Los inspectores de hacienda también se han revuelto contra el acuerdo de investidura entre Juntos y el PSOE. Concretamente, la presidenta de la asociación de profesionales, Ana de la Herrán ha asegurado este viernes que la cesión del 100% de todos los tributos en Cataluña, como propone Juntos en el acuerdo de investidura, “no tiene amparo constitucional”, rompería el sistema de financiación y creando territorios “de primera y de segunda”. Así lo ha asegurado De la Herrán en una entrevista a
Durante su intervención, De la Herrán ha recalcado que la posición de rechazo de los Inspectores “no es política”, sino “absolutamente técnica”, poniendo de manifiesto que afecta la Administración General del Estado, que tiene un papel en Cataluña. De hecho, según los Inspectores, si se llegara a producir este traspaso de tributos —al cual el PSOE ya se ha mostrado frontalmente en contra— implicaría la desaparición de la Administración General del Estado en Cataluña, provocando la fragmentación de la Agencia Tributaria. “Rompe los principios en los cuales está basado el sistema de financiación, el principio de solidaridad”, ha sentenciado Ana de la Herrán.
Rechazo “frontal y absoluto” en el acuerdo
Estas declaraciones en la televisión van en sintonía con el comunicado que hizo este jueves la misma institución, donde mostró su rechazo “frontal y absoluto” en el acuerdo. Desde su punto de vista, entre estos acuerdos, “se divisa de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera”.
Aun así, el acuerdo no va tan lejos como los inspectores, puesto que en el apartado tributario las dos formaciones plasman su hoja de ruta, pero no explicitan ningún acuerdo en concreto. Por un lado, Juntos expone que “propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la cual se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña”.
Ahora bien, el PSOE asegura que “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno en Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación en otros territorios en los últimos años”. En definitiva, son dos visiones completamente opuestas que apuntan que nunca se llegará a un acuerdo sobre este potencial traspaso.
Para la asociación de inspectores, la exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la Agencia Tributaria en Cataluña. Es por eso que el colectivo se vería “grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la Administración General del Estado”.
