultura se ve amenazada por la apertura al paso de mercancías de países con cadenas de valor centradas en el campo. Las organizaciones campesinas del país -así como las de gran parte de la Unión- temen «volver a ser moneda de cambio» para favorecer los intereses de grandes exportadoras industriales centroeuropeas.
Así se expresa Montse Centellas, portavoz del Gremi de la Pagesia de Catalunya -constituido sobre la base de Revolta Pagesa, una de las entidades que fundó las protestas del campo del pasado mes de enero-. Vale la pena decir que las perspectivas de la Unión ya apuntan que una multitud de sectores agrarios sufrirán en caso de que el tratado comercial entre en vigor. El estudio Cumulative economic impact of upcoming trade agreements on EU agriculture, Publications Office of the European Union, elaborado por expertos de la misma CE, reconoce que abrir las fronteras comerciales con el Mercosur supondrá un ataque hacia los productores de carne de bovino, ovino y aves; así como los azucareros y los productores de arroz. En Cataluña, un golpe tan duro como el que propinaría el acuerdo sería especialmente perjudicial, según los expertos. El tejido productivo del campo catalán conecta nexos muy pequeños; mucho más que en territorios latifundistas como Andalucía. Dejar caer un eslabón de la cadena de valor agraria tan importante como el bovino, insisten los sindicatos agrarios catalanes, es un riesgo para el conjunto de la industria. «Muchas explotaciones agrícolas en el país se han apuntalado gracias a la ganadería. Si la golpean cae todo, porque todo está ligado», continúa Vicente. El campo catalán, pues, se mantiene expectante por los posibles efectos secundarios de un tratado que hace más de dos décadas que hace sombra sobre su ya compleja situación.
Una vez más, la principal oposición comunitaria a un pacto de estas dimensiones sale del norte de los Pirineos. Desde el nombramiento de Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, los agricultores franceses han ocupado las calles a un ritmo que recuerda a las movilizaciones de principios de año. Vicente apunta a la vaca como chispa para el regreso de los tractores a la vía pública. Más allá del potencial concreto de la agricultura bovina, mucha de la producción de cereal o soja del país se dedica a alimentar al ganado, lo que -como en Cataluña- anima al conjunto de los productores a recuperar el impulso social. Centellas, de hecho, revela conversaciones por parte del Gremi de la Pagesia con las organizaciones galas para coordinar una cierta estrategia conjunta. «Afectaría muchísimo la producción de todo el continente», alerta la portavoz, que detecta en el horizonte una nueva ola de descontento en el campo. Desde Unió de Pagesos no ven tan fácil alcanzar la potencia que se hizo efectiva durante las primeras semanas del curso. «¿Si la agricultura saldrá a la calle masivamente contra Mercosur? Me tiraría a la piscina y te diré que no», asegura el responsable de acción sindical; que identifica una multitud de agravios más que no los tratados comerciales en el fundamento de las marchas de enero. «Burocracia, exceso de celo y muy poca protección de los productores europeos», enumera.

Espejo roto
Las marchas de entonces pusieron en el foco social las instituciones de los estados, así como las comunitarias. Von der Leyen, de hecho, concedió una derrota parcial, otorgando a la agricultura la retirada de ciertas restricciones a pesticidas y productos químicos; mientras que el ministro español de Agricultura Luís Planas se comprometió a insertar en todos los acuerdos comerciales transfronterizos las famosas cláusulas espejo -obligaciones aplicables a los países terceros de cumplir con los estándares productivos europeos, mucho más exigentes que los que establece la Organización Mundial del Comercio-. Como en tantos otros casos, los agricultores argentinos, brasileños o uruguayos no tienen que asegurar la ausencia de algunos químicos para el control de plagas; o tienen permitido el uso de proteínas artificiales para el engorde del ganado. «Cosas que aquí están prohibidas, pero que allí se pueden hacer», lamenta Vicente; y que permite a los foráneos ofrecer productos de más baja calidad a precios mucho más competitivos. «Si no podemos competir en igualdad de condiciones, es muy difícil sobrevivir», añade Centellas; que ve en las conversaciones con Mercosur un claro ejemplo de esta desigualdad global.
El gran problema de estas cláusulas, tal como recuerdan los agricultores catalanes, es que no hay una legislación que permita hacerlas obligatorias. Es decir, solo se incluyen en un tratado de libre comercio si ambas partes las aceptan. Y esto, para los mercados de América Latina, desafía el propósito de entrar de forma más sencilla en Europa. «En la mayoría de países es muy difícil aplicar las condiciones que aplicamos aquí», explica Centellas: «Seguridad alimentaria, bienestar animal, controles sanitarios, vacunación… Será imposible que ellos lo hagan». No solo por la amenaza a su rentabilidad, sino por las gigantescas inversiones técnicas que los campesinos comunitarios ya han realizado; así como la intensa vigilancia que Bruselas sí puede aplicar, pero que los países terceros no tienen la capacidad de hacer suya. Como en el caso del tratado con Chile, pues, las cláusulas espejo que pueden matizar el pacto con Mercosur serían optativas, una condición que diluye las promesas que Planas ofreció a los manifestantes a principios de año. No hacen, sin embargo, especial sangre: incluso si el titular de Agricultura quisiera aplicar este programa, los países del centro y el norte de la UE lo impedirían. «Él ha cumplido lo que ha podido», concede Vicente. «Pero no es suficiente».

Cambiar el campo por las fábricas
Los tratados comerciales globales que la Unión Europea persigue suelen ser perniciosos para su sector primario porque los terceros países con los que se firman son eminentemente agrícolas. En 2023, según datos de la Comisión Europea, las exportaciones de los miembros del Mercosur hacia Europa ascendieron a 53.000 millones de euros, un monto en claro ascenso del cual más de un 32% fueron productos alimentarios -y cerca del 30%, minerales-. Desde los 27, las ventas internacionales hacia el Cono Sur no podrían ser más diferentes: los protagonistas son los coches, la maquinaria industrial y los productos químicos y petroquímicos. Actualmente, las tarifas de paso para los vehículos a motor entre Europa y los grandes clientes latinoamericanos son de un 35%, similares, por ejemplo, a las polémicas tasas que Bruselas quiere imponer a los eléctricos chinos; mientras que la maquinaria oscila entre el 14 y el 20%, y los productos químicos sufren un 20%, según datos de la misma Comisión recogidos por Euronews. Con estos ratios, los países con más capacidad industrial la ven enfriada. El que más, Alemania, con unas ventas a la región de más de 15.000 millones de euros anuales; seguida de Francia, con cerca de 9.000 millones, y el Estado español e Italia en torno a los 7.000 millones. Centellas es, de hecho, explícita al respecto: «Es evidente que la intención es que los alemanes puedan vender coches sin aranceles». Todo ello, a costa de un importante golpe a la agricultura comunitaria.
La CE reconoce en su informe global, de hecho, que los sectores que cambiará por los coches y la maquinaria alemana necesitarán ayudas que aún no están definidas. Una falta de información contra la cual Vicente eleva el tono. «Antes de decidir un acuerdo a la ligera, sin un análisis de impacto económico serio, hay que informar a los sectores afectados», apunta; alertando que un FTA del alcance del de Mercosur podría incluso poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. «¿Qué quieren, que se mueran y cierren? La gente que tiene una granja de gallinas, que ha hecho inversiones espectaculares, que se liga al territorio… ¿Los sacrificamos por un acuerdo comercial?», estalla el representante sindical.
Incluso si la hipotética entrada en vigor del pacto va acompañada de nuevas ayudas, sin embargo, el campo no lo recibirá con los brazos abiertos. Desde el Gremi aseguran que los agricultores catalanes «no quieren vivir de subvenciones, sino de su trabajo». En ese sentido, Centellas acusa a Bruselas de «jugar a dos bandas» con su política agraria. «Dicen que debe ser verde, sostenible, resiliente, y eso está muy bien; pero luego se entregan a la industria automovilística alemana», acusa la portavoz, exigiendo a las instituciones comunitarias que «se apliquen su propio discurso». «Yo sigo todas sus normas; pero ellos son los que abren la puerta a los que no lo hacen», concluye. En ese sentido, la agrupación ha hecho un llamado a todas las organizaciones agrarias del país para coordinar la respuesta colectiva a las negociaciones. El pasado miércoles abrieron la convocatoria, que se efectuará el próximo día 27, a la docena de entidades que representan el campo catalán; de las cuales, según avanzan a este diario, media docena ya han confirmado su asistencia.