El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que investigará a las empresas que publiciten en el Estado servicios o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel, actuando en línea con el nuevo decreto ley que aprobó el gobierno español la semana anterior para adoptar medidas urgentes contra el genocidio de Gaza.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy concreta que el artículo 4 de la normativa determina que se prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de esos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar este negocio, y siguiendo las indicaciones del informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” por un relator de la ONU, donde se señala que hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.
Bustinduy ya anunció que su ministerio pondría “todos los recursos necesarios” para garantizar que ninguna empresa que opere en el Estado “tenga las manos manchadas con la sangre del pueblo palestino” además de garantizar que cualquier compañía «abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, sea directa o indirectamente».
La UE estudia los aranceles para detener la guerra en Gaza
Hace unas semanas la Comisión Europea anunció sanciones económicas como herramienta de presión contra Israel, proponiendo suspender las preferencias del país en sus relaciones comerciales con la Unión Europea, además de introducir unos aranceles de cerca del 40% de las exportaciones israelíes que entran en territorio comunitario.
En este escenario de sanciones, Cataluña saldría bastante bien parada porque Israel representa menos del 1% de las exportaciones e importaciones catalanas. Las importaciones de productos israelíes han crecido un 30% interanual, según datos del mes de junio del Ministerio de Economía, pero en términos globales suponen apenas el 0,2% del total. En cuanto a las exportaciones, han caído un 30% en el último año, aunque no representan más del 0,4%.
