La Generalitat de Cataluña ha comprado 59 viviendas de la Sareb en la Pobla de Segur, en la comarca del Pallars Jussà, y de Camprodon, en la comarca del Ripollès, para destinarlos a alquiler social. Este viernes, la consejera de Territorio, Ester Capella, ha visitado los pisos que ha adquirido el gobierno catalán a través del Instituto Catalán del Sòl (Incasòl). Para ponerlos a punto, el ejecutivo catalán destinará 300.000 euros para acabarlos de reformar, puesto que algunos están afectados por humedades, y que a partir del mes de mayo los locatarios ya puedan acceder, a pesar de que aseguran que ya se encuentran en un muy buen estado.
Concretamente, en la Puebla de Segur se han comprado 48 pisos repartidos en dos bloques. De estos, 36 quedarán disponibles por alquiler y 12 conservarán las familias que viven actualmente, manteniendo las condiciones que tenían fijadas. A banda, el gobierno catalán también ha adquirido 11 pisos en Camprodon, que forman parte de un edificio donde conviven varias familias repartidas en 35 viviendas. En este bloque también hay cinco locales comerciales que mantendrán la actividad. El coste de la operación de adquisición de los pisos del municipio del Ripollès es de 1,3 millones de euros, mientras que el conjunto total de la operación ha supuesto un coste de más de cuatro millones de euros.
Construir vivienda social en Barcelona
La consejería de Territorio también anunció este jueves a través de un comunicado que el ejecutivo catalán tiene previsto destinar 221 millones de euros a construir un total de 1.700 nuevos pisos de alquiler social en la capital catalana. Para edificar estas nuevas viviendas, el Ayuntamiento de Barcelona cederá a Incasòl los derechos de superficie para los próximos 75 años para que pueda llevar a cabo las construcciones. Una vez quede oficializada la cesión de suelo, el instituto catalán tendrá un plazo de cinco años para salir adelante el proyecto. Según las previsiones actuales, la primera fase de las obras se pondría en marcha durante el primer semestre del 2026. Una vez estén finalizados los trabajos, la Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Consorcio de Vivienda de Barcelona serán los encargados de establecer los criterios para adjudicar los alquileres.
