El gobierno español está resignado a no tener presupuestos hasta el mes de junio. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la previsión del ejecutivo es llevar los presupuestos generales del Estado al Congreso durante el mes de marzo, puesto que primero se quieren asegurar que ninguno de los seis socios de investidura presentarán enmiendas a la totalidad o votarán a favor de una. Escarmentada por el sainete de los primeros decretos, que acabaron con uno tumbado por el rechazo de Podemos y dos aprobados a última hora gracias a los votos de Junts, la Moncloa ha decidido cambiar de estrategia y buscar los apoyos antes de registrar las cuentas. Superar el escollo de las enmiendas a la totalidad es vital para evitar un ridículo mayúsculo antes de comenzar un ciclo electoral importantísimo con elecciones en Galicia y País Vasco y en el Parlamento Europeo y con los comicios al Parlament de Catalunya en el horizonte.
La tramitación parlamentaria de los presupuestos dura unos dos meses y medio, según estimaciones del Congreso. Si se registraran en marzo, el proyecto se podría remitir al Senado en mayo y se podría publicar en el Boletín Oficial del Estado en junio. Montero ha explicado que el gobierno ya ha hecho los primeros contactos con los grupos parlamentarios con la intención de que los presupuestos estén a punto “lo antes”. El PSOE es consciente que negociar con siete partidos —Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG— será una tarea complicada. No solo hay una mezcla de formaciones opuestas en el eje social, sino que muchas estarán en competencia directa en las elecciones gallegas (BNG-Sumar), europeas (Sumar-Podemos), vascas (Bildu-PNB) y catalanas (ERC-Junts) que se celebrarán a lo largo del próximo año.
Los objetivos de estabilidad, primera prueba de fuego
Antes de poder tramitar los presupuestos generales del Estado, el gobierno español necesita que se aprueben de manera definitiva los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las administraciones públicas. El proyecto de ley ya ha superado el trámite del Congreso —gracias a la abstención de Junts— y ahora debe ir al Senado, donde podría sufrir alguna traba porque el PP tiene mayoría absoluta. Hacienda ha advertido que, si los populares votan en contra en el Senado, el gobierno español se acogerá a los objetivos de déficit recogidos en el Programa de Estabilidad enviados a la Comisión Europea en la primavera de 2023.
