El líder conservador Friedrich Merz aún no es canciller, pero ya debe enfrentarse a su primer callejón sin salida. El ganador de las elecciones legislativas alemanas del pasado 23 de febrero prepara una reforma constitucional para flexibilizar el rígido límite a la deuda que lleva 16 años limitando la acción de gobierno en el país. Desde la crisis financiera, Alemania no permite que sus ejecutivos incurran en déficits superiores al 0,35% del PIB, lo que virtualmente impide al país acudir al mercado internacional en busca de financiamiento. El pasado viernes, Merz anunció un pacto con el Partido Socialdemócrata para eliminar el tope al gasto en partidas de defensa. También busca inyectar 500.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras fuera de la supervisión constitucional. Según el investigador del centro barcelonés para los asuntos internacionales (CIDOB), Víctor Burguete, si conservadores y socialistas desbloquean su propuesta, supondrá un «punto de inflexión en la historia reciente de Alemania». El gran garante de la austeridad tras la crisis financiera del 2008 se ve suficientemente amenazado para endeudarse, entre guerras comerciales y poniendo parches para resolver el «cuestionamiento» a su sistema económico.
El límite de déficit, casi cultural para el mundo político alemán, ha ayudado a que el país sea una de las grandes economías del planeta con una ratio de pasivo sobre el PIB más baja del planeta. «En 2009 se establece el tope a la deuda, pero siempre ha sido un país refractario a pedir préstamos», recuerda el investigador de la Universidad Pompeu Fabra Joan Miró. La salud del mercado local, sin embargo, demanda un cambio. Durante los años más duros de la crisis financiera, las finanzas alemanas se usaron como ejemplo para los países del sur de la UE. Años después, a la salida de un ciclo económico alcista, Berlín dirige una de las economías más dañadas del continente. Tras cinco años de estancamiento, acumulan dos años consecutivos de recesión técnica, arrastrada por una industria envejecida, desconectada de los avances que la Comisión Europea ha tutelado en el resto de la Unión. Para Miró, buena parte de esta desolación productiva es culpa, precisamente, de los límites a la deuda. «El ordoliberalismo alemán ha provocado unos daños autoinfligidos» sobre las empresas productivas. Durante las cuatro legislaturas de Angela Merkel al frente de la cancillería, la oposición ya señalaba los grandes agujeros en infraestructuras, renovación fabril y apuestas tecnológicas que había dejado el gobierno. El país sobrevivía artificialmente sobre el «triángulo dorado», recuerda Burguete: el comercio con China, la protección de Estados Unidos y la energía barata rusa. Con la guerra en Ucrania, los choques de Bruselas con Pekín y la sombra geopolítica de Donald Trump, ninguno de estos pilares se sostiene. «Es un momento de crisis existencial: todo el modelo de desarrollo está tambaleándose», reitera Miró.
A pesar de las amenazas, Merz esquivó en campaña las referencias al tope de deuda. El programa y el discurso conservador aceptaban, en las semanas previas a los comicios, mejorar las condiciones del gasto militar. El líder democristiano, sin embargo, evitó comprometerse con la inversión en otras ramas. Los equilibrios parlamentarios han forzado a la derecha tradicional a ceder. «Para que el SPD esté de acuerdo con la reforma, exigen que el incremento en defensa no vaya en detrimento de políticas sociales», recuerda Burguete.
La frágil estabilidad
Según el economista y politólogo Xavier Ferrer, la tradición de cooperación entre los dos grandes partidos del sistema político alemán facilita este tipo de sacudidas. «La gran coalición es responsable del problema de infraestructuras, y de la industria en general. Por eso no hay tanta dificultad a la hora de encontrar maneras de salir adelante», reflexiona Ferrer. Además, el paquete fiscal servirá para acelerar la maltrecha economía de la República, lo que ayudaría a equilibrar el aumento de la deuda. «Si se acelera la construcción, el crecimiento económico puede ayudar a pagar la defensa», especula Burguete. Es un compromiso de dos formaciones que no quieren renunciar a sus políticas fiscales de bandera: el centroizquierda se niega a volver a aplicar recortes, mientras que el centroderecha rechaza subir impuestos para costear el nuevo gasto.
Según Ferrer, en caso de que Merz logre sacar adelante su reforma constitucional, Alemania tendrá fácil acceso a nuevos préstamos. La baja ratio de deuda sobre PIB, así como el impacto cultural que Berlín conserva sobre los mercados, abre las puertas del capital internacional. Mucho más, de hecho, que al resto de países europeos. A pesar de que el nuevo canciller indique una relación con la deuda mucho más laxa que sus predecesores, las cuentas de los países del sur, incluso Francia, están mucho más profundamente en números rojos. Así, el nuevo ejecutivo accederá a un paquete de 500.000 millones para renovar un sistema productivo oxidado, y atraer la inversión de un sector privado moribundo. Burguete extrae una lectura electoral del giro de timón de Merz: recuperar, vía gasto público, a los votantes desencantados que se han concentrado bajo la bandera de los ultras de Alternativa por Alemania. «Los partidos tradicionales deben dar una respuesta a la población y revivir el crecimiento económico en el país para evitar que AfD continúe capitalizando el descontento», razona el experto.
El juego sucio de Merz
El camino económico es, pues, evidente; y el consenso de expertos y mercado está ampliamente de acuerdo con Merz. Las palancas políticas para sacar adelante la reforma, sin embargo, se encuentran en un terreno más que pantanoso. Una reforma constitucional como la que plantea Merz requiere el apoyo de dos tercios del Bundestag. La cámara se renovará, con el nuevo mandato surgido de las elecciones del 23 de febrero, a finales de este mes de marzo. Entonces, cuando Alternativa por Alemania se consolide como segunda fuerza y la izquierda poscomunista de Die Linke vuelva a irrumpir en el legislativo con más de 60 diputados, la aritmética será endiablada. La suma de CDU, SPD y Verdes no alcanza, con las cifras salidas de las urnas, el 66% de los votos, y el acuerdo con la izquierda se vislumbra imposible. Por ambas partes: los conservadores aplican un cordón sanitario a los herederos del Partido del Socialismo Democrático, mientras que la formación de Ines Schwerdtner arrastra los «traumas» del comunismo alemán con el gasto militar, y ni siquiera contempla apoyar un paquete de estímulo en defensa. Vista esta mala previsión, Merz busca aprobar su paquete antes de que entre en vigor la nueva composición parlamentaria. Cabe recordar que el Bundestag en funciones no está tan «restringido» para legislar como el Parlamento catalán o el Congreso español cuando estos esperan la renovación. «La reflexión va por la legitimidad democrática de la medida: se quiere hacer un cambio constitucional con el parlamento anterior al último mandato democrático», critica Burguete. De hecho, los de Schwerdtner ya avisan que explorarán todos los recursos jurídicos para evitar el acuerdo dentro de la Gran Coalición. Más contundente, Miró considera la propuesta un «escándalo democrático» en un momento de «aritmética endiablada».
Más allá de la reacción del tribunal de Karlsruhe -el constitucional federal alemán-, costará que las cifras sumen, incluso antes del cambio en el Bundestag. De hecho, los Verdes comparten algunas de las preocupaciones de Die Linke respecto de la legitimidad de la reforma, y los medios europeos aseguran que harán sudar a Merz para cumplir con su programa. Uno de los líderes federales de los ecologistas, Felix Banaszak, ha advertido a conservadores y socialdemócratas que «no aceptaremos ciegamente su propuesta» a pesar de las amenazas internacionales. El partido del exvicecanciller Robert Habeck, por tanto, estirará las posiciones de los conservadores para lograr mejoras más profundas en el gasto social del gobierno. Entre las exigencias de Habeck y Banaszak destacan nuevas inversiones en transición energética, así como añadir otros montos estratégicos a las excepciones en defensa. El programa de la gran coalición, acusaba el copresidente del partido, «no usa la deuda para invertir, sino para crear espacio fiscal para proyectos que no tienen nada que ver con el futuro del país».
