El ejecutivo de Salvador Illa ha dirigido este martes la primera reunión del Consejo del Diálogo Social de la legislatura, que agrupa en una misma mesa al gobierno catalán, los sindicatos y las principales patronales. Primera reunión y primera conclusión clara. Los tres estamentos firmarán una declaración conjunta que pedirá al Estado que condone una parte de la deuda del Fondo Autonómico de Liquidez (FLA), una línea de préstamos dirigida a las comunidades autónomas que se creó durante la crisis económica de 2010. Según calcula el Gobierno, en fecha de septiembre de 2024, Cataluña acumulaba una deuda correspondiente al FLA de unos 77.000 millones de euros. Cataluña reclama al Estado que asuma un 20%, lo que corresponde a unos 16.000 millones.
Estas ayudas, vía crédito, fueron concedidas por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 para financiar el vencimiento de las deudas autonómicas con los bancos y evitar, así, que las instituciones tuvieran que recurrir al mercado, una operación siempre más arriesgada. Se priorizó el pago de las deudas y los gobiernos optaron entonces por políticas de austeridad. Años más tarde, Illa insiste en que la respuesta a la crisis fue «equivocada» y defiende que el «esfuerzo» de aquella época «requiere una respuesta extraordinaria por parte del gobierno del Estado en forma de condonación». El socialista contrapone el inicio de siglo con el «crecimiento económico» de ahora –crecimiento que también menciona el gobierno de Madrid– y argumenta que el escenario actual es propicio para pedir este indulto económico. El PSC pactó con ERC esta reducción, en el marco de la investidura de Illa, también una rebaja de los intereses del FLA.
«No es una medida de privilegio para Cataluña»
Cataluña es uno de los territorios que más dinero pidió al Estado por esta vía e Illa tendrá que batallar con el resto de administraciones la medida, también los que están en manos del PSC. Lo mismo que ocurre con la financiación singular. «No es una medida de privilegio para Cataluña ni una medida que vaya contra nadie, sino que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas», destacó este martes Illa. El socialista ve aún más diferencias con la financiación singular, bautizada por otros barones socialistas como un «privilegio» catalán. «No es una deuda solo de Cataluña, sino de muchos territorios», remarcó tras la reunión con sindicatos y patronales.
Los tres estamentos económicos coinciden en que esta medida es «necesaria» para sanear la economía catalana. También apuestan por la revisión de la financiación de Cataluña, que no se toca desde 2009 y centra ahora gran parte de las miradas. En Cataluña y en el Estado, con los partidos independentistas presionando a Pedro Sánchez en la Moncloa y el presidente español haciendo equilibrios con el resto de territorios, incluidos aquellos que gobierna el PSOE.
El Gobierno Illa llevará la petición sobre el FLA al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se realizará ahora en enero. Illa quería pasar esta petición por el Consejo del Diálogo Social, donde también estaban altos representantes de UGT, CCOO, Pimec y Foment; la titular de economía, Alícia Romero; el consejero de Trabajo, Miquel Sàmper; y la de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez.
