La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el gobierno español mantiene su intención de tener presupuestos nuevos este año. El bloqueo de la amnistía en el Congreso es un revés importante para Pedro Sánchez, que confiaba en cerrar la carpeta de la ley esta semana para centrarse en la negociación de los presupuestos generales del Estado. La negativa de Junts añade más presión a un calendario que ya estaba ajustado antes de la votación en el Congreso, puesto que las dos negociaciones se pueden solapar. Según los cálculos de Hacienda, si los presupuestos llegan al Congreso durante el mes de marzo, podrían publicarse en el BOE y entrar en vigor en junio. El ministerio considera que más allá del verano, aprobar las cuentas de 2024 pierde sentido porque ya se tendrán que negociar de nuevo los objetivos de déficit y los presupuestos de 2025.
“Tenemos unas cuentas en vigor y la voluntad de este gobierno es aprobar unas nuevas”, ha dicho Montero en una entrevista en TVE. La vicepresidenta ha pedido tiempo para analizar el no de Junts a la ley de amnistía y ha intentado desvincular las dos negociaciones. “Cada cosa tiene su momento”, ha afirmado Montero. “Tenemos que dejar que las cosas se asienten. La velocidad de la política va a un ritmo que muchas veces cuesta saber cómo se adaptará al siguiente movimiento, así que hay que esperar un poco”, ha reclamado. “Nuestra voluntad es de diálogo y estamos dispuestos a continuar trabajando cómo hemos hecho hasta ahora para aprobar los presupuestos”.
Hacienda quería una negociación tranquila con los grupos
Escarmentado por la votación
La tramitación de los presupuestos dura unos dos meses y medio. Por eso, la idea inicial del Ministerio de Hacienda era aprobar el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado en marzo para remitirla al Congreso, que los habría aprobado en abril. El Senado los habría examinado en el mes de mayo y finalmente se habría aprobado de manera definitiva el junio. Con el nuevo escenario, más incierto que nunca, el calendario quizás no se podrá cumplir. Junts y el PSOE tienen ahora 15 días para negociar nuevos cambios a la amnistía, pero los socialistas no están dispuestos a ceder y menos cuando la votación definitiva llegará en plena campaña de las elecciones gallegas.
