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El impuesto a la banca y las energéticas recauda 2.859 millones en 2024

La política fiscal «justa y progresista» que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez continúa dando sus frutos. De hecho, desde el ministerio de Economía y Hacienda, la ministra María Jesús Montero, anunció que se pediría un esfuerzo más grande a las compañías que «hubieran obtenido beneficios históricos» durante la época de la crisis de la covid-19. De aquí nació el impuesto a la banca y a las empresas energéticas, que este 2024 ha recaudado un total de 2.859 millones de euros, una cifra muy similar a la del año pasado, cuando llegó a los 2.900 millones. «Se trata de una cifra que está en línea con las previsiones del gobierno (alrededor de 3.000 millones de euros) y, además, es muy similar al importe del año anterior», ha resaltado el departamento de Montero. Precisamente, este buen funcionamiento del gravamen -que tenía que acabar en 2023, pero que se prolongó hasta este año- abre la reflexión gubernamental sobre la posibilidad de hacerlo permanente.

De los más de 2.800 millones, el gravamen de las entidades de crédito ha supuesto una recaudación de 1.695 millones de euros; mientras que los impuestos a las empresas energéticas se ha situado en los 1.164 millones de euros. Según Hacienda, estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y presidente del gobierno español, Pedro Sánchez / EP
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y presidente del gobierno español, Pedro Sánchez / EP

Estos impuestos han sido motivo de queja constante por parte de las empresas que se ven afectadas. De hecho, en muchas ocasiones algunos bancos han explicado en sus cuentas de resultados como la medida no los sale rentable. Aun así, el gobierno español ha subrayado que tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan «cifres récord de beneficios«, por lo cual es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país.

Los más afectados por los gravámenes

En el caso de las energéticas, afecta los operadores principales y personas o entidades que desarrollen actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refinamiento de petróleo en el estado español y que generen al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de estas actividades. Sin embargo, están exentos del pago aquellos operadores principales el importe neto de los cuales de la cifra de negocios correspondiente en 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros. En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito los ingresos del cual por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

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