El gobierno español prevé lanzar este mes de junio la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado. El ministerio de Industria, ahora dirigido por Héctor Gómez después de la salida de Reyes Maroto para presentarse a las elecciones municipales a Madrid, lo vuelve a intentar después de una inversión milmilionària llena de problemas. El exigente proceso burocrático, los lentos ritmos de aplicación de las inversiones o las demandas de avales para las pymes de las varias iniciativas frenaron un programa que tenía que traccionar «las inversiones industriales más grandes de la historia» del Estado español.
Finalmente, durante la primera fase del Perte VEC solo se repartieron 793 millones de euros, menos del 30% de los cerca de 3.000 que se presupuestaron. Según ha declarado Gómez en una intervención al Nueva Economía Fórum, el ministerio prevé repartir los 2.200 millones de euros restantes en esta segunda entrega. La concreción del proyecto, pero, todavía se tiene que definir. «Estamos en una fase muy avanzada, pero también pendientes de la Comisión Europea», avanza el ministro, prometiendo «novedades» en la articulación de las medidas.
Más tiempo, más dinero
Además de la concesión total de las ayudas estatales a la industria del automóvil que prevé implementar Gómez, la primera novedad que ha podido avanzar ha sido la ampliación del límite temporal para la ejecución de los proyectos. El objetivo de esta flexibilización es aumentar la competitividad de las inversiones ante unos Estados Unidos expansivos a través de la financiación pública que la Inflation Reduction Act ofrece a los sectores estratégicos –un capital que el automóvil europeo voz como una «amenaza» en un mercado globalizado–. También se aligerarán las exigencias de entrada a la contienda por el capital público.
Nuevas prioridades al coche eléctrico
Según ha apuntado Gómez, la transformación del proyecto estratégico se ha hecho de la mano de un sector que no ha escondido sus exigencias. La «interlocución permanente» del ministerio de Industria con las grandes automovilísticas del Estado ha puesto sobre la mesa prioridades como las inversiones en la infraestructura de recarga –extremadamente atrasada en el territorio español–, un factor que las patronales industriales destacan como esencial para una buena transición al coche eléctrico. Sin ir más lejos, el presidente de Anfac y CEO de Seat y Cupra Wayne Griffiths puso el dedo a la llaga la pasada semana recordando que el objetivo para finales de 2022 era contar con 45.000 cargaderos públicos, mientras que actualmente no se llega a los 20.000.
