El Departament de Territori ha enviado este martes al gobierno español el listado de 140 municipios considerados zonas de mercado «tensado» donde se tendría que limitar el precio de alquiler. Con este paso, la Generalitat ha acabado el proceso de identificación de las zonas donde hay más problemas para acceder al alquiler y ahora restará a la espera de la respuesta del ejecutivo español, a quien le reclaman que haga este paso «cuanto antes mejor». En las áreas declaradas tensas, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último acuerdo vigente los últimos cinco años una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Además, cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.
«Cataluña ha puesto el acelerador para garantizar el derecho a la vivienda porque estamos en una situación de emergencia y en los gobiernos nos corresponde responder a las necesidades de la ciudadanía y, en este sentido, el Gobierno de Cataluña hace todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda», resaltó la semana pasada la consejera de Empresa, Ester Capella. A los 140 municipios declarados como áreas tensadas residen 6,2 millones de personas, un 80% de la población de Cataluña. De este modo, pues, el Gobierno quiere proporcionar cierta estabilidad a los ciudadanos catalanes para que se los haga más sencillo poder acceder a la vivienda, que puerta en situación de crisis desde hace unos años.
De 10 a 5 propiedades, la decisión definitiva del Govern
En el periodo de alegaciones, el Govern estimó las enmiendas que pedían rebajar de «más de 10» a «5 o más» el número de inmuebles de propiedad que marcan, por ley, quien es un gran tenedor con el objetivo de aumentar de forma notable el número de viviendas de alquiler sujetos al conjunto de medidas que prevé la ley. También estimó las que pedían que los promotores sociales no fueran considerados grandes tenedores. En este caso, pero, quedan fuera los promotores privados de viviendas que tengan por objeto social la promoción de inmuebles con protección oficial destinados a la venta y no al alquiler.
