El gobierno francés está preparando un frente común contra la Comisión Europea para intentar evitar las sanciones a los fabricantes de coches. Concretamente, el ejecutivo de Emmanuel Macron estaría negociando con varios Estados de la Unión Europea para intentar presionar al ejecutivo comunitario -comandado por Ursula von der Leyen- e intentar evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes de automóviles que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2025. «Los fabricantes comprometidos con la electrificación de los vehículos no deberían tener que pagar multas», ha asegurado el ministro de Economía francés, Antoine Armand, en una entrevista con el diario Les Echos.
Desde 2019, el reglamento europeo, bautizado como CAFE, prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en el año 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión. De hecho, Bruselas ya ha anunciado que a partir del próximo mes de enero comenzará a aplicar esta normativa, lo que, en la práctica, requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020 y supondrá tener que vender en apenas ocho semanas un coche eléctrico por cada cuatro térmicos.
Las proyecciones varían en cuanto al monto total de las sanciones que deberían pagar los diferentes fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10,000 y los 16,000 millones de euros. No obstante, fuentes del mercado aseguran a Europa Press que en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5,100 millones de euros.
«Francia quiere que la Comisión Europea proponga una solución específica para que los actores verdaderamente comprometidos con la transición hacia el coche eléctrico no tengan que pagar una multa hasta después de 2025, sin cuestionar la trayectoria de descarbonización de la movilidad», admiten desde el Ejecutivo francés. En cualquier caso, apuntan que su intención es discutir la aplicación de sanciones, pero no reabrir el debate sobre el reglamento europeo.
Italia y Europa del Este, los principales objetivos
Para lograr formar este frente común contra la Comisión, Francia pretende unir a varios estados miembros en torno a su causa. Para lograrlo, el mismo Armand está de viaje oficial en Bruselas para asistir a las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin e intentar seducir a alguno de sus homólogos. Además, contará con el apoyo de Marc Ferracci, ministro delegado de Industria, que está en Berlín para intentar convencer al Gobierno de Olaf Scholz y a la industria automovilística del país.
En este contexto, es previsible que Francia consiga el apoyo de la mayoría de los países de Europa del Este a la iniciativa francesa. Rumanía, por ejemplo, es uno de los bastiones de Dacia (grupo Renault) -que no cuenta con coches eléctricos de batería en su catálogo, excepto el Spring importado de China- y considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva.
Por otro lado, cabe recordar que a inicios de septiembre Italia ya pidió a Bruselas que se hiciera una revisión exhaustiva de la normativa ante el temor de que la medida pueda provocar el «colapso» de la industria automovilística comunitaria. «Europa necesita una visión pragmática, la visión ideológica ha fracasado. Debemos reconocerlo», llegó a comentar el ministro italiano de Industria, Adolfo Urso.
Al mismo tiempo, en las últimas horas, República Checa ha dicho que se unirá a la petición de estos países. «[Los fabricantes] no lo consiguen porque el interés por los coches eléctricos ha disminuido en toda la Unión Europea», señaló este lunes el ministro de Transportes de este país, Martin Kupka.
