Desde 2016, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la subsiguiente ola reaccionaria que -en parte ayudada por el mismo trumpismo- ya está presente en buena parte de Europa, el análisis político común busca las razones para un giro general a la derecha. Una de las intuiciones que más se repiten en el arco de las fuerzas democráticas tiene un claro fundamento material: la extrema derecha tiene una capacidad de implantación creciente allí donde las vulnerabilidades económicas son más acusadas. El desempleo, la precariedad laboral y la incapacidad para llevar a cabo proyectos vitales se relacionan a menudo con la radicalización de sensibilidades ultraconservadoras. Dos expertos del Banco Central Europeo -compartiendo una creciente tendencia global al uso de mecanismos financieros para elaborar análisis sociales profundos- han aplicado a esta sospecha un estudio eminentemente empresarial.
La tesis del último paper de los economistas Ernest Dautovic y Robin Hsieh, publicado esta misma semana en colaboración con el instituto emisor comunitario, es sencilla: allí donde se conserva el tejido productivo, especialmente las pymes, le resulta más difícil penetrar a la extrema derecha. En medio de una década de turbulencias económicas, la protección de la pequeña y mediana empresa se hace compleja de estudiar. En el informe, sin embargo, encuentran una clara palanca empírica: los créditos empresariales garantizados por el gobierno para sostener las empresas durante la pandemia del Covid-19 -popularizados en el Estado español, entre otros países de la UE, como contrapeso a los agravios causados por la pandemia-. En su caso, analizan las cifras del gran país de la Unión donde la extrema derecha ha tenido más cerca las responsabilidades de gobierno: Francia. Un mercado, argumentan, donde este modelo de financiación impulsado por las instituciones ha sido «más eficiente que en otros lugares de la UE» -y, por tanto, sus efectos son más visibles-.
No todo el tejido empresarial es, sin embargo, igual: según los datos analizados por ambos expertos, centrados en el período de expansión del partido de Marine Le Pen Reagrupamiento Nacional -desde las elecciones presidenciales de 2017 hasta las de 2022, ambas ganadas en segunda vuelta por el actual presidente Emmanuel Macron– el crédito garantizado por el erario público es especialmente efectivo en su capacidad de aislar a la extrema derecha «en el caso de las microempresas; pequeños negocios o autónomos». Para los autores, la clave reside en la capacidad de estas empresas de mantener un empleo sólido cuando disfrutan de un margen de maniobra lo suficientemente amplio. «La protección de los puestos de trabajo -aseguran Dautovic y Hsieh- es el driver principal de la caída de los apoyos al populismo de derechas» allí donde la presencia de créditos garantizados por la administración ha logrado mantener a flote negocios locales arraigados. El estudio lee, así, como la supervivencia de mipymes gracias a los préstamos avalados por el estado francés -que tuvieron réplicas en varios países europeos durante la crisis del Covid, como los ICOs en el Estado- podría estar detrás de la pérdida de cerca de 140,000 votos en las cuentas del RN. Una cantidad, reconocen, «no decisiva para el resultado, pero sí políticamente significativa»; especialmente en un sistema de elección presidencial directa como el francés. Se trataría, de hecho, de más del 1% de todos los votos conseguidos por el lepenismo en los últimos comicios.
Se trata, cabe decir, de un enfoque innovador: si bien la teoría económica, apuntan los expertos, ha elaborado una extensa bibliografía alrededor de la relación entre las condiciones materiales de existencia de los votantes y su tendencia hacia la extrema derecha, el foco había estado siempre en el bolsillo del consumidor. Es decir, se habían estudiado factores directamente ligados a la renta y el nivel de vida de los electores, como el desempleo, las condiciones de créditos al consumo o el acceso a bienes y servicios esenciales. La lectura de Dautovic y Hsieh, en este sentido, apunta a un enfoque más colectivo alrededor de las compañías -que entienden, en buena medida, como herramientas de preservación de los puestos de trabajo-. Especialmente, apuntan, en el mundo de la pyme y la microempresa, donde «los efectos de una política de crédito garantizado son mucho más tangibles para el electorado; ya sea como propietarios, empleados o miembros de la familia». La correlación, de hecho, se hace más débil con el aumento del tamaño de las empresas beneficiarias, dada la separación que puede haber entre la garantía financiera de una gran compañía y el efecto que esta puede tener para las condiciones de vida de sus trabajadores.
La relevancia de la empresa
La metodología del estudio, que aterriza los flujos de crédito garantizado a escala municipal, permite también observar cómo las prestaciones públicas de este perfil ganan potencial como prevención contra la extrema derecha allí donde la ciudadanía es más económicamente vulnerable. En este caso, también donde la actividad de pequeñas y medianas empresas y autónomos tambalea más. Según las conclusiones del paper, aquellas regiones donde los ingresos y beneficios de las pequeñas y medianas empresas superan la media del estado francés -aquellas, pues, menos amenazadas por la bajada de la actividad durante la crisis sanitaria- muestran una menor correlación entre préstamos garantizados y reducción del voto al lepenismo; mientras que la correspondencia es más exacta allí donde el tejido productivo estaba, ya antes del 2020, más castigado. Con todo, los autores lo tienen claro: la evidencia recogida sugiere que «los préstamos garantizados por el gobierno afectan el comportamiento de los votantes cuando logran mantener el empleo en aquellas áreas más económicamente afectadas por un shock». Es decir, lograr que el tejido de negocio sobreviva a una crisis exógena se convierte en una palanca útil para detener -o, al menos, ralentizar- la deriva autoritaria en una sociedad como la francesa.
Los extremos funcionan
En primera instancia, la hipótesis de Dautovic y Hsieh apunta que el mantenimiento de las empresas durante el Covid gracias al crédito garantizado por el erario público era un motor de estabilidad. Es decir, que los efectos de este tipo de políticas públicas no son tanto un antídoto contra la extrema derecha como contra la inestabilidad: serían, pues, los partidos incumbentes los más beneficiados por la correlación detectada. Ahora bien, el estudio cruzado por comportamientos de voto en las elecciones de 2022 -en este caso, en la primera ronda de las presidenciales- muestra que no son solo los partidos mayoritarios los que salen ganadores. Una vez testadas las hipótesis con los datos mostrados, en aquellas municipalidades más afectadas por los créditos públicos, el macronismo y la izquierda -la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, ahora integrada en el Nuevo Frente Popular- son las dos formaciones más beneficiadas. Cabe decir, sin embargo, que aterrizando los resultados exclusivamente entre las microempresas, es el macronismo quien sale más beneficiado de la medida, muy por encima de las formaciones a su izquierda.
Por su parte, tanto la extrema derecha como la derecha tradicional muestran importantes retrocesos en comparación con la primera ronda de 2017. De hecho, incluso, el gaullismo muestra pérdidas más relevantes que el lepenismo -si bien, reconocen los autores, esta tendencia se puede enmarcar más en el deterioro general del atractivo electoral de Les Républicains que no en una causalidad directa con el crédito a las pymes-. Sobre esta investigación, los autores vinculados al BCE aseguran que «las condiciones financieras tienen un impacto tangible en los resultados electorales en el contexto de crisis de crédito externas». Cuidar de las empresas -y sus trabajadores, a su vez- desde la administración en un momento de crisis, si se tienen en cuenta las conclusiones del paper, se convierte en una herramienta para detener las tendencias reaccionarias. Más aún en un contexto en el cual el populismo de derechas, con Francia como claro ejemplo, ha girado la cara hacia alianzas económicamente liberales.
