La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha rechazado frontalmente la propuesta de financiación singular para Cataluña que el Gobierno presentó la semana pasada con el objetivo de recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, pero con aportaciones al estado español. Los inspectores consideran que esta cesión supondría la «ruptura» de la Agencia Tributaria, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación «irreversible» que tendría consecuencias graves en la aplicación de los tributos, advierten del aumento del fraude fiscal y del deterioro de los servicios al ciudadano.
Los inspectores de Hacienda han asegurado que esta propuesta de independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y en este sentido, afirman que la propuesta conculca los principios de igualdad de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad. Una posición que choca frontalmente con la propuesta presentada por el Gobierno, que incluye un estudio sobre su ensambladura constitucional. El apartado jurídico de la propuesta, elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, concluye que es constitucional porque el marco español “permite implementar opciones políticas diferenciadas sobre la financiación autonómica” y, en este sentido, recuerda que el concierto vasco y el convenio navarro. Así mismo, subraya que tampoco “no contraviene el principio de solidaridad”, puesto que se contemplan mecanismos para contribuir a la “cohesión territorial”.
«Esta independencia fiscal para Cataluña es inconstitucional», ha afirmado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, durante una rueda de prensa este lunes para advertir sobre las consecuencias de la buscada soberanía tributaria que persigue la Generalitat. Además, los inspectores han defendido que hay tributos, como el caso del IVA, en que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada. «Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados», remarca la asociación.
Apuntan a un problema de deslocalización de empresas
También señalan que otros tributos como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el impuesto sobre sociedades son «difícilmente consorciables». Los dos primeros porque tienen relación directa con la actividad exterior del Estado y regulados por normas no estatales, mientras que en el caso del impuesto sobre sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones. Así, los inspectores han insistido que cualquier diferencia en la gestión de impuestos como por ejemplo Sociedades, IVA o el Impuesto Especial de fabricación supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un «aliciente porque se produjeran situaciones de deslocalización de empresas».
Más problemas: La inspección y la recaudación
Los inspectores también aseguran que la cesión de la inspección de los tributos plantearía muchos problemas, concretamente en los contribuyentes con una medida mediana o grande porque operan en todo el territorio español y, en algunos casos, lo hacen a escala internacional. Así, detallan que el problema se agravia cuando el control hace referencia a las empresas multinacionales – en España hay 124 que facturan más de 750 millones de euros anuales, que tienen 14.700 filiales, 9.800 de las cuales son extranjeras-, puesto que la explotación de la información y las actuaciones de control tiene que ser ejercida con carácter nacional.
Por otro lado, en caso de cesión de los tributos en Cataluña, se verían perjudicadas actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación, como son las relativas a las acciones judiciales, que afectan a todo el estado español. La consecuencia de todo esto es que resultaría muy difícil seguir el camino de los «brillantes resultados obtenidos por la Agencia Tributaria» en los últimos años, que solo en las actuaciones de control de los tributos internos han subido además de 15.000 millones de euros anuales.
Calculan que el Estado perdería 3.000 millones en la lucha contra el fraude
El estado español perdería la recaudación del importe correspondiente a las actuaciones de control efectuadas en Cataluña, que los inspectores cifran en unos 3.000 millones –el 20% del total nacional–. Y es que también se vería afectada la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria, que sube a unas 25.909 personas: «Nuestros compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo, porque no saben nada. No saben nada de que pasaría con ellos, con sus vidas», han trasladado desde la Asociación de inspectores.
