La Comisión Europea se ha convertido en un organismo que intenta velar por el bienestar social, devolviendo un poco de estabilidad a la economía. Sus últimas medidas, muy criticadas por grandes empresarios y propietarios de multinacionales con altos beneficios, han sido recibidas con los brazos abiertos en los estamentos medios de la sociedad. Ahora bien, las normativas hace falta que se cumplen y como tal este jueves Bruselas ha llevado el estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar el nuevo tipo mínimo global de imposición del 15% a las compañías multinacionales y grandes grupos empresariales.
El tipo mínimo del impuesto sobre sociedades se aplica a los grupos multinacionales de empresas y a los grupos nacionales de gran magnitud en la UE con unos ingresos financieros combinados superiores a 750 millones de euros en el año. Este impuesto es similar al de las entidades bancarias y las empresas energéticas, que al cumplir las condiciones se los saca un 18%. Todos los Estados miembro UE estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento al cual se establece en la directiva a más tardar el 31 de diciembre del 2023, y a comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de estas disposiciones, que tenían que aplicarse respecto a los ejercicios fiscales a partir del 31 de diciembre de 2023.
El Estado no es el único con malas praxis
Hasta la fecha, una mayoría de los Veintisiete ha cumplido estas obligaciones, con la excepción de España, Chipre, Polonia y Portugal, que todavía no han notificado las medidas nacionales de transposición. La Comisión ha reconocido que las autoridades están haciendo unos esfuerzos «notables» para finalizar su legislación nacional de aplicación del tipo mínimo del 15%, pero ha decidido denunciarlos ante el TJUE por falta de transposición de las disposiciones pertinentes de la UE.
