La legislatura de coalición de PSOE y Podemos ha sido marcada por diferentes cambios a las leyes actuales. La reforma laboral, el nuevo reglamento de registro de jornada, la implementación en las empresas de los planes de igualdad, el nuevo estatuto del becario o la formalización de la baja por reglas dolorosas son algunas de las nuevas normativas que ha puesto en marcha el gobierno español. Si bien es cierto que todas las regulaciones tienen el objetivo de mejorar la vida laboral de los trabajadores, se necesita alguien que observe, investigue y sancione aquellos que no siguen la ley. Un trabajo que hacen los popularmente temidos inspectores de trabajo, un gremio que actualmente no tiene los recursos necesarios para poder absorber la cantidad de trabajo que se les pide. Desbordados, los representantes del sector exigen más personal y la digitalización de algunos procesos, unas reclamas que el gobierno español ha decidido ignorar y van pasando la patata caliente de un ministerio al otro.
«En el estado español hay 3.100 efectivos, entre inspectores, subinspectores y técnicos administrativos», explica Josetxo Gandara, responsable estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Comisiones Obreras. Él mismo asegura que el Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que en cualquier país desarrollado -como tendría que ser el caso de España- se necesita un mínimo de 4.500 efectivos. «Nos falta un tercio de la plantilla», añade el responsable. En concreto, actualmente cada inspector está a cargo de unas 1.500 empresas aproximadamente. En cuanto a los trabajadores, una persona se encarga de un total de 15.000 trabajadores repartidos por la gran mayoría de territorios del estado español, exceptuando Cataluña y el País Vasco, que tienen una situación especial. «Las cifras hablan por sí solas, no se puede hacer cumplir la ley si no tienes una buena masa de trabajo en la inspección», explica Ana Ercoreca, presidenta del sindicato estatal de Inspectores de Trabajo, quien ha facilitado los datos al
Estas cifras no son una novedad, de hecho, desde 2021 hay un acuerdo cerrado entre el ministerio de Trabajo y los sindicatos que recoge todos los problemas de personal y digitalización que sufre el sector. En este pacto, el ministerio se compromete a poner remedio y la misma ministra, Yolanda Díaz fue la que aseguró que habría nuevos recursos por el gremio. «Hace dos años que no se hace nada», lamenta Gandara, quienes asegura que no hay más remedio que hacer huelga, porque la situación es «insostenible». Una de las primeras medidas de las cuales están prescindiendo los inspectores para reivindicar la decadencia del sector son las campañas, es decir, aquellas inspecciones rutinarias que se hacen para velar por la aplicación correcta de una norma. «Estamos priorizando las denuncias privadas», dice el responsable estatal de CCOO. En este sentido, una denuncia sindical o de un trabajador en concreto son las primeras que se tienen en cuenta para investigar.
Por otro lado, el problema de la falta de personal no es el único al cual se enfrentan los inspectores de trabajo. La digitalización y la automatización de procesos en el sector no ha sido una prioridad por el gobierno español. De este modo, no solo faltan manos para hacer las inspecciones, sino que los mismos técnicos se ven desbordados con la cantidad de informes que tienen que crear con unos sistemas obsoletos. «El problema no es solo de personal, también es estructural», reconoce Gandara.
El conflicto catalán depende de la decisión estatal
El caso catalán no queda mucho alejado del estado español, pero con algunas diferencias. En términos de contratación de personal, las oposiciones son estatales, lo que provoca que Cataluña no tenga las competencias para hacer unas oposiciones separadas. En cambio, el territorio sí que tiene una masa laboral diferente. Nuria Gilgado, secretaria de Política Sindical de UGT, remarca que en Cataluña hay alrededor de 260 activos de la Inspección de Trabajo, teniendo en cuenta inspectores, subinspectores y técnicos. Ella misma explica que la ratio catalana se encuentra en 33.000 trabajadores por cada inspector, una cifra que «triplica los datos ideales que pose sobre la mesa la OIT». El organismo asegura que habría de haber un aproximado de 10.000 trabajadores por inspector. De hecho, ella misma argumenta que el territorio necesita un total de 393 inspectores, «el que equivale a un 90% más del que tenemos».
A todo esto se le suma otro problema, que va relacionado con la asignación de los trabajadores una vez aprobadas las oposiciones. Como que Cataluña no tiene unas oposiciones propias, las plazas limitadas no están siempre cubiertas para personas que quieren quedarse viviendo en el territorio. De este modo, Julián Garrido, de la secretaría de Acción Sindical y Transiciones Justas de Comisiones Obreras, explica que muchas personas vienen en Cataluña dos o tres años y después devuelven a su lugar de origen. «Es un muy buen lugar para aprender, sobre todo la provincia de Barcelona, pero poca gente se quiere quedar», lamenta. De este modo, el conflicto se enquista en el territorio catalán, donde Garrido asegura que hay «una gran sobrecarga de trabajo».
Ante esta sobrecarga, Cataluña ha adoptado las mismas medidas que el estado español y prioriza las denuncias privadas a las campañas. Garrido también explica que han conseguido que algunos técnicos puedan hacer funciones de subinspectores el que él reconoce que «libera un poco de trabajo». Finalmente, la demarcación de Barcelona también tiene una particularidad muy ligada a esta falta de personal, que obliga a alargar mucho los procesos de investigación. La capital catalana tiene el que se denominan «inspecciones de guardia». Tal como las describe el mismo Garrido, son espacios donde se podan poner denuncias que «en un periodo de 15 o 20 días como máximo se resuelven», dice el representante de UGT. De este modo, se intentan paliar los efectos de un problema que parece encontrarse lejos de la resolución. «Y más ahora con las elecciones, que hay más dudas de si se continuará buscando la manera de lograr los objetivos», añade Gilgado.
Seis meses lanzando pelotas fuera
El acuerdo al cual llegaron los representantes de los inspectores de trabajo y el ministerio era claro: la carencia de recursos retardaba el trabajo y cargaba a los trabajadores y, por lo tanto, se le tenía que poner remedio. De esta promesa ya hace más de dos años y los trabajadores todavía esperan que haya alguna clase de movimiento por parte del ministerio para acercar posturas. El pacto no solo consistía a dar el que los representantes pedían, sino que el gobierno español pidió algunas condiciones que Gandara asegura ya se pusieron sobre la mesa. En concreto, se pidió que esperaran a aprobar los presupuestos de 2022, puesto que en aquel momento se dedicaría una parte a la mejora de la Inspección de Trabajo. En segundo lugar, el gobierno español quiso disponer del plan estratégico del gremio para poder tener en cuenta todas las medidas. «Después de esto, hace seis meses que lanzan pelotas fuera», expresa el representante sindical de Comisiones Obreras.
La discusión ha llegado en su punto que los representantes han convocado huelga indefinida a partir del 26 de junio, lo que provocará que todas las campañas no se cubran y que se pase a trabajar únicamente las demandas personales de los trabajadores. Llegados a este punto, tanto el ministerio de Trabajo como el ministerio de Hacienda no han actuado de manera directa, según afirman los sindicatos. Para acabarlo de adobar, Gandara explica que se están peleando: «Han llegado a decir que es un problema de decisión política», dice el representante de CCOO, haciendo referencia al hecho que cada uno de los ministerios forma parte de una de las dos formaciones del gobierno de coalición.
