El acuerdo comercial con el Mercosur continúa avivando las tensiones políticas entre países y partidos europeos. El plenario de la Eurocámara, celebrado en Estrasburgo este mismo jueves, ha vuelto a evidenciar las fisuras creadas por un pacto polémico, que fundamenta las protestas campesinas que regresan al Principado y al resto de grandes mercados agrarios de la UE. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que hizo de la aprobación del espacio de libre comercio una de sus grandes banderas de campaña, es su principal valedor: el comisario europeo de comercio, socialdemócrata eslovaco Maroš Šefčovič, sostiene el discurso tipo del ejecutivo comunitario, asegurando que el nuevo puente comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay es un «win-win» para todos los sectores económicos del continente. Ahora bien, se ha encontrado con la clara oposición de grupos a ambos lados del espectro político. Desde el País Valenciano, el diputado de Compromís Vicent Marzà, miembro de los Verdes, ha rechazado la noción de las oportunidades a ambos lados: «si es tan bueno para todos, ¿por qué deben reservar un billón de euros para compensar al sector agrícola? Es difícil de creer», defiende el eurodiputado.
El principal argumento de la oposición al tratado ha sido el que ya hace tiempo que el campesinado -catalán y de toda la Unión- abandera en sus protestas: la competencia desleal de los productores extranjeros, que no sufren las restricciones y controles alimentarios que sí impone la política agraria común, así como la regulación medioambiental que Bruselas aplica sobre las explotaciones locales. Marzà, en su intervención, ha limitado estrictamente los beneficios del tratado a «las grandes multinacionales» alimentarias, que encontrarán negocios de mayor escala en las grandes explotaciones argentinas y brasileñas, con las cuales el primario local «no puede competir». Similar ha sido la apreciación de su compañera de grupo francesa, Saskia Bricmont, que denuncia la capacidad que el acuerdo otorga a las empresas de los países latinoamericanos para «desmarcarse de nuestras normas cuando estas no ayuden a la competencia».
«El tratado amenaza nuestra soberanía estratégica», razona Bricmont, quien apunta también a los importantes riesgos en materia sanitaria que implica abrir la puerta a los pobres controles que rigen los alimentos producidos en el Mercosur. «No daremos glifosato a nuestra gente», alerta la eurodiputada. El grupo de la izquierda ha sido aún más contundente: la diputada francesa Manon Aubrey ha acusado a la Comisión de «acelerar la deforestación y el cambio climático» con el impulso a los grandes productores brasileños, centrales en las pérdidas de masa forestal del Amazonas en las últimas décadas. El irlandés Luke Flanagan, por su parte, ha denunciado la entrada masiva de productos que «inundarán» el mercado local: «la realidad es que el 9% de la carne de res que se venderá en Europa vendrá del Mercosur. ¿Dónde ven las oportunidades?», lamenta.
En defensa del tratado
A pesar de que los socialistas, especialmente los centroeuropeos, aseguran que el tratado «defiende los intereses del campesinado» europeo con imposiciones bilaterales, como la aplicación obligatoria del tratado de París, reconocen que no existen los mecanismos de control pertinentes para asegurar que los miembros del Mercosur ponen en práctica estas exigencias. «Faltan las herramientas para vigilarlo», reconoce el socialdemócrata alemán Bernd Lange. Aun así, continúan con su defensa férrea del tratado, asegurando que, a pesar de las claras ventajas que reserva para la industria exportadora, es también beneficioso para los productores locales. «Los agricultores de la UE tienen un superávit exportador de 65 millones de euros; exportar está en su mejor interés», defiende el eurodiputado, con la mirada puesta en sectores concretos como los lácteos o las bebidas alcohólicas, en los cuales el Cono Sur no es especialmente productivo.
Por su parte, el Partido Popular europeo ha señalado los desequilibrios internacionales como motivo principal para aprobar la medida. El sueco Jorgen Warborn ha acusado al gobierno chino de «despreciar sistemáticamente el orden multilateral de comercio», lo que obliga a Europa a establecer «relaciones económicas» sostenibles con otras regiones. El caso latinoamericano es especialmente sangrante, en tanto que, como apuntaba Sefcovic, China ya es el socio comercial número 1 de Brasil, y amenaza la presencia de las potencias occidentales en la región. Los conservadores, en este sentido, argumentan que el peligro para los campesinos de la UE no viene de fuera, sino de la misma Bruselas. El español Gabriel Mato ha defendido que «si los campesinos están en contra del tratado, es porque la Política Agraria Común no nos da las herramientas para ser competitivos». «Debemos cambiar nuestras normas para no penalizar nuestros sectores», sostiene Mato, frente a la competencia exterior. «No es elegir entre agricultura y comercio: es hacer las cosas bien».
Italia vuelve a sacudir el panorama
Es importante recordar que la resistencia institucional desde la UE al tratado de Mercosur viene liderada claramente por el gobierno de Emmanuel Macron y el resto de administraciones francesas. En este sentido, la mayoría de diputados galos, más allá de los grupos a los que pertenecen, han mostrado importantes dudas respecto a su encaje con el sistema productivo comunitario. La diputada liberal francesa Marie Pierre Vedrenne, de la formación de Macron, ha dudado de los «controles» que populares y socialistas aseguran que se pueden imponer a los productos exteriores. «No dejemos que la soberanía se convierta en un concepto ajeno, que no se ajusta a la realidad de nuestros sectores», declaraba. En su trinchera ha encontrado a los diputados italianos del grupo de los Conservadores y Reformistas, miembros de los Fratelli d’Italia de la primera ministra Giorgia Meloni. El diputado Rafaele Stancanelli ha dejado entrever las dos aguas entre las cuales navegan los ultras italianos. Por un lado, concede que «está económicamente probado que el libre mercado aporta bienestar»; por otro, diagnostica importantes agujeros reguladores en el pacto con Mercosur, contrarios a los intereses del campesinado europeo. «Hay una masiva contradicción en la UE: aplicamos reglas estrictas a nuestros productores, pero no invalidamos a los exteriores que no las cumplen», reflexionaba el conservador. Sobre este análisis, ha fijado la posición de su gobierno, subrayando que «tal como está planteado, el tratado comercial nos hace daño».
El rol de Meloni, es importante recordar, será clave en cualquier oposición que quieran articular los ejecutivos de la UE. El objetivo de Macron es articular una minoría de bloqueo para impedir que el pacto entre en vigor; un proceso que requiere, como mínimo, la aquiescencia de cuatro estados miembro que representen más de un tercio de la población de la UE. El apoyo italiano tambaleaba, dadas las ambigüedades en el discurso de Roma; pero el posicionamiento de los eurodiputados ultras de este jueves ha abierto el camino a una relación más favorable a los intereses del campesinado entre el Elíseo y el Palazzo Chigi.
