La política económica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un golpe que la sacude hasta los cimientos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha anulado sus aranceles globales en una decisión esperada durante meses. Seis de los nueve miembros del alto tribunal se han posicionado contra el Despacho Oval, alegando un uso excesivo de una ley de poderes ejecutivos especiales reservada para enfrentar emergencias nacionales. La norma, conocida como Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés), no otorgaría a la administración las capacidades que Trump se ha adjudicado para establecer las tarifas universales activas desde el pasado mes de abril. La medida afecta solo a las tasas «recíprocas» generalizadas impuestas el ya denostado Dia de l’Alliberament, el pasado 2 de abril de 2025. La demanda no pesaba sobre los aranceles específicos a productos o sectores, como el automóvil, el metal o la alimentación; que suponen aproximadamente la mitad de los ingresos en frontera del país.
El presidente del Tribunal, John Roberts, ha sido tajante contra la lectura que Trump hizo de la normativa. Roberts, jurista conservador y protagonista del giro a la derecha del poder judicial estadounidense en la última década, ha asegurado que «la tarea de los jueces en esta decisión es determinar únicamente si la ley otorga al presidente poderes para regular las importaciones; y no lo hace». De hecho, parte del alto tribunal ha dejado entrever que quisieran aplicar la conocida coma major questions doctrine, o doctrina de grandes decisiones; un principio conservador que obliga al poder ejecutivo a consultar con el Congreso cualquier decisión que genere «grandes consecuencias sobre la economía o el país», aunque esta esté dentro de sus competencias.
En este sentido, el líder del Tribunal ha dejado claro que «si el legislativo hubiera querido autorizar al presidente a imponer aranceles, lo habría hecho expresamente»; y no lo ha hecho en ningún momento. Sobre esta decisión, Roberts ha votado contra las tarifas con los también conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por Trump; así como con las progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Solo han aceptado la propuesta económica de Washington los derechistas Clarence Thomas, Samuel Alito y el polémico Brett Kavanaugh, que ha emitido un voto particular a favor de las fronteras comerciales.
La demanda que ha llevado a esta decisión del Tribunal Supremo fue interpuesta por un grupo de empresas afectadas por los aranceles. Cabe recordar que, según un reciente informe de la Reserva Federal de Nueva York, el 90% de los agravios económicos causados por la guerra comercial se han quedado en las cuentas de negocios estadounidenses. De hecho, los recortes sobre los exportadores, particularmente los europeos, han sido más que escasos: en el caso catalán, sin ir más lejos, solo el 2,9% de las ventas internacionales han sido ralentizadas por la política trumpista. La mayoría de empresas, cabe decir, operan desde estados gobernados por los demócratas.
Devolver la recaudación
Con esta resolución, queda por saber si los juristas obligarán a Trump a devolver el dinero recaudado con los aranceles -a su parecer, ilegalmente-. La administración no ha publicado ningún dato al respecto, aunque un reciente cálculo de la iniciativa económica Penn-Wharton Budget Model ha cifrado los ingresos públicos de la guerra comercial en unos 175.000 millones de dólares. La proyección es aún más elevada para un curso completo, según el comité presupuestario del Congreso estadounidense, que ha llegado a proyectar unos ingresos de 300.000 millones de dólares cada año.
Este ha sido, de hecho, uno de los grandes argumentos de la administración contra una decisión negativa por parte del Tribunal Supremo; advirtiendo además que se tendrían que vaciar las arcas públicas para devolver el dinero recaudado. La decisión, además, coincide con una jornada negra para la economía estadounidense, tras haber comunicado una caída sustancial del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, dejándolo en el 1,4%, una caída de más de dos puntos porcentuales que podría verse acentuada si el erario público debe enfrentar un pago como este. Además, el próximo año será especialmente difícil para las arcas públicas, con un endeudamiento proyectado cercano al 130% del PIB.
