La Comisión Europea ha anunciado que quiere impulsar el sector de la defensa europea a través de las compras conjuntas, siempre que las adquisiciones sean a empresas que produzcan al menos el 65% de sus componentes en la UE, como medida incluida en el Libro Blanco para la Defensa Europea para marcar el camino de los próximos años. Para hacer este gasto en armamento, la Comisión pondrá a disposición de los estados miembros hasta 150.000 millones de euros en forma de préstamos, tal como ya anunció la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.
Aparte de tener este requisito para garantizar la fabricación europea, se permitirá que países terceros afines a la UE puedan participar en las adquisiciones agregadas, sin beneficiarse de los préstamos.
El documento para definir la estrategia en defensa de la UE, presentado este miércoles por la alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, muestra “hasta dónde la Unión Europea valora la defensa”, ha explicado la representante. Kallas también ha destacado que el trabajo conjunto de los 27 supone un “valor añadido”: “Nos da una ventaja competitiva que no tiene rival en el mundo”.
Autonomía en defensa en cinco años
En esta línea en la que se encuentra la nueva UE, Von der Leyen puso como límite el año 2030 para que la Unión Europea asegure su autonomía estratégica en defensa, ante la amenaza que supone Rusia. Así, en su anuncio hecho desde la Real Academia de Dinamarca, Von der Leyen puso en relevancia que los 27 dispongan de más capacidades defensivas y de seguridad, además de ámbitos como la ciberseguridad o las guerras híbridas.
En este sentido, el Libro Blanco para la Defensa Europea recoge las propuestas anunciadas durante las últimas semanas, con el objetivo «de asegurar la paz» en el continente y disponer de «la preparación suficiente» para disuadir «a todos aquellos que quieren hacer daño» a la Unión.
Además, la Comisión Europea autorizará a los estados miembros cierta desviación de las reglas fiscales para impulsar el gasto en defensa. En concreto, Bruselas permitirá que los países realicen inversiones adicionales equivalentes al 1,5% del PIB, las cuales no se tendrán en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales durante los próximos cuatro años. Con esta medida, el ejecutivo comunitario calcula que los estados miembros serán capaces de movilizar un total de 650.000 millones de euros para los próximos cuatro años. Desde la Comisión reivindican la apuesta y aseguran que esta ofrecerá «predictibilidad» a los estados y garantizará «suficiente espacio fiscal» para incrementar el gasto.
