El Estado español se mantiene como uno de los peores mercados para el vehículo eléctrico a toda la Unión Europea. Según el último indicador de electromobilitat de la patronal del sector automovilístico Anfac, el nivel español de implementación del modelo se queda a cierre del primer trimestre en un 11 sobre 100, poco más de un tercio que el logrado por los principales mercados comunitarios y menos de la mitad del total de la UE. Con estos datos, solo la República Checa y Hungría quedan por debajo de España en la aceptación del vehículo eléctrico.
Con el mercado español trágicamente atrasado, los grandes entornos europeos para el coche eléctrico continúan su camino con un crecimiento estable de la compra de electrificados. El absoluto líder en penetración del vehículo alternativo permanece Noruega, con un indicador cerca de cuatro veces superior a la media europea –156 puntos por los 42 de las principales economías comunitarias–. Alemania y los Países Bajos se mantienen por encima de una penetración superior a los 50 puntos, por encima de mercados menos desarrollados cómo Francia o el Reino Unido. Destaca el crecimiento de Portugal, que si bien se mantiene por debajo de las cifras medianas de la Unión, lidera el alza trimestral, con un crecimiento próximo a los dos puntos sobre 100.
Territorios electrificados
Solo cuatro territorios del conjunto del Estado superan la media española en penetración del vehículo eléctrico al mercado: Madrid, con un sólido 15,6 sobre 100; Navarra, con un 13,6; Cataluña, que se queda en un 13,2% y las Islas Baleares, con un marcador próximo al 13. Justo es decir, pero, que Cataluña lidera anchamente la cifra de vehículos eléctricos sobre el mercado total, con una valoración de 20 según Anfac, cuatro puntos superior al 16 que registra todo el territorio español.

Con todo, el Estado continúa muy lejos de todos los objetivos del mercado del vehículo eléctrico. Según los cálculos adaptados de acuerdo con las medidas de fomento del vehículo eléctrico de la Unión Europea. Según Anfac, a cierre del 2023 se tendría que llegar –para ir al ritmo a que obliga la CE– a unos 190.000 vehículos alternativos, si bien el primer trimestre se ha acabado con solo 25.450 unidades movilizadas, un 13,4%. El Estado acusa, también en esta transformación, su tendencia a la conservación y el envejecimiento del parque móvil –uno de los más antiguos de Europa, con más de 13 años de media–.
Carencia de infraestructuras
Como las patronales del sector insisten a menudo, la electrificación en el Estado español está afectada por una muchedumbre de vicios y carencias, entre las cuales destaca el exiguo despliegue de infraestructura de recarga a las vías del país. Según el último barómetro del electromobilitat, el Estado cuenta solo con un 7,9% de los puntos de recarga con que se tendrían que contar a finales de 2023 –unos 18.128 cargaderos por los 45.000 que hay al horizonte–. Justo es decir, pero, que este era el límite final establecido para el 2022, que se ha tenido que atrasar hasta el 23 por el extremadamente lento desarrollo de la red de carga.
Si se analiza la implantación territorial de cargaderos durante el primer trimestre, Cataluña lidera con mucho el despliegue de la red de puntos de recarga, con cerca de 5.000 –frotando el 20% del total de la disponibilidad de electrolineres en el Estado–. Solo se acercan la Comunidad de Madrid, el País Valenciano y Andalucía, con entre 2.000 y 2.500 cargaderos públicos –de nuevo, extremadamente lejos de los objetivos europeos, según identifica la patronal Anfac–.