Las instituciones europeas, así como las de la mayoría de países de la UE, no ven más que oportunidades en los polémicos tratados de libre comercio que acumula el continente. Bruselas busca expandirlos como respuesta a la «manía proteccionista» de Washington y Pekín, y espera que hasta una decena puedan entrar en vigor en la próxima década. Algunos ya aprobados, como el que abrió las fronteras comerciales con Chile cuando aún coleaban las protestas de la agricultura catalana contra la competencia desleal extranjera. Otros, como el de Mercosur, que llevan décadas estancados, y que la nueva Comisión Europea quiere desbloquear sí o sí. También consta el posible acuerdo comercial con India, retomado en el verano de 2022; o los de Australia y Nueva Zelanda. Según las estimaciones de la CE, la activación de estos acuerdos supondría, en el escenario menos ambicioso, la desaparición de los aranceles en el 97% de los productos transaccionados, con pequeñas limitaciones en bienes considerados estratégicos. Consciente de los agravios generados, el ejecutivo comunitario ya estudia las potenciales afectaciones sobre la agricultura, el gran damnificado de este tipo de negociaciones. Tal como aseguraba el responsable de políticas sindicales de Unió de Pagesos Carles Vicente, los FTA son «un ataque directo a la agricultura y la ganadería europeas»; uno que aún no encuentra una solución evidente.
En un estudio de más de un centenar de páginas, bajo el título Cumulative economic impact of upcoming trade agreements on EU agriculture, la CE busca justificar su apertura comercial de cara al ya maltrecho campesinado del continente. Los ministros más proclives a la aceptación de los tratados -entre los que consta el titular español de Agricultura Luís Planas– describen su aplicación como un «win-win» para la economía europea. Los académicos encargados de la investigación, sin embargo, introducen matices: si bien es cierto que hay segmentos del mercado agroalimentario que pueden mejorar gracias a la ausencia de aranceles, detectan también una multitud de «debilidades» ante los flujos comerciales sin freno con potencias del tamaño de Brasil, Argentina o la misma India. En concreto, destacan entre los ganadores un sector esencial para la ganadería catalana, como es el porcino, amenazado en los últimos meses por la guerra comercial con China. Sitúan, sin embargo, en el centro de los más desfavorecidos algunas ramas relevantes de la cadena alimentaria en el Principado, como son el aviar o el bovino. Las explotaciones relacionadas con la carne de ternera serían, de hecho, la principal víctima del pacto con Mercosur -hecho que justifica, recuerda Vicente, la clara oposición de una potencia en el segmento como es Francia-.
Así, según el informe de la Unión Europea, las importaciones de carne bovina escalarían en más de 430 millones de euros en los próximos ocho años en caso de que el tratado con Mercosur entre en vigor; mientras que el conjunto de los FTAs elevarían la entrada de carne de vaca de mercados terceros en cerca de 560 millones anuales, en el escenario de recortes arancelarios más ambiciosos. Unas 91.000 millones de toneladas adicionales de producto que llegarían a los mercados comunitarios, insisten las organizaciones agrícolas catalanas, sin las regulaciones y exigencias ambientales, laborales o en términos de salud animal que sí deben aplicar las explotaciones locales.
La misma CE, de hecho, reconoce la ternera como «uno de los factores más sensibles de la negociación», dado el potencial exportador de Brasil y Argentina, la fragilidad de la industria en Europa y la histórica oposición francesa. Según el documento elaborado por los analistas de Bruselas, la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur generaría un déficit comercial de la UE respecto de la alianza latinoamericana de 1.000 millones de euros, con un aumento de las importaciones de carne de ternera de cerca de 500 millones anuales. Los beneficios de los acuerdos -vía ventas internacionales- serían testimoniales, con aumentos de poco más de 50 millones de euros. «Será un paso atrás para todos», declara la portavoz del Gremi de la Pagesia de Catalunya, Montse Centellas -ganadera especializada en bovino-.
Golpes a vacuno y aviar
El caso bovino es paradigmático, según las organizaciones agrícolas, por su clara debilidad respecto de los competidores latinoamericanos debido a las regulaciones. «Será una competencia totalmente desleal: sus productos entrarán sin controles alimentarios, ni de vacunación; no sabremos nada», recalca Vicente. Además de la problemática normativa, la representante del Gremi apunta otro agravio comparativo: el tamaño de las explotaciones. Mientras que una granja intensiva europea se limita a un puñado de cientos de especímenes, un ganadero argentino o brasileño puede tener miles. Esto genera unas economías de escala inaccesibles para la agroindustria comunitaria; y más aún la catalana, dominada por pequeños campesinos. Se trata de una problemática que se puede aplicar también a otras ramas, como ahora la oveja o el aviar, y que también «va en contra de las normativas ambientales», advierte Centellas. «En cuanto a emisiones, no es lo mismo tener 200 vacas que tener 5.000», desarrolla.
Así, los golpes a los subsectores ganaderos comunitarios afectan a dos de las tres ramas cárnicas más prolíficas de Cataluña. Según los datos de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat Acció, el aviar catalán produce más de 300.000 toneladas de carne anuales, mientras que el bovino saca cerca de 140.000. Cabe decir que la comparativa con el porcino es más que lejana: el cerdo catalán genera más de dos millones de productos cárnicos anuales, con datos de 2022. Es cierto que, según el mismo informe, el porcino sí tiene potencial de ganar cuota de mercado gracias al acceso libre a diversos mercados, aunque el Mercosur no es un gran ejemplo. Según el estudio, los cerca de 970 millones de euros de ampliación de las ventas globales de carne de cerdo se centrarían en Filipinas y Australia, dos de los otros mercados con los que la UE explora tratados de libre comercio. Así, la apertura con el Cono Sur genera importantes pérdidas en el país en sus segmentos débiles, y no supone una ganancia significativa para el más potente. «¿Los sacrificaremos por un acuerdo comercial?», cuestiona Vicente.
El vino, un potencial ganador
Las instituciones europeas, y las españolas especialmente, consideran el tratado de Mercosur una importante oportunidad para muchas explotaciones agrarias. Planas, de hecho, mencionó un claro ganador: el sector vitivinícola, no muy exitoso en Argentina y Brasil. El vino es, con cierta diferencia, la bebida con más aportación a las ventas globales europeas, con cerca del 40% del total. Los datos prospectivos, cabe decir, son parciales, dado que la CE agrupa las bebidas y el tabaco en sus estimaciones. En total, la escalada podría ser -contabilizando el conjunto de tratados, no solo Mercosur- de más de 461 millones de euros; el 60% de los cuales correspondería al vino y las espirituosas. Cabe decir que, sin constar entre los mercados más beneficiosos para el vino catalán, las ventas a los principales países latinoamericanos no son nada despreciables. Especialmente en Brasil, que cerró 2023 con compras de vino fresco de cerca de 10 millones de euros. Entre otros ganadores relevantes, Bruselas apunta la leche o la comida procesada. Centellas, sin embargo, no tiene claro el camino para acelerar las relaciones comerciales. «Nadie nos ha dicho cómo iremos allí», lamenta la agricultora.
«No queremos vivir de subvenciones»
Cabe decir que el documento reconoce estos potenciales agravios, y ya contempla posibles «intervenciones en el mercado» en caso de que las consecuencias de los tratados estudiados pongan en riesgo la supervivencia de algunos sectores. Ahora bien, la agricultura del país descarta las fórmulas tradicionales, centradas en la subvención. «No queremos vivir del dinero público, sino de nuestro trabajo», declara la representante del Gremi. A su parecer, «debemos jugar todos con las mismas cartas», y permitir al campo europeo acceder al mercado con las mismas ventajas y obligaciones del conjunto de productores.
Los productores de fuera de la UE, asegura, «hacen cosas que aquí hace 30 años que están prohibidas» en términos de engorde de los animales o protección de cultivos contra plagas, lo que rebaja sensiblemente los precios de acceso al mercado. La potencial solución, las conocidas como cláusulas espejo -puntos contractuales que obligan al exportador a cumplir la normativa del mercado al que accede-, están fuera de la ecuación. El comisario de competencia europeo, Valdis Dombrovskis, así lo dejó claro en una pregunta en el Europarlamento: consultado sobre la cuestión, se negó a «volver a abrir el acuerdo», dado que incluir nuevas condiciones podría hacerlo caer una vez más. Así, las promesas de intervención de la UE no son bien recibidas por la agricultura. «La regulación llegará uno o dos años tarde, y muchas de las explotaciones afectadas ya habrán cerrado», lamenta Centellas. Para evitarlo, las principales organizaciones sectoriales ya han acordado un encuentro el próximo miércoles, con el objetivo de pactar «una hoja de ruta conjunta» de cara a las instituciones. El camino es claro, y podría culminar en términos similares al del pasado mes de enero. «El primer paso es el diálogo; pero, si no funciona, habrá movilizaciones», concluye.
