Una de las banderas de la economía española ha sido su entrada en el mercado internacional de las obras públicas gracias a las grandes constructoras protegidas por el Ibex 35. Unas empresas que participan de diversos conglomerados internacionales en grandes obras de infraestructuras tanto en países en desarrollo como en economías de primer orden, como la estadounidense. Ahora bien, tras esta mística también hay grandes fiascos económicos, financieros y empresariales. Uno de los ejemplos es la obra de ampliación del Canal de Panamá, una megaestructura básica en la geoestrategia mundial.
En concreto, fue la construcción del tercer grupo de esclusas del Canal, que transcurre paralelamente al primer canal y que permite más tráfico de barcos y buques de carga. De hecho, la construcción funciona, pero lo que no funcionó fue el presupuesto. La obra supuso un sobrecosto extraordinario. La obra fue adjudicada por 3.118 millones de dólares, pero, finalmente, el gasto se disparó hasta los 5.580 millones. Unos números que suponían ochos y nueves y cartas que no cuadran.
En este desorden financiero participó principalmente la constructora Sacyr, que con un 41,6% de las acciones, lideraba el Grupo Unido por el Canal (GUPC) el consorcio creado para la construcción de esta tercera fase de las obras, donde participaban la italiana Webuild (Impregilo) y la belga Jan de Nul así como la panameña CUSA. Sacyr inició un pleito internacional para reclamar una violación contractual y así reclamar el diferencial del sobrecosto. El pasado 31 de octubre el gobierno panameño recibió el veredicto, no solo tumbaba la petición de la constructora española sino que, además, le hacía pagar 6,4 millones de euros en costas al Estado de Panamá.
Desde 2018
En el año 2018, Sacyr interpuso un arbitraje de inversiones ante la United Nations Commission On International Trade Law (CNUDMI), es decir, el Tribunal Arbitral Internacional por el Derecho Mercantil Internacional. La constructora argumentaba que el Estado de Panamá había vulnerado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca Panamá, un tratado bilateral firmado con España. Una violación que Sacyr calculaba en 2.362.730 millones de dólares. Unas pérdidas de las cuales la constructora las apuntaba a decisiones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una entidad autónoma que gestiona la infraestructura. Unas decisiones que habían provocado el descuadre de las cuentas y que habían afectado la inversión.
El Tribunal, sin embargo, no lo ve de la misma manera, ni mucho menos. De hecho, ha rechazado todas las reclamaciones porque no considera acreditado que la diferencia de costo se pueda atribuir al estado de Panamá. Y, incluso, apunta que en caso de que las decisiones de la ACP hubieran influido en el desfase de importes, el Estado panameño no tendría nada que ver porque la base de la obra es un contrato concreto y no el tratado internacional entre dos Estados soberanos.
No es la primera vez
El resultado del laudo no es una excepción. Panamá, hasta ahora, ha ganado cuatro arbitrajes internacionales relacionados con la ampliación. En una de estas resoluciones, la Corte Internacional de Arbitraje (ICC), con sede en Miami -y donde Sacyr piensa continuar el litigio- negó al consorcio el cobro de 865 millones de dólares y ordenó reembolsos por más de 1.100 millones a favor de la ACP por «avances financieros y fallas constructivas en las esclusas».
Si el gobierno de Panamá ha celebrado la decisión, Sacyr en un comunicado, se ha curado en salud y para evitar un batacazo bursátil, como sufrió en 2018 por problemas con la misma obra, ha emitido un comunicado donde asegura que «no tiene ningún impacto negativo en las cuentas». Además, destacan que uno de los árbitros del tribunal ha emitido un voto particular. «La contingencia está provisionada», asegura la compañía.
